En vísperas de las recientes elecciones generales del Reino Unido, 65 profesores de política social escribieron a The Guardian en los siguientes términos:
«Ahora, la mayoría de los niños y adultos en edad de trabajar que viven en la pobreza pertenecen a hogares con personas empleadas, no a hogares sin empleo. En otras palabras —e irónicamente, a la luz de la retórica de la coalición—, muchos de quienes se ven obligados a solicitar las prestaciones para la población en edad de trabajar, objeto de nuevos recortes, no son lo que el primer ministro llama «holgazanes», sino, de hecho, «familias trabajadoras» (5 de mayo).
Es evidente que los autores buscaban plantear un argumento político inmediato sobre las políticas de austeridad del gobierno. Pero, sugiero, las frases citadas arriba indican un cambio profundo y de largo plazo en el sistema de seguridad social y, detrás de este, un cambio en la economía británica.
Para señalar la importancia de este cambio, debemos volver a dos momentos clave de la historia moderna de Gran Bretaña. El primero es 1795, cuando se instauró el sistema de Speenhamland en una parroquia con ese nombre, cerca de Newbury, en el sur de Inglaterra. Según este sistema, los salarios considerados inferiores a los necesarios para subsistir se complementaban mediante la Ley de Pobres con impuestos (las tasas locales para los pobres). Este sistema no era realmente nuevo ni llegó a ser universal, pero se ha reconocido ampliamente como símbolo del rechazo de un principio crucial de la economía política liberal (Polanyi, 1947). El principio establece que los salarios deben fijarse en un mercado y no complementarse con fondos públicos. La clase gobernante de la época, y en especial los economistas políticos, mostraba una amplia hostilidad hacia Speenhamland: sostenían que un sistema así no incentivaba a los trabajadores a maximizar sus salarios ni a los empleadores a pagar lo que podían permitirse. Se presentaban estas consecuencias perversas como el resultado típico de una intervención bienintencionada, pero equivocada, en el mercado laboral. Finalmente, en otro momento clave, la Ley de Enmienda de la Ley de Pobres de 1834 prohibió esos subsidios y la economía política liberal salió triunfante.
Otro componente de esta economía política era el supuesto de que no sería necesario complementar los salarios para que fueran adecuados; que el trabajo remunerado sería una vía eficaz para salir de la pobreza. Por supuesto, este principio se vulneraba en los márgenes mediante mecanismos como las Juntas de Salarios (más tarde, Consejos), que imponían salarios mínimos en determinados sectores de la economía. Pero, claro está, aquí no había subsidios estatales: el Estado simplemente exigía a los empleadores que pagaran el salario mínimo.
El análisis clásico de mediados del siglo XX de Beveridge sobre las causas de la pobreza sugería que el problema radicaba fundamentalmente en la «interrupción de los ingresos» (por desempleo, enfermedad o edad), así como en tener un gran número de hijos; esto último debía abordarse mediante las «asignaciones familiares» (Cutler et al., 1987). Aunque este análisis siempre representó de forma errónea el mercado laboral, sobre todo por su noción apenas matizada del «hogar con varón proveedor», su idea fundamental —que, por lo general, el trabajo remunerado permitiría salir de la pobreza— ha sustentado la mayoría de las concepciones modernas sobre el funcionamiento de la sociedad hasta hoy.
Pero, como señala la carta de los profesores de política social, nos hemos alejado mucho del mundo de Beveridge. Sostengo que los cambios estructurales del mercado laboral han provocado cambios profundos en el sistema de seguridad social. Durante el periodo de desindustrialización, lo que ha cambiado es el número de personas que ganan salarios de pobreza y reciben apoyo mediante prestaciones para quienes trabajan. En la práctica, hemos avanzado hacia un enorme sistema de «nuevo Speenhamland», una «asistencia externa» para las personas empleadas; o, desde otra perspectiva, hacia grandes subsidios para los empleadores, que han mitigado, pero no resuelto, el problema de los salarios por debajo del umbral de pobreza (Farnsworth, 2012).
Desindustrialización
No hace falta insistir en que Gran Bretaña se desindustrializó en la segunda mitad del siglo XX, aunque vale la pena subrayar que fue un proceso prolongado que comenzó en la década de 1950 (Feinstein, 1999).[1]
Sus efectos han sido la polarización del mercado laboral. Para quienes tienen un alto nivel de educación formal, la transición a una economía de servicios ha brindado muchas oportunidades; en paralelo, se han multiplicado los empleos mal remunerados: «La desigualdad salarial es significativamente mayor ahora que hace unos treinta años. Esto se cumple tanto para los hombres como para las mujeres, y en las mitades superior e inferior de la distribución». [NdS1] Machin calcula la proporción entre los percentiles 90 y 10 para el periodo de 1970 a 2009 y sugiere que, en los últimos cuarenta años de ese periodo, esta dispersión aumentó aproximadamente un 50 % (Machin, 2011). Este patrón se resume bien en la Tabla 1, a continuación.
Tabla 1. Crecimiento de las ocupaciones de baja cualificación, 1979-1999
Fuente: Goos y Manning (2007: 124-5).
Mientras se multiplicaban los empleos mal remunerados, la ideología dominante dictaba que había que incentivar a las personas a trabajar maximizando la diferencia entre las prestaciones por desempleo y los salarios. Por eso, desde la década de 1970, las reducciones de las prestaciones por desempleo han ido acompañadas de un aumento de las prestaciones para quienes trabajan. Esto comenzó con el Complemento de Ingresos Familiares en 1971, pero se amplió considerablemente con el Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras y el Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras en las décadas de 1980 y 1990. El gasto por beneficiario en estas prestaciones aumentó de aproximadamente 500 £ en 1970 a 4.300 £ en 2000 (Blundell y Hoynes, 2004). Los ingresos de quienes trabajan también se complementan con ayudas para la vivienda, que ahora se destinan en su mayoría a personas empleadas.
Aunque durante la era industrial tener empleo no garantizaba ingresos por encima del umbral de pobreza, la mayoría de las personas pobres no trabajaban (por enfermedad o discapacidad, por ser pensionistas o madres solteras) o tenían familias excepcionalmente numerosas. Abel-Smith y Townsend demostraron que, en 1960, alrededor del 40 % de los hogares pobres (aquellos cuyos ingresos estaban por debajo del 140 % del entonces nivel de Asistencia Nacional) tenían un miembro que trabajaba. Pero, en su gran mayoría, también tenían muchos hijos (cuatro o más) (Abel-Smith y Townsend, 1963). Estudios recientes indican que ahora la mayoría de las personas pobres pertenece a hogares con al menos un miembro que trabaja: «Como la pobreza entre los pensionistas se encuentra ahora en niveles bajos, la pobreza entre quienes trabajan es el rasgo más distintivo de la pobreza actual» (Joseph Rowntree Trust, 2012). Otro cálculo indica que, mientras que en la década de 1970 el 3-4 % de los hogares con personas empleadas vivía en la pobreza, para 2000/1 la cifra era del 14 %. Entre 1975 y mediados de la década de 1990, la incidencia de los salarios bajos entre los hombres del mercado laboral se duplicó (Stewart, 1999).
Esto sugiere que, junto con un salario mínimo nacional, los subsidios salariales han reducido la pobreza entre las personas empleadas, pero no la han evitado. Los probables recortes de estas prestaciones bajo el gobierno conservador reducirán aún más su efecto en la reducción de la pobreza. Pero, sea cual sea la política a corto plazo respecto de estas prestaciones, es inconcebible que se eliminen. Así que el «nuevo Speenhamland» ha llegado para quedarse.
Cuando Polanyi escribió su innovador libro sobre la «Gran Transformación» hacia una economía de mercado, dedicó un capítulo entero a Speenhamland porque consideraba que liberar el mercado laboral era fundamental para todo el proceso. Como él mismo reconoció, un mercado laboral completamente «libre» es imposible. Pero no cabe duda de que el grado de libertad en este ámbito es un indicador clave de la naturaleza general de la economía política imperante. La paradoja es evidente. Se nos dice constantemente (tanto sus partidarios como sus detractores) que vivimos en una economía cada vez más neoliberal; sin embargo, el papel del Estado en el mercado laboral ha aumentado en muchos sentidos durante los últimos 40 años. Además del «nuevo Speenhamland», investigadores del CRESC de Manchester han demostrado cómo el empleo financiado con fondos públicos se multiplicó desde la década de 1970 (las cifras son significativamente superiores a los datos oficiales de la ONS porque estos últimos solo incluyen puestos de trabajo en entidades empleadoras «controladas» por el Estado y, por tanto, excluyen los puestos externalizados o financiados indirectamente de otro modo).
Tabla 2. Empleo estatal y «paraestatal» en el Reino Unido, 1978-2008
Fuente: Froud et al. (2011: 18).
Así pues, si queremos entender la trayectoria a largo plazo de la economía británica, hablar del «éxito del neoliberalismo» y del «repliegue del Estado» parece, en el mejor de los casos, problemático y, en el peor, engañoso.
Referencias
Abel-Smith, B. y P. Townsend (1963), The Poor and the Poorest, Londres.
Blundel, R. y H. Hoynes (2004), «¿Ha ayudado al mercado laboral la reforma de las prestaciones “para quienes trabajan”?», en D. Card, R. Blundell y R. Freeman (eds.), Seeking a premier economy: The economic effects of British reforms 1980-2000, Chicago, pp. 411-45.
Cutler, A., K. Williams y J. Williams (1986), Keynes, Beveridge and Beyond, Londres.
Farnsworth, K. (2012), Social versus corporate welfare: Competing needs and interests within the welfare state, Londres.
Feinstein, C. (1999), «Cambio estructural en los países desarrollados durante el siglo XX», Oxford Review of Economic Policy, 15.
Froud, J., S. Johal, J. Law, A. Leaver y K. Williams (2011), «Reequilibrar la economía (o el arrepentimiento del comprador)», Manchester, Centre for Research in Economic and Social Change.
Goos, M. y A. Manning (2007), «Empleos pésimos y estupendos», Review of Economics and Statistics, 89.
Joseph Rowntree Foundation (2012), Monitoring poverty and social exclusion, Londres.
Machin, S. (2011), «Cambios en la desigualdad salarial del Reino Unido durante los últimos cuarenta años», en Gregg, P. y J. Wadsworth (eds.), The Labour Market in Winter, Oxford.
Polanyi, K. (1947), Origins of our time: The Great Transformation, Londres.
Stewart, M. (1999), «Salarios bajos en Gran Bretaña», en Gregg, P. y J. Wadsworth (eds.), The state of working Britain, Manchester.
Nota al pie
1 Feinstein (1999), p. 39, identifica 1955 como el punto de inflexión del empleo industrial.
Este artículo se publica en colaboración con VoxEU. Su publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Jim Tomlinson es profesor de Historia Económica y Social en la Universidad de Glasgow.
Imagen: Maniquíes motorizados sostienen carteles que dicen «Contrátenme». REUTERS/Mark Blinch.
