Mientras negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del Pacífico se reúnen en Atlanta para ultimar los detalles del amplio y nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), conviene realizar un análisis sereno. El mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia no es lo que parece.
Se oirá hablar mucho de la importancia del TPP para el “libre comercio”. La realidad es que se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros, y hacerlo en nombre de los grupos de presión empresariales más poderosos de cada país. No hay que equivocarse: las principales cuestiones pendientes, sobre las que los negociadores siguen regateando, dejan claro que el TPP no trata sobre el “libre” comercio.
Nueva Zelanda ha amenazado con abandonar el acuerdo por la forma en que Canadá y Estados Unidos gestionan el comercio de productos lácteos. Australia no está satisfecha con la manera en que Estados Unidos y México gestionan el comercio de azúcar. Y Estados Unidos no está satisfecho con la forma en que Japón gestiona el comercio de arroz. Estos sectores cuentan con importantes bloques de votantes en sus respectivos países. Y representan solo la punta del iceberg en cuanto a la forma en que el TPP impulsaría una agenda que, en realidad, va en sentido contrario al libre comercio.
Para empezar, considérese lo que el acuerdo haría para ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas, como se supo a partir de versiones filtradas del texto de negociación. Los estudios económicos muestran claramente que el argumento de que tales derechos de propiedad intelectual promueven la investigación es, en el mejor de los casos, débil. De hecho, hay pruebas en sentido contrario: cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una oleada de innovación que dio lugar a pruebas mejores y más baratas. Además, las disposiciones del TPP limitarían la competencia abierta y encarecerían los precios para los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, algo contrario al libre comercio.
El TPP gestionaría el comercio de productos farmacéuticos mediante una serie de cambios normativos aparentemente oscuros en cuestiones como la “vinculación de patentes”, la “exclusividad de datos” y los “biológicos”. En definitiva, las empresas farmacéuticas podrían ampliar de facto —a veces casi indefinidamente— sus monopolios sobre medicamentos patentados, mantener fuera del mercado a los genéricos más baratos y bloquear a los competidores “biosimilares” que pretendan introducir nuevos medicamentos durante años. Así gestionará el TPP el comercio para la industria farmacéutica si Estados Unidos se sale con la suya.
De manera similar, considérese cómo Estados Unidos espera utilizar el TPP para gestionar el comercio de la industria tabacalera. Durante décadas, las tabacaleras con sede en Estados Unidos han recurrido a los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado creados por acuerdos como el TPP para combatir normativas destinadas a frenar la lacra para la salud pública que representa fumar. Con estos sistemas de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), los inversores extranjeros obtienen nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitrajes privados vinculantes por normativas que, a su juicio, reducen la esperada rentabilidad de sus inversiones.
Los intereses corporativos internacionales presentan el ISDS como algo necesario para proteger los derechos de propiedad allí donde falta el Estado de derecho y los tribunales no son fiables. Pero ese argumento es un despropósito. Estados Unidos busca el mismo mecanismo en un megaacuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, aunque apenas hay dudas sobre la calidad de los sistemas jurídicos y judiciales europeos.
Es cierto que los inversores, sea cual sea su país de origen, merecen protección frente a la expropiación o a normativas discriminatorias. Pero el ISDS va mucho más allá: la obligación de indemnizar a los inversores por la pérdida de beneficios esperados puede aplicarse, y así se ha hecho, incluso cuando las normas no son discriminatorias y los beneficios proceden de causar daños públicos.
Philip Morris International litiga actualmente casos de este tipo contra Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven advertencias sanitarias. Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, renunció hace unos años a introducir una advertencia igualmente eficaz.
Dado el velo de secretismo que rodea las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco quedará excluido de algunos aspectos del ISDS. En cualquier caso, el problema de fondo sigue en pie: estas disposiciones dificultan que los gobiernos desempeñen sus funciones básicas, como proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y salvaguardar el medio ambiente.
Imagínese lo que habría ocurrido si estas disposiciones hubieran estado vigentes cuando se descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar a los fabricantes y obligarlos a indemnizar a quienes habían resultado perjudicados, con el ISDS los gobiernos habrían tenido que pagar a los fabricantes para no matar a sus ciudadanos. Los contribuyentes habrían sufrido un doble golpe: primero para pagar los daños sanitarios causados por el amianto, y después para indemnizar a los fabricantes por sus beneficios perdidos cuando el gobierno intervino para regular un producto peligroso.
No debería sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de Estados Unidos produzcan un comercio gestionado y no libre. Esto es lo que ocurre cuando el proceso de elaboración de políticas se cierra a las partes interesadas que no son empresariales, por no hablar de los representantes electos del pueblo en el Congreso.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a las opiniones expresadas.
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Autor: Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía y catedrático universitario en la Universidad de Columbia. Adam S. Hersh, economista sénior del Instituto Roosevelt y académico visitante de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de la Universidad de Columbia.
Imagen: Un buque portacontenedores zarpa. REUTERS/Andy Clark.
