Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
En lo que respecta al cambio climático, el mundo ha llegado a un punto sin retorno. Puede sonar alarmante, pero es precisamente donde debemos estar: al no poder seguir volviendo sobre viejos caminos, debemos trazar con determinación nuestro rumbo futuro.
Un primer paso importante llegará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), en París, en noviembre y diciembre, donde los líderes mundiales acordarán el acuerdo internacional más importante sobre gobernanza climática en más de 20 años. Sin embargo, aún quedan decisiones importantes por tomar para trazar el rumbo hacia una economía dinámica y baja en carbono, capaz de sostener a largo plazo a una población mundial que crece rápidamente y es cada vez más próspera.
Dado que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos de todo el mundo reconocen por fin la naturaleza universal del cambio climático, las perspectivas para la conferencia de este año son sustancialmente más positivas que antes del último intento de alcanzar un acuerdo global integral, en la cumbre de Copenhague de 2009 (COP 15). Es cierto que el desafío que se avecina es tan amplio como complejo; pero cada vez resulta más claro que la transición hacia una economía baja en carbono generará beneficios económicos considerables.
Pensemos en la urbanización. En los próximos 15 años, se prevé que las ciudades del mundo crezcan de forma notable y que alberguen al 60 % de los 8.500 millones de personas del planeta. La forma en que se diseñen estas ciudades será determinante tanto para el medio ambiente como para la economía.
La diferencia entre Atlanta y Barcelona es un ejemplo ilustrativo. Las dos ciudades tienen un número similar de habitantes, pero las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el transporte en Atlanta superan en seis veces las de Barcelona. Una razón clave de ello es la expansión urbana descontrolada: con una superficie urbanizada casi 12 veces mayor que la de Barcelona, Atlanta favorece implícitamente el uso generalizado del vehículo privado, lo que aumenta las emisiones, la congestión y la contaminación del aire.
Las ciudades compactas y bien conectadas, con sistemas de transporte público eficientes –ciudades como Barcelona–, son más saludables y sostenibles. Además, la Comisión Global sobre Economía y Clima estima que estas ciudades podrían reducir las necesidades de capital para la infraestructura urbana en más de 3 billones de dólares durante los próximos 15 años.
Estos mapas ilustran ejemplos típicos de expansión urbana dispersa y de crecimiento inteligente (Campoli and MacLean 2002; Hartzell 2013)
Los avances tecnológicos de vanguardia –en energías renovables y en vehículos híbridos o eléctricos, por ejemplo– serán indispensables para construir estas ciudades (y, de forma más amplia, una economía limpia y eficiente). Aunque aún queda mucho por investigar, estas tecnologías son cada vez más accesibles. Sin embargo, para lograr el cambio, los intereses creados son un rival formidable.
Trastocar el statu quo no será tarea fácil. Como advirtió recientemente el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, cuando el mundo tome medidas serias para frenar el cambio climático –como se espera que haga este diciembre–, grandes volúmenes de activos vinculados a los combustibles fósiles quedarán varados. El hecho de que esos activos constituyan un tramo clave de muchas carteras de inversión es una realidad ineludible, no un motivo para reconsiderar.
Afortunadamente, la conciencia pública sobre los efectos del consumo de combustibles fósiles está creciendo. A nivel macro, la Organización Mundial de la Salud revisó recientemente su estimación del número de muertes prematuras debidas a la contaminación del aire, que asciende a siete millones al año. A nivel micro, las mascarillas que se usan habitualmente en ciudades muy contaminadas, como en China, son una señal visible de la necesidad de cambio.
Otro desafío surge de la naturaleza global del cambio climático. Se trata de un clásico problema de bienes públicos: en principio, a cada país le conviene no actuar mientras el resto del mundo sí lo hace. A agravar aún más el desafío contribuye el hecho de que los beneficios de las acciones emprendidas hoy se materializan en un futuro lejano.
También en este terreno, el cambio en la percepción del cambio climático ofrece nuevas esperanzas de progreso. Impulsados por una mayor conciencia pública y por las crecientes pruebas de que las economías nacionales pueden obtener beneficios netos de las políticas de mitigación del cambio climático, los gobiernos de todo el mundo se comprometen a hacerlo y llevan esos compromisos a foros multilaterales.
Hasta ahora, 155 países –entre ellos grandes emisores– han presentado ante la ONU planes que describen sus “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (INDC) en la lucha contra el cambio climático. India, el tercer mayor emisor del mundo, se ha comprometido a reducir su intensidad de emisiones entre un 33 % y un 35 % con respecto a los niveles de 2005, y a generar el 40 % de su energía a partir de fuentes no fósiles para 2030. Brasil promete que sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 serán un 37 % inferiores a las de 2005, y un 43 % inferiores para 2030. Y la Unión Europea se ha comprometido a una reducción mínima de emisiones del 40 % con respecto a los niveles de 1990.
Quizá lo más importante sea que Estados Unidos y China –los dos mayores emisores del mundo, que en conjunto representan más de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero– hayan dado por fin un paso al frente, anunciando compromisos climáticos concretos en una declaración conjunta el año pasado. Esto imprimió un impulso significativo a los esfuerzos climáticos mundiales. El mes pasado, el presidente chino, Xi Jinping, dio un paso más allá al comprometerse a establecer, para 2017, un mercado nacional que fije los precios de las emisiones de CO2.
El documento firmado en París será el primer tratado de una nueva era. Su estructura de gobernanza híbrida –que combina elementos de arriba hacia abajo (principalmente en el seguimiento y la verificación) con compromisos de abajo hacia arriba (las INDC voluntarias)– es revolucionaria, ya que nos permite evitar el estancamiento que suele caracterizar a los procesos de gobernanza multilateral a gran escala. Este nuevo modelo ya ha contribuido a fomentar la participación nacional y a reforzar la transparencia, al publicarse abiertamente las políticas nacionales en el sitio web de la CMNUCC.
Pero queda sin resolver una cuestión crucial: ¿cómo podemos garantizar que estos compromisos individuales y voluntarios sumen una solución colectiva a un problema global? Los cálculos actuales indican que, si se aplican las INDC presentadas, que cubren casi el 90 % de las emisiones mundiales, el calentamiento global probablemente seguirá superando los 2 °C (3,6 °F), umbral a partir del cual se desencadenarían las consecuencias más catastróficas del cambio climático.
Es, por tanto, fundamental que los negociadores de París trabajen juntos para determinar cómo intensificar la ambición de las políticas. En este punto sin retorno, debemos vincular los planes nacionales con los objetivos globales y, de ese modo, asegurar que avancemos en la dirección correcta.
La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
Para mantenerse al día con la Agenda suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Javier Solana es actualmente presidente del ESADE Center for Global Economy and Geopolitics, miembro distinguido del Brookings Institution y miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Europa del Foro Económico Mundial.
Imagen: Vista de la sede de una empresa francesa en Courbevoie, a las afueras de París. REUTERS.
