Han pasado más de cuatro años desde que una abrumadora mayoría de los miembros del Fondo Monetario Internacional acordó un paquete de reformas que duplicaría los recursos de la organización y reorganizaría su estructura de gobierno en favor de los países en desarrollo. Pero para adoptar las reformas se requiere la aprobación de los países miembros del FMI; y, aunque Estados Unidos estuvo entre quienes votaron a favor de la medida, el presidente Barack Obama no ha logrado obtener la aprobación del Congreso. Ha llegado el momento de considerar métodos alternativos para impulsar las reformas.
La demora de Estados Unidos supone un enorme revés para el FMI. Impide reestructurar su proceso de toma de decisiones de modo que refleje mejor la creciente importancia y dinamismo de los países en desarrollo. Además, mientras las reformas siguen en suspenso, el FMI se ha visto obligado a depender en gran medida de préstamos de sus miembros, en lugar de los recursos permanentes previstos en las nuevas medidas. Estos préstamos, concebidos como un puente temporal antes de que las reformas entraran en vigor, deben ratificarse cada seis meses.
A nuestro juicio, la mejor manera de avanzar sería desvincular del resto del paquete la parte de las reformas que requiere la ratificación del Congreso de Estados Unidos. Solo un elemento importante —la decisión de avanzar hacia un Directorio Ejecutivo elegido en su totalidad— requiere una enmienda al Convenio Constitutivo del FMI y, por tanto, la aprobación del Congreso.
El otro elemento importante del paquete de reformas es un aumento y un reequilibrio de las cuotas que determinan el poder de voto y la obligación financiera de cada país. Este cambio duplicaría los recursos del FMI y otorgaría mayor poder de voto a los países en desarrollo. El Congreso aún tendría que ratificar la medida antes de que aumentara la propia cuota de Estados Unidos, pero su aprobación no sería necesaria para que esta parte del paquete de reformas entrara en vigor para los demás países.
La conexión entre las dos partes de las reformas siempre ha sido innecesaria: las medidas son independientes, requieren procesos de aprobación distintos y pueden aplicarse por separado. Desvincularlas requeriría el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, pero no la ratificación del Congreso.
Esta separación podría llevarse a cabo sin contratiempos. Una mayoría simple del Directorio Ejecutivo del FMI la recomendaría a la Junta de Gobernadores, donde una resolución para separar las reformas en dos partes requeriría el 85 % de los votos. En 2010, el paquete de reformas se aprobó con más del 95 % de los votos.
Entonces, los cambios en las cuotas podrían entrar en vigor rápidamente. Las cuotas de cada país miembro ya se han acordado, por lo que no harían falta más negociaciones complejas y prolongadas. Se permitiría a los países dispuestos y capaces de pagar los aumentos de sus cuotas hacerlo, lo que incrementaría los recursos del FMI y aumentaría su poder de voto relativo.
El principal obstáculo para esta propuesta es el requisito de aprobación del Congreso para aumentar la cuota de Estados Unidos. Esto plantea la posibilidad de que el poder de voto de Estados Unidos caiga temporalmente por debajo del umbral del 15 % necesario para vetar decisiones que requieren el apoyo del 85 % de los votos de los miembros del FMI.
Para obtener el apoyo de Estados Unidos, la Junta de Gobernadores podría comprometerse a no examinar ningún proyecto de decisión que requiera el respaldo del 85 % sin el consentimiento de ese país. Esta garantía podría incluirse en la resolución que divida el paquete de reformas en dos partes. Seguiría vigente hasta que Estados Unidos estuviera en condiciones de aumentar su cuota y recuperar su participación en los votos. El Directorio Ejecutivo podría aprobar un compromiso análogo y pedir al director gerente del FMI que se abstuviera de presentar cualquier proyecto de decisión que requiriera una mayoría del 85 % sin obtener antes el apoyo de Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos podría recibir críticas del Congreso por aceptar una medida que reduciría temporalmente la participación de voto del país y por confiar en un acuerdo político para preservar su poder de veto. Pero el acuerdo también podría servir de incentivo para ratificar las reformas. La facultad de restablecer el poder formal de veto de Estados Unidos estaría enteramente en manos del Congreso, lo que haría poco probable que pasaran otros cuatro años antes de que el asunto se resolviera finalmente.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Paulo Nogueira Batista, Jr. es director ejecutivo del FMI. Hector R. Torres es exdirector ejecutivo del FMI y expresidente de la Mesa del G-24 en Washington, D. C.
Imagen: Personas pasan junto al Banco de Inglaterra en la City de Londres. REUTERS/Luke MacGregor.
