El envejecimiento de la población puede suponer una presión para las finanzas públicas, al tiempo que genera grandes volúmenes de capital de jubilación paciente, adecuado para la inversión a largo plazo.
Los acuerdos de servicios a largo plazo pueden conectar este capital con las infraestructuras digitales y verdes, compartiendo riesgos y generando rendimientos estables.
La combinación de sociedades envejecidas, pensiones de reparto y déficits de infraestructura convierte a Europa en un campo de pruebas natural para este enfoque.
Vivir más años es uno de los grandes logros del siglo pasado. También están redefiniendo los cimientos del crecimiento. A medida que las sociedades envejecen, cada vez menos trabajadores deben sostener a más jubilados.
Según el Global Pension Report de Allianz, para mediados de siglo habrá 26 personas de 65 años o más por cada 100 de entre 15 y 64 años, frente a 16 en la actualidad. El gasto en pensiones y atención sanitaria está aumentando, mientras que la inversión en infraestructuras que mejoran la productividad suele quedar rezagada.
De hecho, gran parte de la infraestructura actual se construyó hace décadas y se acerca al final de su vida útil de diseño. Según el CFA Institute, el mundo está entrando en un nuevo ciclo de inversión ya que las carreteras, los puentes, las redes eléctricas y los sistemas hídricos envejecidos requieren renovación para respaldar la transición energética, la digitalización y la resiliencia climática. Allianz Research proyecta que esto se traduce en casi el 3,5 % del PIB mundial al año –unos 4,2 billones de dólares anuales–, y solo la transición energética representará hasta 30 billones de dólares para 2035. Los balances públicos ya están bajo presión, y los modelos de financiación tradicionales no se diseñaron para horizontes de entre 30 y 50 años.
El envejecimiento y la falta de inversión suelen tratarse como retos independientes. En realidad, la presión sobre los sistemas de pensiones ha creado una posible solución: una enorme reserva de ahorro a largo plazo en manos de aseguradoras de vida y fondos de pensiones. La cuestión clave es cómo conectar este «capital paciente» con los activos que pueden sustentar el crecimiento en economías que envejecen rápidamente.
¿Un ciclo de crecimiento autofinanciado?
Las aseguradoras de vida y los fondos de pensiones acumulan billones en reservas a largo plazo porque la gente vive más y quiere seguridad financiera durante jubilaciones que pueden durar tres o cuatro décadas. En lugar de ver el «dividendo de la longevidad» solo como un pasivo, puede considerarse un activo estratégico: capital que, de forma natural, tiene plazos largos, es estable y se adapta bien a inversiones de larga duración que pueden destinarse a necesidades sociales importantes.
La propuesta es sencilla. Utilizar este capital paciente para financiar la infraestructura que permite la próxima ola de crecimiento de la productividad, especialmente en sociedades envejecidas. A medida que la automatización, la digitalización y la transición energética aumentan la producción y la eficiencia, los flujos de caja resultantes pueden proporcionar los rendimientos estables necesarios para honrar los compromisos a largo plazo con los jubilados.
En efecto, esto crea un ciclo de crecimiento autofinanciado: los ahorros para la jubilación financian los activos que permiten a una fuerza laboral más reducida generar más valor. Esos activos, a su vez, respaldan los ingresos de jubilación de esa misma fuerza laboral a medida que envejece.
Para que esto funcione a gran escala, los pasivos a largo plazo deben emparejarse con activos de la economía real que respalden directamente la productividad en un contexto de envejecimiento; por ejemplo, redes eléctricas digitales, sistemas energéticos resilientes, infraestructura de datos y transporte bajo en carbono. Esto requiere un tipo diferente de activo de infraestructura y un nuevo enfoque sobre cómo los regímenes regulatorios evalúan los riesgos y las cargas de capital de estas inversiones.
Desplegar capital paciente para la infraestructura de nueva generación
Las asociaciones público-privadas y modelos similares llevan mucho tiempo buscando conectar las necesidades de infraestructura con el capital privado, pero a menudo se enfrentan a desafíos: los riesgos de construcción y políticos pueden ser elevados, los flujos de caja volátiles y las responsabilidades entre los agentes públicos y privados poco claras. Además, muchos inversores tradicionales buscan rendimientos a corto plazo, lo que puede entrar en conflicto con los intereses a largo plazo de la sociedad y con la durabilidad de la infraestructura. La solución no es retirarse, sino replantear cómo se poseen y gobiernan estos activos.
Combinar capital paciente con acuerdos de servicios a largo plazo ofrece una vía para abordar estos desafíos. Mientras que el capital privado tradicional suele centrarse en la propiedad de los activos, el capital paciente se alinea de forma natural con el largo ciclo de vida de la infraestructura y desplaza el énfasis hacia flujos de caja predecibles basados en el desempeño. Las autoridades públicas o las empresas se comprometen a pagar por resultados claramente definidos –como capacidad, resiliencia o tiempo de funcionamiento– durante períodos prolongados. Para las autoridades públicas, esto significa no realizar grandes desembolsos de capital por adelantado, lo que alivia la presión fiscal y crea espacio para reasignar recursos hacia servicios públicos, innovación u otras prioridades de crecimiento. Para las aseguradoras y los fondos de pensiones, supone flujos de ingresos estables que se alinean con sus pasivos a largo plazo.
Este enfoque puede aplicarse en distintos sectores, como la gestión del agua, la resiliencia climática, la movilidad, la tecnología digital y la energía. Dentro de este panorama, la infraestructura digital y verde es especialmente potente. Los sistemas eléctricos resilientes e inteligentes para fábricas, centros de datos y nodos de transporte constituyen la columna vertebral de la infraestructura moderna. Permiten la automatización y la transición energética, creando las condiciones para las ganancias de productividad impulsadas por la IA en toda la economía.
Generar confianza mediante incentivos alineados
El escepticismo público hacia la inversión privada en servicios esenciales está justificado por experiencias pasadas. Las primeras oleadas de privatización, desde el agua hasta el ferrocarril, en ocasiones llevaron a una inversión insuficiente, fallos en el servicio y una pérdida de confianza. Por ello, cualquier nuevo modelo debe construirse sobre cimientos diferentes, con transparencia y rendición de cuentas integradas desde el principio.
Una ventaja de la transición actual es que gran parte de la infraestructura necesaria es nueva y no se extrae de sistemas envejecidos. Los activos pueden equiparse desde el primer día con contadores inteligentes, sensores y sistemas de monitorización que hacen un seguimiento del desempeño en tiempo real.
La herramienta de gobernanza principal es el acuerdo de nivel de servicio basado en el desempeño. Los contratos vinculan los pagos directamente a indicadores de desempeño verificados, como la eficiencia, la calidad de la energía, la resiliencia o el tiempo de funcionamiento. Si los estándares bajan, los ingresos caen automáticamente. Esto crea un vínculo claro y medible entre los resultados para los usuarios y los rendimientos para los inversores.
En una estructura tripartita –que involucra al operador, la sociedad del proyecto y los inversores institucionales–, las aseguradoras y los fondos de pensiones no son meros proveedores de capital. Con compromisos a largo plazo y una voz formal en la gestión de los proyectos, las aseguradoras pueden exigir un diseño resiliente y respetuoso con el clima, ayudar a mantener los estándares elevados durante muchos años y lograr que operadores, usuarios y reguladores avancen en la misma dirección. Para alcanzar una escala real, las operaciones pueden estructurarse por tramos: los inversores con los horizontes más largos pueden asumir el tramo ancla, lo que hace que el riesgo sea más manejable para los bancos y otros prestamistas y atrae capital adicional al sistema.
De la carga demográfica al dividendo de la longevidad
Si las sociedades consideran el envejecimiento solo como una carga fiscal, es probable que se enfrenten a un crecimiento tendencial más bajo, a una deuda pública mayor y a una ansiedad persistente sobre la seguridad en la jubilación. Si, por el contrario, consideran la longevidad como un dividendo –respaldado por una estrategia deliberada para destinar ahorros a largo plazo a activos de largo plazo que mejoren la productividad– pueden diseñar un modelo de crecimiento más resiliente y con uso intensivo de capital.
Esta elección también tiene que ver con la equidad intergeneracional. Incentivar que el capital generado por una vida más larga se destine a construir infraestructuras modernas vincula los intereses de los trabajadores actuales, los futuros jubilados y la próxima generación. Ofrece a las sociedades envejecidas una vía para mantener la prosperidad, cumplir sus promesas y seguir siendo competitivas en un mundo en rápido cambio.
