Hoy en día, mientras la economía mundial atraviesa una transformación fundamental, los trabajadores de todo el mundo están sometidos a una presión considerable. En particular, en las economías desarrolladas, las políticas sociales deben ajustarse para brindar el apoyo que necesitan los grupos de menores ingresos, al tiempo que fomentan el crecimiento y promueven el bienestar.
La presión ha sido incesante e inevitable. En Estados Unidos, la remuneración real (ajustada a la inflación) de los hombres con solo un diploma de secundaria cayó un 21% entre 1979 y 2013. En gran parte de Europa, donde existe una protección salarial más sólida, el desempleo se ha disparado, especialmente desde que comenzó la crisis del euro en 2008. Alemania y algunos países del norte de Europa siguen siendo una excepción, aunque el mercado laboral alemán cuenta con un amplio segmento de empleos de baja remuneración y miniempleos.
El motor de estas tendencias es la naturaleza cambiante del trabajo. Para empezar, los servicios han ido ganando terreno en todo el mundo, especialmente en las economías desarrolladas. Entre 1970 y 2012, la proporción del PIB correspondiente a los servicios en los países de la OCDE aumentó del 53% al 71%.
Las nuevas tecnologías y las máquinas «inteligentes» no solo están desplazando a muchos tipos de trabajadores tanto en los sectores manufacturero y de servicios, sino que también están facilitando el auge de nuevos modelos empresariales, en los que las personas realizan trabajos (en su mayoría, servicios mal remunerados) dentro de redes poco estructuradas, en lugar de ser empleados dedicados de organizaciones estructuradas.
Por ejemplo, el servicio de viajes compartidos Uber cuenta ahora con 162,000 conductores activos solo en EE. UU. y está desplazando a los servicios tradicionales de taxi. La empresa emergente Handy espera que su aplicación tenga un éxito similar al conectar a clientes con contratistas independientes que prestan diversos servicios domésticos. A medida que la tecnología avanza a gran velocidad y las cadenas de valor se globalizan, los trabajadores deben adaptarse, ya sea cambiando de empleo, mudándose o adquiriendo nuevas competencias; un desafío especialmente oneroso para los trabajadores de más edad, pero que exige que todos adopten un nuevo enfoque de planificación de vida.
Algunas personas —especialmente quienes adquirieron habilidades valiosas y flexibles en una etapa temprana de la vida, así como quienes ya ocupan posiciones ventajosas gracias a la riqueza heredada— pueden prosperar en esta nueva economía. Sin embargo, millones de personas no están preparadas para la nueva era. Y es la creciente ansiedad de estas personas la que alimenta el auge de la política identitaria, cuyos líderes y movimientos populistas apelan a la solidaridad étnica o religiosa frente a las fuerzas impersonales del cambio.
Los partidos de centroizquierda afrontan un desafío especialmente difícil, pues sus bases electorales de menores ingresos se sienten atraídas por competidores antiinmigración y chovinistas. Para empeorar las cosas, la fragmentación de la producción (tanto de bienes como de servicios), junto con el aumento de las presiones fiscales, va en contra de la tradicional dependencia de estos partidos de la negociación colectiva para crear sistemas y políticas que aseguren a los ciudadanos frente a las crisis y las adversidades.
La respuesta de la derecha a este desafío —básicamente, desmantelar el Estado de bienestar— dejaría a la mayoría de los ciudadanos expuestos a las crisis económicas y los cambios estructurales (y no haría más que reforzar su sensación de aislamiento y vulnerabilidad). En cambio, la respuesta progresista debe incluir políticas sociales sólidas —tanto de seguro como de protección— compatibles con las nuevas tecnologías y formas de trabajo. En concreto, esto significa que, en vez de una protección social generalizada, cada ciudadano dispondría de un presupuesto individual de apoyo y seguridad para toda la vida, y se exigiría a los beneficiarios que cumplan los requisitos que tomen la iniciativa para determinar cómo adaptarse.
La principal diferencia entre la visión progresista de una sociedad sustentada por estas «cuentas ciudadanas» y la idea conservadora de que cada ciudadano debería crear cuentas personales de jubilación, solicitar préstamos estudiantiles o pagar su propio seguro médico radica en el papel del sector público. El sector público no solo asumiría la responsabilidad principal de financiar la protección social, sino que las políticas públicas también establecerían el marco para la cooperación entre el gobierno, los empleadores y los beneficiarios, con el fin de eliminar duplicaciones y reforzar la eficacia y la equidad.
Por ejemplo, una «cuenta familiar» para toda la vida permitiría permisos de maternidad y paternidad remunerados, brindaría apoyo para el cuidado infantil y permitiría ausentarse del trabajo para cuidar a personas enfermas o mayores. Combinaría algunas reglas generales con aportaciones económicas del Estado, los empleadores y las personas, ajustadas a los ingresos. Una «cuenta de aprendizaje» establecería los parámetros del apoyo educativo, incluidas oportunidades permanentes para adquirir nuevas competencias y enseñárselas a otras personas.
En muchos países ya existen formas básicas de este tipo de sistema. Noruega ofrece 49 semanas de permiso parental con el salario íntegro, o 58 semanas con el 80% del salario. Ambos progenitores deben utilizar al menos el 10% de este presupuesto, pero también pueden reservar una parte para utilizarla cuando sus hijos empiecen la escuela (y volver a beneficiarse ampliamente del apoyo parental). Por supuesto, pocos países son tan ricos como Noruega, pero el principio —incluido el apoyo para el cuidado de personas mayores— puede aplicarse a periodos de 30, 40 o 50 semanas.
Francia también está avanzando en esta dirección y está creando «cuentas individuales de actividad» con el objetivo de racionalizar sus políticas sociales sin sacrificar su sentido de solidaridad nacional.
Es cierto que este enfoque no resolverá mágicamente todos los desafíos a los que se enfrentan actualmente los países. Las restricciones fiscales persistirán mientras los gobiernos sigan financiando bienes públicos. Una tributación adecuada de las personas con altos ingresos y las empresas con grandes beneficios, junto con esfuerzos sólidos y sostenidos para reducir la evasión fiscal, será aún más vital para proteger la base de ingresos. Y los sindicatos seguirán siendo necesarios para defender los intereses de sus miembros.
No obstante, se necesita un nuevo contrato social que tenga en cuenta el papel cada vez más importante que desempeñan las preferencias y la responsabilidad individuales en el mundo actual. Cada ciudadano debería sentirse empoderado, no aislado ni abandonado, frente a la globalización y la transformación tecnológica.
Con este enfoque, la socialdemocracia puede volver a impulsar el progreso, en vez de verse ahogada por la política identitaria y el fundamentalismo de mercado. Esto contribuiría no solo a la causa de la justicia social, sino también al objetivo de mantener una fuerza laboral cualificada, feliz y saludable, como la que necesita una economía próspera.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Kemal Derviş, exministro de Asuntos Económicos de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.
Imagen: Un niño toca una pared iluminada por rayos de colores que mide 45 metros de largo. REUTERS/China Daily.
