Los tratados, los convenios regionales, el derecho internacional y el derecho nacional carecen prácticamente de sentido en los Estados frágiles que salen de un conflicto porque no existen mecanismos ni instituciones que garanticen su aplicación. La gobernanza coordinada reconoce esto. Cuando, no obstante, existe un objetivo acordado, como el derecho de los pobres a contar con asistencia letrada, los actores locales e internacionales, privados y públicos, deben alinear sus esfuerzos conforme a normas fundamentales —en este caso, la transparencia— para alcanzar ese objetivo.
El caso de la International Legal Foundation (ILF) constituye un buen ejemplo de la necesidad de una gobernanza coordinada para lograr resultados reales en estas condiciones.
En 2002, la ILF fue la única ONG internacional que ofreció al Gobierno de Afganistán conocimientos especializados y asistencia para crear un sistema de defensoría pública que prestara servicios de defensa penal de calidad a los pobres. Dado que la ILF recibía fondos de filántropos privados y ningún fondo de donantes se desviaba del gobierno, el ministro de Justicia aceptó su asistencia.
Durante los primeros tres años, los abogados de la ILF convencieron a los jueces de Afganistán de aplicar la ley tal como estaba escrita, y no como se «practicaba». El coste de prestar servicios de defensa penal a los pobres representa una fracción del coste de construir una fuerza policial, construir prisiones o formar jueces; y, a medida que se reconocía la importancia y la calidad del trabajo de la ILF, los donantes bilaterales comenzaron a financiarlo. Pronto, nuevas ONG y ONGI se sumaron a la defensa penal, financiadas de manera ad hoc por donantes bilaterales. Nunca se debatió el coste y la coordinación era inexistente.
En 2012, la ILF había crecido hasta contar con 70 abogados, una plantilla de 200 personas, 14 oficinas en Afganistán y un presupuesto anual de US$ 2 millones, y el Banco Mundial empezó a estudiar la posibilidad de financiar el programa de la ILF a través del Ministerio de Justicia. Hasta ese momento, ningún otro proveedor había mostrado interés en trabajar con el Ministerio, pero tampoco se había debatido el monto de la financiación que recibía la ILF.
Las cosas cambiaron cuando la ILF firmó finalmente un contrato con el Ministerio de Justicia y el monto del contrato se hizo público. Los proveedores que antes no habían mostrado interés en trabajar con el Ministerio comenzaron a presionar en contra del contrato. La presión política sobre el Ministerio desató rumores de corrupción y este se retiró del acuerdo; la ILF quedó sin financiación y los pobres acusados de un delito se quedaron sin representación.
El Banco Mundial y los donantes bilaterales eran un elemento clave de la gobernanza en este contexto. Una buena gobernanza exigía que su proceso de contratación fuera transparente. En este caso, la falta de transparencia socavó la estabilidad y la legitimidad de la ILF-A, así como del Ministerio de Justicia y su capacidad para prestar servicios de defensa de calidad a los pobres.
Autora: Natalie Rea es fundadora y directora ejecutiva de International Legal Foundation, Estados Unidos.
Imagen: Un hombre sube una colina en la ciudad de Kabul REUTERS/Mohammad Ismail
