El debate en torno al futuro del euro ha dado lugar a amplias discusiones sobre las fortalezas y debilidades del sistema de moneda única.
Por un lado del debate se encuentran personas como el economista premiado con el Nobel Paul Krugman, quienes sostienen que los defectos estructurales de la unión monetaria contribuyen a atrapar a las economías más débiles en un ciclo recesivo, en el que las perturbaciones económicas provocan caídas de salarios y desempleo, lo que deprime aún más la actividad.
Otros, como Martin Sandbu, del Financial Times, sugieren que los escépticos no entienden que el euro fue, ante todo, un proyecto político y no económico, y que sus debilidades son resultado de los compromisos necesarios para ganar y mantener el apoyo de la ciudadanía en los Estados miembros. Para Sandbu, los beneficios políticos de una moneda única son mayores que las tensiones económicas que genera.
Una moneda única necesita tres elementos, en mayor o menor medida, para funcionar:
Un banco central independiente
Una unión bancaria
Unión política o fiscal
¿Cómo se sitúan las zonas del euro frente a cada uno de estos elementos?
Banco central independiente
Lo primero que resulta absolutamente necesario para mantener una unión monetaria es un banco central con un mandato de los Estados miembros para garantizar la estabilidad de precios, pero con un consejo independiente que tenga libertad para lograrlo sin injerencias políticas.
En la práctica, el papel de un banco central dentro de una unión monetaria incompleta (por ejemplo, aquella en la que existe una moneda común pero no una unión política o fiscal, como la eurozona) es extremadamente difícil. No solo tiene que lidiar con la divergencia económica dentro de la unión monetaria, con países que crecen o se contraen a ritmos distintos, sino que también debe tener en cuenta las diferentes reacciones fiscales de los Estados miembros (es decir, cómo los gobiernos utilizan sus propios balances para responder a las circunstancias).
Esto significa que los tipos de interés fijados por dicho banco central suelen ser demasiado bajos para las economías de crecimiento rápido dentro de la unión, y/o demasiado altos para las más rezagadas. Esto tiene el efecto de avivar el crecimiento en países que ya muestran un desempeño sólido, al tiempo que frena las recuperaciones en los Estados dañados.
Como señaló el economista Maury Obstfeld, quien sucederá a Olivier Blanchard como economista jefe del Fondo Monetario Internacional más adelante este año, en un artículo de 1997:
Si un país sufre una caída económica mientras el crecimiento se mantiene sólido en otros lugares, su moneda no puede depreciarse para reducir sus precios relativos y estimular la demanda, ni puede devaluarse … Si la caída local es persistente, el país sufrirá un episodio prolongado de desempleo por encima del promedio de la UEM. El desempleo elevado persistirá mientras el nivel de precios nacional caiga, y la limitada capacidad de la mano de obra para migrar a otros países de la eurozona alargará el proceso de ajuste.
Por supuesto, su tarea se complica aún más por los distintos tamaños de los Estados miembros. Por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) tiene muchas más probabilidades de fijar tipos de política adecuados para grandes economías de la eurozona, como Alemania y Francia, que de establecer una política para países más pequeños, como Grecia o Portugal.
Así, la contrapartida de contar con un banco central plenamente independiente con mandato de estabilidad de precios es que debe mostrarse igualmente indiferente ante las súplicas particulares de cada Estado miembro. Según la gravedad de la necesidad (la situación actual de Grecia, por ejemplo), esto puede dar lugar a fuertes críticas.
Unión bancaria
Para salvaguardar el mandato de estabilidad de precios del banco central es fundamental romper el vínculo entre los bancos y los Estados miembros, de modo que las crisis bancarias no deriven en crisis de deuda soberana (y viceversa).
No solo eso, sino que también es clave para garantizar que el fracaso de un banco no provoque un contagio transfronterizo, ya que las dudas sobre la estabilidad de las instituciones paralizan el préstamo interbancario, desencadenan una huida de depósitos y provocan impagos en cascada.
Como lo expresó el FMI en un artículo de 2013:
Trasladar la responsabilidad sobre el posible apoyo financiero y la supervisión bancaria a un nivel compartido puede reducir la fragmentación de los mercados financieros, frenar la huida de depósitos y debilitar el círculo vicioso de aumento de los costes de financiación soberana y bancaria. En régimen estacionario, un marco único debería garantizar un nivel uniformemente alto de confianza y supervisión, reducir las distorsiones nacionales y mitigar la acumulación de riesgos concentrados que compromete la estabilidad sistémica.
En efecto, esto significa establecer un régimen regulador bancario supranacional (un mecanismo único de supervisión), respaldado por un sistema común para liquidar de forma ordenada las entidades financieras en quiebra (un mecanismo único de resolución). Ambos deben estar respaldados por un fondo de estabilidad financiera de ámbito de toda la unión que pueda utilizarse para recapitalizar bancos, con el fin de evitar que las crisis de liquidez se conviertan en crisis de solvencia y de contener el contagio dentro del sistema financiero en general.
Una garantía de depósitos centralizada ayudaría a evitar que los depositantes retiren sus fondos ante la incertidumbre en torno a las entidades con dificultades.
Se consideran pasos cruciales para garantizar la estabilidad financiera y evitar que los reguladores nacionales se desentiendan de los problemas transfronterizos que, en última instancia, pueden plantear riesgos sistémicos. Esto se hizo más evidente durante la crisis del euro, cuando el préstamo bancario transfronterizo de países centrales, como Alemania y Francia, hacia la periferia provocó fuertes acumulaciones de deuda en esta última, lo que dejó a ambas partes vulnerables ante contratiempos económicos.
Lograr una unión bancaria, sin embargo, implica que los miembros de una unión monetaria acuerden asumir colectivamente el riesgo de sus bancos, así como ceder la responsabilidad de supervisión de los sistemas bancarios nacionales a organismos supranacionales. Así, en cierta medida, supone renunciar a una parte de la soberanía.
Para los países acostumbrados a una relación estrecha entre los bancos y el Estado, esto podría ser motivo de preocupación (por ejemplo, para aquellos que en el pasado han escapado de crisis de deuda pública mediante la represión financiera). Además, existen temores de que vincular a los países mediante la mutualización de los pasivos bancarios, antes de asegurar que se encaminan hacia una convergencia económica a largo plazo, pueda significar que los riesgos asumidos sean asimétricos (es decir, que algunos países de la unión monetaria asumirían más riesgo que otros).
Unión política/fiscal
El punto más controvertido en los debates sobre las estructuras óptimas de las uniones monetarias es si requieren una integración política y fiscal plena. Con ello, la gente se refiere al establecimiento de un órgano legislativo a escala de toda la unión, como un parlamento, con capacidad para imponer transferencias financieras entre los Estados miembros.
Un sistema federal de este tipo se implantaría con mayor facilidad en áreas que ya tienen una alta movilidad laboral y unas instituciones del sector público similares, tanto en las tareas que realizan como en la eficiencia con la que las llevan a cabo. Sin embargo, cuando una moneda común se implanta en un conjunto de Estados nacionales con una larga historia de relaciones conflictivas entre sí y con diferencias culturales, políticas e institucionales significativas.
Además, dadas las diferentes circunstancias sociales y económicas a las que se enfrenta cada Estado miembro, incluso dentro de una estructura federal, puede resultar óptimo concederles cierto grado de autonomía en el gasto. Sin embargo, si una unión fiscal implica una plena asunción compartida de riesgos entre los Estados miembros, esa autonomía debe limitarse para evitar una toma de riesgos excesiva (por ejemplo, un fuerte endeudamiento público de un Estado) que imponga grandes pasivos a los contribuyentes de los demás miembros.
Estados Unidos resolvió este problema permitiendo a los legisladores estatales fijar las prioridades de gasto, pero exigiéndoles que presentaran presupuestos equilibrados. En otras palabras, la mutualización de los pasivos recae en el gobierno federal.
Pero ese no es el único modelo posible. Otra forma de lograr un acuerdo estable consiste en exigir a los Estados miembros que cumplan criterios estrictos de convergencia económica que limiten sus déficits presupuestarios y su ratio deuda/PIB. Si todos los Estados de una unión monetaria pueden ser obligados a mantenerse dentro de esos límites, el grado de asistencia a nivel federal que se requerirá en tiempos normales debería, en teoría, ser mínimo.
Todas estas opciones exigen una erosión significativa de la soberanía y, de hecho, de la rendición de cuentas de los gobiernos nacionales ante sus votantes locales. Además, los argumentos tradicionales suelen asumir que la convergencia económica dará lugar a una convergencia institucional política, una afirmación que la experiencia real de las uniones monetarias existentes aún no ha demostrado.
En cambio, la realidad parece ser que la causalidad va en la dirección contraria: la política tanto impulsa como limita el grado en que puede alcanzarse cada aspecto de la integración. Así, si existe voluntad política suficiente para garantizar su supervivencia, incluso las monedas únicas más defectuosas pueden superar lo que parecen crisis existenciales, pero cuando esa voluntad falla, ni siquiera un área monetaria óptima es probable que se sostenga.
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Autor: Tomas Hirst es director editorial y cofundador de la revista Pieria y anteriormente fue editor encargado de contenidos digitales en el Foro Económico Mundial. Su trabajo ha aparecido en The Times, The Guardian, Prospect Magazine, Financial Times y Quartz.
Imagen: Un empleado cuenta billetes de euro en la sede central del Banco de Taiwán en Taipéi, el 10 de mayo de 2010. Los responsables de políticas a nivel mundial pusieron en marcha un paquete de rescate de emergencia por valor de unos $1 billón para estabilizar los mercados financieros mundiales e impedir que la crisis de la deuda griega destruyera la moneda euro. REUTERS/Pichi Chuang
