Las reformas de 2013 de los contratos de trabajo no estándar en Eslovaquia trasladaron toda la carga de los impuestos sobre la nómina a los trabajadores y sus empleadores, independientemente de sus ingresos. Esto provocó una rápida disminución de sus ingresos netos y obligó a algunos a pasar al sector informal, aunque las cifras generales de desempleo no cambiaron.
Para corregir estos problemas, en 2014 el Ministerio de Finanzas presentó una nueva propuesta conocida como bonificación al seguro de salud. Esta exime a los contratos de trabajo con salario mínimo del pago de las cotizaciones al seguro de salud. La propuesta ministerial entró en vigor en 2015. El objetivo es aumentar la motivación para trabajar por salarios bajos y, de ese modo, ayudar a reducir el desempleo. Los primeros indicios sugieren que aumentará los ingresos netos de más de 500.000 personas y tendrá un coste de 146 millones de euros en 2015, aunque por ahora no está claro cuál será su impacto general en el desempleo.
Además de los contratos de trabajo estándar, en Eslovaquia existen tres tipos de contratos no estándar:
acuerdos para trabajar hasta 10 horas semanales (el 40 % de todos los acuerdos);
acuerdos para realizar trabajos específicos hasta un máximo de 350 horas al año (el 34 % de todos los acuerdos);
acuerdos para que estudiantes de hasta 26 años trabajen hasta 20 horas semanales (el 26 % de todos los acuerdos).
Los contratos no estándar se utilizan principalmente para trabajos pequeños: más del 75 % de las personas que trabajan mediante acuerdos gana menos de 150 euros al mes, menos de la mitad del salario mínimo de 352 euros.
Las empresas y los particulares empezaron a recurrir más intensamente a los acuerdos tras la crisis de 2009, en un esfuerzo por reducir costes. De hecho, el número de trabajadores con acuerdos aumentó alrededor de un 40 % en 2009. En comparación con los contratos de trabajo estándar, los acuerdos ofrecían más flexibilidad: los procedimientos de contratación y despido eran relativamente más sencillos y había menos normas de protección para los trabajadores. Por ejemplo, las reglas sobre el salario mínimo y las vacaciones pagadas no se aplicaban a los acuerdos. Además, estos tenían un tipo impositivo mucho más bajo.
En 2013, el Gobierno decidió reformar el sistema para brindar más protección a los trabajadores y combatir la evasión fiscal. El Gobierno aplicó la regla del salario mínimo a todos los acuerdos. Aumentó las cotizaciones sociales y de salud hasta el mismo nivel que en los contratos de trabajo, del 1,05 % al 48,6 % de los ingresos brutos, con pagos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Se mantuvieron varias excepciones para los pensionistas de servicio y de vejez, los pensionistas por discapacidad y los estudiantes.
La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2013 y tuvo un efecto inmediato. El número de personas que trabajaban mediante acuerdos cayó casi un 60 % en enero de 2013 en comparación con diciembre de 2012. La caída interanual fue de casi un 40 % en diciembre de 2013. Esto supuso una reducción de 552.000 acuerdos en diciembre de 2012 a 344.000 mil en diciembre de 2013.
Número de acuerdos y de personas que trabajan mediante acuerdos

Fuente: INEKO, a partir de datos de la Agencia de Seguro Social
¿Qué ocurrió con las personas que dejaron de trabajar mediante acuerdos? No hubo un cambio significativo en el número total de empleados: 1,96 millones tanto en el cuarto trimestre de 2012 como en el cuarto trimestre de 2013. El número de desempleados registrados tampoco varió: 0,39 millones tanto en el cuarto trimestre de 2012 como en el cuarto trimestre de 2013. Asimismo, el número de trabajadores autónomos se mantuvo estable: 0,36 millones tanto en diciembre de 2012 como en diciembre de 2013.
Aun así, en diciembre de 2013 había 111.000 personas menos que trabajaban tanto mediante un acuerdo como con un contrato de trabajo estándar o por cuenta propia, en comparación con diciembre de 2012. ¿Qué ocurrió entonces con las 97.000 restantes? No tenemos datos específicos, pero suponemos que probablemente la mayoría pasó al sector informal. Algunas también podrían haberse jubilado.
En una encuesta a 25 empresas que empleaban a 15.000 personas (fuente: Adecco, julio de 2013), dos tercios de las empresas afirmaron que tuvieron que reaccionar a los cambios en los acuerdos. Entre las afectadas, el 75 % restringió los contratos por acuerdo, el 25 % cambió los acuerdos por contratos de arrendamiento de personal, el 22 % modificó la organización del trabajo, el 22 % reaccionó despidiendo a personas, el 16 % informó de una disminución de los beneficios, el 16 % subió los precios de sus productos y solo el 4 % indicó que cambió los acuerdos por contratos de trabajo estándar.
En 2014, el Ministerio de Finanzas presentó una nueva propuesta conocida como bonificación al seguro de salud. Los contratos de trabajo (es decir, no los acuerdos) con ingresos mensuales iguales al nuevo salario mínimo de 380 euros (un aumento del 8 %) quedarían exentos del pago de las cotizaciones al seguro de salud. El tipo efectivo aumentaría linealmente a medida que subieran los ingresos, hasta alcanzar el tipo íntegro del 14 % a partir de cierto umbral (el salario mínimo multiplicado por 1,5).
La propuesta ministerial entró en vigor en 2015. Se estima que aumentará los ingresos netos de más de 500.000 personas y tendrá un coste de 146 millones de euros en 2015. El objetivo es aumentar la motivación para trabajar por salarios bajos y, de ese modo, ayudar a reducir el desempleo. Sin embargo, es probable que el aumento del 8 % del salario mínimo limite cualquier efecto positivo sobre el empleo. De hecho, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente descendió ligeramente en enero de 2015 (del 12,22 % en diciembre de 2014 al 12,06 % en enero de 2015), y aumentó el número de puestos vacantes, lo que indica una nueva reducción del desempleo.
Este artículo apareció originalmente en el blog Empleo y Desarrollo del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Peter Golias es director del centro de estudios INEKO – Institute for Economic and Social Reforms, con sede en Bratislava.
Imagen: En una sala de juntas se ven una mesa de reuniones y un rotafolio. REUTERS.



