¿Cómo podemos acabar con la esclavitud moderna?

¿Cómo podemos acabar con la esclavitud moderna?
Este contenido ha sido traducido automáticamente con IA.

Este artículo se publica en colaboración con Thomson Reuters Foundation trust.org

La fuerza de la ley es la mejor manera de acabar con la esclavitud moderna, al llevar ante los tribunales casos estratégicos que pueden cambiar las prácticas de las empresas o las políticas gubernamentales, afirmaron el martes expertos que buscan erradicar el problema en las cadenas de suministro corporativas.

Este litigio estratégico contribuyó con éxito a poner fin a la trata de esclavos británica hace 250 años, lo que hizo ilegal la esclavitud en Gran Bretaña.

Para ayudar a acabar hoy con la esclavitud, los abogados y las ONG deben crear una red internacional que utilice la ley para castigar y disuadir a los traficantes de personas, según los expertos.

“El litigio estratégico puede ser un catalizador de un cambio genuino y duradero”, afirmó Nick Grono, director de Freedom Fund, una iniciativa internacional de lucha contra la esclavitud, en un comunicado.

“Puede … obligar a la acción del Gobierno, impulsar la reforma legal, castigar a los autores y exigir a las empresas que pongan fin a los abusos o los prevengan”, añadió.

Ya se dan algunos casos de este tipo.

En Nueva Zelanda, los litigantes obtuvieron órdenes judiciales para incautar barcos pesqueros que presuntamente utilizaban mano de obra esclava en aguas neozelandesas.

“Este es un enfoque realmente innovador porque obliga al explotador a sentarse a la mesa”, declaró Grono en una entrevista.

“Si un pescador presenta una demanda ante un tribunal neozelandés contra una empresa (pesquera), probablemente la ignorará. Pero si confiscas su barco, que vale varios millones de dólares, mientras se resuelve la acción judicial, de repente la atención se multiplica”, añadió Grono.

Otro caso en Estados Unidos acabó con la quiebra de una empresa acusada de trata de personas. La corporación había traído a cientos de trabajadores de India para reparar astilleros tras el huracán Katrina.

El caso se resolvió con un acuerdo de indemnización de 20 millones de dólares para los trabajadores.

Freedom Fund y el Human Trafficking Pro Bono Legal Center, con sede en Estados Unidos, quieren crear una red de abogados y ONG para compartir sus experiencias y fomentar mejores prácticas de litigio contra la esclavitud, según Grono.

Casi 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso, que genera unos 150.000 millones de dólares al año en beneficios ilícitos, según la Organización Internacional del Trabajo.

Pese a la magnitud del delito, en gran medida queda impune. En 2014 hubo solo 10.051 enjuiciamientos en todo el mundo, según el Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Los Estados han fracasado estrepitosamente a la hora de enjuiciar el trabajo forzoso”, afirmó Martina E. Vandenberg, presidenta y fundadora del Human Trafficking Pro Bono Legal Center, organización que vincula a las víctimas de trata con abogados que trabajan de forma pro bono, en el comunicado conjunto.

“Los traficantes de personas disfrutan de una impunidad casi absoluta por sus crímenes … Con millones de personas sometidas a servidumbre en todo el mundo, los abogados de derechos humanos deben actuar”, añadió.

Grono afirmó que el resultado más eficaz de los litigios selectivos sería una mayor presión sobre las empresas para que cambien su comportamiento.

“No somos ingenuos al respecto, pero a medida que las empresas son más conscientes de los mayores riesgos que rodea este problema, dedicarán más atención a estas cuestiones, y eso puede mejorar las prácticas al margen de los litigios.”

La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.

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Autor: Alex Whiting se incorporó al equipo editorial de la Fundación Thomson Reuters en julio de 2005, centrado en conflictos y crisis humanitarias, derechos de la mujer y corrupción.

Imagen: Balanzas de la justicia en el Parlamento de Bretaña, en Rennes, en el oeste de Francia. REUTERS/Stephane Mahe.

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