A comienzos del siglo XXI, la comunidad internacional formuló algunas promesas sensatas y sencillas con los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. El mundo reduciría a la mitad la proporción de personas que padecían hambre y vivían en la pobreza extrema, lograría la educación primaria universal y reduciría drásticamente la mortalidad infantil para 2015. Ha habido muchos éxitos, aunque no se alcanzarán todas las metas de los ODM.
Por ejemplo, quizá no se alcance la meta de reducir a la mitad el hambre, aunque por poco. En 1991, el 23,4 % de todas las personas del mundo en desarrollo sufría desnutrición; más de mil millones de personas se acostaban con hambre. Para 2013, la proporción había bajado al 13,5 %. Aunque el mundo en desarrollo tenía 1.700 millones de personas más que en 1991, había 209 millones menos de personas que pasaban hambre. En los últimos 22 años, el mundo ha logrado alimentar adecuadamente a casi dos mil millones de personas más: todo un logro.
Durante el próximo año, los 193 gobiernos del mundo se reunirán para fijar nuevos objetivos mundiales que deberán alcanzarse para 2030. Esta tarea constituye la mayor oportunidad de esta generación para traducir grandes aspiraciones en objetivos concretos. Pero, para elegir los objetivos que más beneficios aporten, hay que aprender de la experiencia actual.
Esa elección debería basarse en una comparación de los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de los objetivos propuestos. Mi centro de estudios, el Copenhagen Consensus, ha pedido a 60 equipos de los mejores economistas del mundo que examinen la mayoría de ellos.
Por supuesto, los temas de gran visibilidad que afectan a la vida cotidiana de las personas —por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el agua potable y el saneamiento, y el medio ambiente— atraen la mayor atención. Pero no podemos dar por sentado que los esfuerzos por mejorar la situación sean eficaces; también debemos medir en qué medida abordamos estos temas, y medirlos tiene costos reales. Al fin y al cabo, el dinero que se destina a una prioridad no está disponible para otras.
En un artículo reciente para el Copenhagen Consensus, Morten Jerven, de la Universidad Simon Fraser, examina cuánto costará medir y cuánto puede justificarse que gaste la comunidad internacional. Y resulta que medir es mucho más difícil de lo que cabría esperar.
Para muchos indicadores del mundo en desarrollo, hay muy poca información sobre lo que se ha logrado. No faltan datos disponibles en línea sobre el número de personas pobres en casi cualquier país y año desde 1990, pero gran parte se basa en datos poco sólidos.
Para estimar el número de personas pobres de un país se necesita una encuesta de hogares sobre el consumo. Pero seis de los 49 países de África subsahariana nunca han realizado una encuesta de hogares, y solo 28 países han realizado una en los últimos siete años. Por ejemplo, según el Banco Mundial, el 11,92 % de la población de Botsuana era pobre en 2008. Pero estos datos se basan en una sola encuesta de hogares, realizada en 1993.
En realidad, se han realizado muy pocas encuestas recientes, y la mayoría de las cifras disponibles son proyecciones y estimaciones, no datos concretos. En conjunto, hay más lagunas que observaciones reales, y las propias observaciones suelen ser dudosas.
La recopilación de datos para los ODM fue irregular, y la calidad de gran parte de la información recopilada era cuestionable. Tras reunir la información disponible sobre los costos de las encuestas en todo el mundo, Jerven estima que el seguimiento adecuado de las 18 metas y los 48 indicadores habría costado 27.000 millones de dólares. Parece mucho, pero representa solo el 1,4 % de los aproximadamente 1,9 billones de dólares gastados en ayuda al desarrollo durante ese período.
En 2013, un grupo de alto nivel integrado por políticos y líderes de la sociedad civil y del sector privado abogó por crear «mejores sistemas de recopilación de datos, especialmente en los países en desarrollo». Asimismo, el llamado Grupo de Trabajo Abierto instó al mundo a «aumentar significativamente la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables, desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales». Y este mes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso específicamente establecer un «programa de acción integral sobre datos».
El problema es que el siguiente conjunto de objetivos no deja de crecer. El grupo de alto nivel propuso 59, frente a los 18 de los ODM, y el Grupo de Trabajo Abierto casi triplicó de nuevo la cifra total, hasta llegar a 169 objetivos. Jerven estima que realizar incluso una recopilación mínima de datos para los 169 costaría al menos 254.000 millones de dólares, casi el doble de todo el presupuesto anual mundial para el desarrollo.
Incluso esta cifra es una estimación baja. Para empezar, no incluye los costos de la recopilación de datos administrativos básicos por parte de los gobiernos nacionales ni los de todas las encuestas de hogares recomendadas, porque fue imposible obtener esos costos. Además, recopilar datos en países donde aún no se ha hecho probablemente resulte todavía más caro.
Además, no se contempla el mantenimiento de las oficinas nacionales de estadística, la formación y retención del personal, ni el análisis y la difusión de los datos. Dadas las limitaciones de capacidad, sobre todo en los países pobres, es probable que este costo sea elevado. De hecho, analizar más datos a largo plazo para la comunidad internacional de donantes podría obstaculizar la capacidad de los ministerios de Finanzas para disponer de datos de alta frecuencia que permitan administrar el país. La agenda de los ODM ya ha puesto a prueba la capacidad estadística; 169 nuevos objetivos solo empeorarán la situación.
Los ODM fueron eficaces, en parte, porque el número de objetivos era limitado. Por eso es razonable plantearse cuántos objetivos podríamos medir adecuadamente, en lugar de cómo recopilar datos sobre un gran número de ellos.
Una comparación útil es el gasto de los países industrializados en sus servicios estadísticos. Por ejemplo, los gobiernos de Noruega y el Reino Unido gastan alrededor del 0,2 % del PIB. Si se toma esta cifra como indicador aproximado de la disposición a pagar por una medición y un seguimiento adecuados, se deduce que los objetivos posteriores a 2015 deberían incluir solo cuatro metas.
A medida que la comunidad internacional se prepara para la próxima agenda de desarrollo, existe el peligro de que dejemos que la ambición se imponga a la razón. Si adoptamos demasiados objetivos —y, en especial, unos 169 difíciles de manejar—, corremos el riesgo de perjudicar a las personas más necesitadas del mundo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Bjørn Lomborg, profesor adjunto en la Copenhagen Business School, fundó y dirige el Copenhagen Consensus Center, que busca estudiar los problemas ambientales y sus soluciones
Imagen: Una mujer con un bebé a la espalda observa un asentamiento informal en la capital, Luanda, el 30 de agosto de 2012. Los angoleños acudirán a las urnas el viernes para elegir a sus legisladores y a su presidente. REUTERS/Siphiwe Sibeko.
