Ante la creciente demanda de productos del mar, gas y otros recursos extraídos de los océanos del mundo, y las crecientes presiones del cambio climático, analizamos algunos de los desafíos y soluciones para desarrollar la “economía azul” de forma más inteligente y sostenible.
La pesca de atún, pez espada, jurel, bacalao de Patagonia y muchas otras especies se realiza en alta mar, y las pesquerías suelen atravesar múltiples fronteras internacionales.
Se trata de una enorme industria mundial, que aporta miles de millones de dólares al año en beneficios directos e indirectos a países desarrollados y en desarrollo, y que abastece los mercados alimentarios mundiales. Sin embargo, la pesca excesiva y la mala gestión son amenazas graves, que según las estimaciones podrían costar al mundo hasta US$50.000 millones al año en beneficios perdidos.
Si no aprendemos a gestionar mejor las pesquerías transfronterizas, ponemos en riesgo la viabilidad a largo plazo de pesquerías clave, mientras la extraordinaria biodiversidad marina mundial se reduce a una sombra de su antigua salud.
Tanto si le preocupa ser mejor custodio de los océanos de la Tierra como si simplemente quiere asegurarse de que habrá suficiente pescado de calidad en el mar para pescar y comer en las generaciones futuras, se trata de un enorme desafío mundial.
Afortunadamente, existen nuevas soluciones que deberíamos considerar, incluidas las lecciones aprendidas en un punto caliente del atún en el Pacífico.
Lo que estamos haciendo ahora está empeorando las cosas
Australia y otros países preocupados llevan mucho tiempo advirtiendo de que los niveles actuales de pesca son insostenibles y que “conducen inexorablemente a una crisis inminente para las pesquerías marinas mundiales.”
Se requiere una acción internacional firme para reforzar la gestión de las pesquerías que atraviesan múltiples fronteras, reducir las capturas a niveles sostenibles y optimizar los beneficios para alcanzar los objetivos de desarrollo.
Pero los enfoques de gestión tradicionales pueden ser políticamente polémicos, especialmente porque a menudo requieren el consenso de numerosos países con intereses contrapuestos.
Es difícil lograr que varios países acuerden restricciones a las actividades pesqueras, controles sobre los métodos de pesca o límites al acceso a los caladeros o a las temporadas de pesca, especialmente cuando eso puede no parecer de interés para su interés nacional a corto plazo. Esto puede suponer una preocupación particular para los Estados en desarrollo que dependen en gran medida de la pesca y tienen pocas otras opciones de desarrollo y de recursos.
Los procesos de negociación y los tratados existentes no logran resolver con éxito los aspectos políticos de las negociaciones de conservación y, en consecuencia, los países a menudo se muestran reacios a transigir.
Algunos sostienen que es necesario distribuir entre los participantes alguna forma de derecho de propiedad o de uso para hacer frente a la pesca excesiva, de modo que la industria y otros tengan los incentivos adecuados para pescar de forma que se garantice la sostenibilidad a largo plazo y la viabilidad económica.
Sin embargo, aplicar enfoques de gestión basados en derechos a las pesquerías internacionales exige, en primer lugar, que todas las partes implicadas acuerden las asignaciones nacionales antes de que esos derechos de pesca lleguen a quienes realmente capturan el pescado. Determinar tales derechos mediante un proceso explícito de asignación es sumamente complejo y requiere años de esfuerzo, especialmente porque las decisiones de asignación generalmente requieren consenso.
Mientras se prolongan las negociaciones, la pesca excesiva continúa y puede agravarse en una carrera por pescar para respaldar argumentos a favor de asignaciones más generosas.
Para generar apoyo político, se requieren nuevos beneficios que compensen los costes de conservación. Quienes defienden la conservación señalan los beneficios a largo plazo de las reducciones destinadas a la conservación, pero estos suelen ser demasiado lejanos para motivar a gobiernos de visión estrecha que se enfrentan a ciclos electorales a corto plazo.
Quienes defienden los enfoques basados en derechos argumentarán a favor de los incentivos y de una mayor eficiencia económica, pero no logran ofrecer una vía política para distribuir estos beneficios entre Estados con intereses diversos.
Las soluciones para el océano abierto transfronterizo requieren sostenibilidad, valor y certidumbre, no política.
Las naciones del Pacífico demuestran el valor de la escasez
Se requieren nuevos mercados que introduzcan el valor de la escasez en la conservación y conviertan las limitaciones en beneficios. Las negociaciones internacionales deben ir más allá de los enfoques tradicionales y adoptar medidas innovadoras que creen nuevos mercados.
Un pequeño grupo de naciones insulares del Pacífico está intentando precisamente eso, ensayando distintos enfoques para gestionar una parte crucial del suministro mundial de atún.
Los Estados Federados de Micronesia, Kiribati, las Islas Marshall, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu son todas Partes en el Acuerdo de Nauru (PNA), que trabajan juntas para hacer más sostenible la pesca de atún en el Pacífico occidental y central (que se muestra en el mapa de abajo).
El océano Pacífico, con numerosas reivindicaciones de jurisdicción marítima. Q. Hanich y M. Tsamenyi (eds.) Navigating Pacific Fisheries: Legal and Policy Trends in the Implementation of International Fisheries Instruments in the Western and Central Pacific Ocean. University of Wollongong. Wollongong, Australia. 2009. Proporcionado por el autor
El Pacífico occidental y central alberga las pesquerías de atún más productivas del mundo, que abastecen los mercados mundiales de atún listado, rabil (aleta amarilla), patudo y atún blanco (albacora). En 2014, estas pesquerías tenían un valor conjunto aproximado de US$5.800 millones y representaban el 60 % de la captura mundial de atún.
Lamentablemente, al igual que otras pesquerías mundiales, se está produciendo pesca excesiva y un estancamiento político está socavando la conservación.
Las naciones insulares del Pacífico llevan mucho tiempo preocupadas por que los límites de conservación impongan una carga desproporcionada de medidas de conservación a las pequeñas naciones insulares y limiten injustamente sus aspiraciones de desarrollo. Esas preocupaciones tenían cierta justificación.
Las medidas de conservación propuestas anteriormente habrían beneficiado directamente a las flotas de pesca de aguas lejanas de larga trayectoria, mediante límites de capacidad o de capturas que premiaban la capacidad y las capturas históricas, al tiempo que excluían a los países en desarrollo sin antecedentes de sobrepesca y, potencialmente, sin oportunidades futuras. En efecto, habría sido lo contrario del principio de «quien contamina paga».
El pequeño grupo de países del PNA controla el acceso a los caladeros más productivos. Por ello, constituyen un bloque de voto crucial dentro de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, una organización basada en un tratado internacional con responsabilidad sobre las pesquerías de atún del Pacífico occidental y central.
Dado que los países miembros del PNA pueden considerarse propietarios y controladores del acceso a la mayor parte de la pesquería de atún del Pacífico occidental y central, cualquier respuesta en materia de conservación y gestión debe contar con el pleno apoyo de estos países y evitar explícitamente cualquier carga de conservación desproporcionada.
En los últimos años, los países del PNA han implementado de forma colectiva un Vessel Day Scheme que limitó el acceso a sus pesquerías productivas e introdujo un valor de escasez que ha incrementado de manera notable los beneficios. En efecto, han creado un nuevo mercado de “días de pesca” y ahora están ensayando la subasta y la agrupación de días para maximizar sus beneficios.
A continuación, estos países deberán introducir límites más estrictos para reducir las capturas de patudo a niveles sostenibles. Uno de los principales impactos sobre el patudo es el uso de dispositivos de concentración de peces (DCP), colocados en el mar por cerqueros de gran escala (las redes de cerco también se conocen como redes de arrastre) para capturar atún listado.
Mientras que los países que participan en la pesca de aguas lejanas han propuesto medidas tradicionales que aplicarían restricciones generalizadas a un coste elevado para los Estados insulares, los miembros del PNA han ensayado la vigilancia por satélite de los DCP en el mar. También cooperan para empezar a cobrar tasas adicionales por los lances sobre DCP realizados dentro de sus aguas, a partir de 2016.
Esto creará un incentivo para que los cerqueros realicen lances sobre cardúmenes libres y reduzcan los lances sobre DCP, y mitigará los costes de conservación para las islas del Pacífico mediante los ingresos financieros adicionales procedentes de las tasas de licencia.
A medida que el esquema se consolide, podrán aplicarse posteriormente límites de conservación para reducir gradualmente el número de DCP que pueden calarse. Esto incrementará el valor de escasez de cada lance sobre DCP, al tiempo que reducirá la captura de patudo hasta niveles más sostenibles, y creará de manera efectiva un nuevo mercado de “lances sobre DCP”.
Las soluciones innovadoras en materia de gestión y de mercado serán fundamentales para el futuro sostenible, rentable y equitativo de la “economía azul” mundial. En las pesquerías transfronterizas, el Pacífico está marcando la agenda.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Quentin Hanich es profesor asociado en la Universidad de Wollongong.
Imagen: Un atún rojo del Pacífico nada en un tanque del Tokyo Sea Life Park, en Tokio. REUTERS/Thomas Peter
