Cuando el tifón Haiyan llevó marejadas ciclónicas y fuertes vientos a las islas del centro de Filipinas en noviembre de 2013, destruyó viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, además de causar la muerte de más de 6.000 personas.
«La inversión que se hizo en la comunidad —desde el punto de vista de las familias afectadas— se perdió por completo, y tenemos que reconstruir de nuevo», dijo Dinky Soliman, secretaria del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas.
Desde entonces, su país ha aprendido la importancia de usar mapas de riesgos para planificar mejor infraestructuras capaces de resistir tormentas o terremotos, dijo Soliman durante un debate sobre desarrollo resiliente en una conferencia de la ONU en Sendai.
Pero incluso con buenas normas de construcción, la corrupción aún podría socavar la seguridad, advirtió. Por ejemplo, cuando un terremoto sacudió la isla de Bohol en 2013, se culpó a productos de acero de calidad inferiorutilizados en viviendas y otros edificios de la muerte de cientos de personas, añadió.
Está previsto que la cumbre de Sendai adopte el miércoles un nuevo plan mundial para reducir los riesgos de desastre; un objetivo clave es proteger las inversiones en desarrollo en todos los ámbitos.
«Al situar firmemente la reducción del riesgo de desastres en el centro del diseño y la implementación de las políticas públicas, el desarrollo tiene en cuenta los riesgos», dijo Helen Clark, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando presentó un informe el lunes sobre la mejor manera de lograrlo.
El PNUD está planificando una iniciativa que reunirá durante 10 años, en 50 países, a gobiernos y sus socios para el desarrollo con empresas y comunidades, a fin de considerar y abordar los riesgos en la planificación del desarrollo y la recuperación ante desastres, desde el ámbito nacional hasta el local.
El organismo ya colabora con empresas y grupos de ayuda para reducir el riesgo de desastres; por ejemplo, trabaja con la empresa logística Deutsche Post DHL en unos 25 países para preparar los aeropuertos ante desastres.
Desde 2012, el PNUD también participa en una iniciativa conjunta con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para mejorar la legislación nacional sobre reducción del riesgo de desastres.
Pero el informe señala que aprobar leyes no reduce automáticamente los niveles de riesgo de desastre. «Muchos planes no se implementan y las leyes no se hacen cumplir», afirma. A menudo se necesitan recursos y capacidad adicionales para poner en práctica las leyes, indica.
¿Se necesita más ayuda?
Uno de los puntos conflictivos en las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la reducción del riesgo de desastres en Sendai ha sido de dónde procederá la financiación tan necesaria.
Algunos Estados en desarrollo, como Bolivia, sostienen que no se puede esperar que alcancen nuevos objetivos para reducir sustancialmente las muertes por desastres o las pérdidas económicas sin un aumento de la ayuda de las naciones más ricas.
Según una investigación del Overseas Development Institute y el PNUD, el gasto en reducción del riesgo de desastres ascendió a 13.600 millones de dólares entre 1991 y 2010, pero se gastó cinco veces más en respuesta de emergencia, mientras que el gasto en reconstrucción y rehabilitación tras los desastres fue casi el doble.
Los países desarrollados con problemas de liquidez se han mostrado, en gran medida, reacios a asumir nuevos compromisos financieros, aunque Japón anunció el sábado que proporcionaría 4.000 millones de dólares para la prevención y recuperación ante desastres en países vulnerables durante los próximos cuatro años.
Rachel Kyte, enviada especial del Banco Mundial para el cambio climático, dijo a la Thomson Reuters Foundation que la mayor parte de las futuras inversiones en desarrollo procederían de recursos movilizados a nivel nacional, inversiones privadas atraídas por políticas económicas inteligentes y financiación para el desarrollo y el clima con un alto apalancamiento.
Pero «para las personas más pobres y vulnerables, y para algunos de los países menos adelantados —incluidos algunos pequeños Estados insulares pobres—, el mercado de bonos verdes no será la solución para su resiliencia», subrayó.
Necesitarán acceso a financiación procedente de fuentes públicas, «y este es un momento económico difícil para los donantes», dijo.
Nuevos tipos de financiación
Funcionarios y expertos en Sendai dicen que la respuesta es un enfoque más integrado, y muchos depositan sus esperanzas en una conferencia internacional en julio en Addis Abeba que debatirá la financiación para el desarrollo sostenible.
«Debemos hacer las cosas de otra manera», dijo Ertharin Cousin, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. «Debemos salir de Addis con un paquete de instrumentos financieros que vaya más allá de la asistencia oficial para el desarrollo».
Ya sea protegiendo a las personas más pobres mediante seguros y redes de protección social o cambiando la forma en que los agricultores cultivan, los enfoques empleados deben ser asequibles y adaptarse a las necesidades de la población local, dijo.
Didier Burkhalter, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, sostuvo que invertir en resiliencia ante los desastres es «una inversión segura con excelentes rendimientos».
Pero hasta ahora, gran parte de la financiación para la reducción del riesgo de desastres ha procedido de los presupuestos humanitarios posteriores a los desastres, cuando la atención dura poco y los medios para desarrollar resiliencia desaparecen rápidamente, señaló.
«Debemos cambiar nuestra perspectiva: pasar de gestionar los desastres a gestionar los riesgos de desastre», dijo.
Este artículo se publica en colaboración con The Thomson Reuters Foundation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Megan Rowling es periodista de la Thomson Reuters Foundation.
Imagen: Un superviviente del tifón toma café mientras descansa de reconstruir el techo de su casa, dañada por el tifón. REUTERS/Erik De Castro.
