En 1923, John Maynard Keynes abordó una cuestión económica fundamental que sigue siendo válida hoy. «[L]a inflación es injusta y la deflación es inconveniente», escribió. «De las dos, quizá la deflación sea… la peor, porque es peor… provocar desempleo que decepcionar al rentista. Pero no es necesario que sopesemos un mal frente al otro».
La lógica del argumento parece irrefutable. Como muchos contratos son «rígidos» (es decir, no se revisan con facilidad) en términos monetarios, tanto la inflación como la deflación perjudicarían a la economía. El aumento de los precios reduce el valor de los ahorros y las pensiones, mientras que su caída reduce las expectativas de beneficios, fomenta el acaparamiento y aumenta la carga real de la deuda.
La máxima de Keynes se ha convertido en la sabiduría dominante de la política monetaria (una de las pocas suyas que han perdurado). Según la opinión convencional, los gobiernos deberían aspirar a la estabilidad de precios, con un ligero sesgo hacia la inflación para estimular los «espíritus animales» de empresarios y compradores.
En los diez años anteriores a la crisis financiera de 2008, los bancos centrales independientes fijaron una meta de inflación de alrededor del 2%, con el fin de proporcionar a las economías un «ancla» de estabilidad de precios. No debería esperarse que los precios se apartaran de la meta, salvo temporalmente. Así se eliminaría de los cálculos empresariales la incertidumbre relacionada con la evolución futura de los precios.
Desde 2008, la Junta de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no han alcanzado la meta de inflación del 2% en ningún año; el Banco de Inglaterra (BoE) solo la ha alcanzado en uno de cada siete años. Además, en 2015 se prevé que los precios caigan en Estados Unidos, la eurozona y el Reino Unido. Entonces, ¿qué queda del ancla de inflación? ¿Y qué implican las caídas de precios para la recuperación económica?
Lo primero que hay que tener presente es que el «ancla» siempre fue tan endeble como la teoría monetaria en que se basaba. El nivel de precios en un momento dado es el resultado de muchos factores, entre los cuales la política monetaria quizá sea el menos importante. Hoy, el desplome del precio del petróleo crudo probablemente sea el factor más significativo que impulsa la inflación por debajo de la meta, del mismo modo que en 2011 fue el aumento de los precios del petróleo lo que la llevó por encima de ella.
Como señaló el economista británico Roger Bootle en su libro de 1996, The Death of Inflation, los efectos de la globalización que reducen los precios han influido mucho más en el nivel de precios que las políticas antiinflacionarias de los bancos centrales. De hecho, la experiencia de la flexibilización cuantitativa posterior a la crisis ha puesto de relieve la relativa impotencia de la política monetaria para contrarrestar la tendencia deflacionaria mundial. De 2009 a 2011, el BoE inyectó 375.000 millones de libras (578.000 millones de dólares) en la economía británica «para devolver la inflación a la meta». La Fed inyectó 3 billones de dólares durante un período algo más largo. Lo máximo que puede afirmarse de esta enorme expansión monetaria es que produjo un «repunte» temporal de la inflación.
Se aplica el viejo dicho: «Se puede llevar un caballo al agua, pero no obligarlo a beber». No se puede obligar a la gente a gastar dinero si tiene buenos motivos para no hacerlo. Si las perspectivas empresariales son débiles, es improbable que las compañías inviertan; si los hogares se ahogan en deudas, es improbable que se lancen a gastar sin medida. El BCE está a punto de descubrirlo cuando ponga en marcha su propio programa de expansión monetaria de 1 billón de euros para estimular la estancada economía de la eurozona.
Entonces, ¿qué ocurre con la recuperación si caemos en lo que eufemísticamente se denomina «inflación negativa»? Hasta ahora, la opinión consensuada ha sido que esto perjudicaría la producción y el empleo. Keynes explicó por qué en 1923: «el hecho de que los precios caigan», escribió, «perjudica a los empresarios; por consiguiente, el temor a la caída de los precios los lleva a protegerse reduciendo sus operaciones».
Sin embargo, muchos comentaristas se han mostrado alentados por la perspectiva de una caída de los precios. Distinguen entre «desinflación benigna» y «mala deflación». La desinflación benigna significa un aumento de los ingresos reales para prestamistas, pensionistas y trabajadores, y una caída de los precios de la energía para la industria. Todos los sectores de la economía gastarán más, lo que impulsará la producción y el empleo (y también sostendrá el nivel de precios).
En cambio, la «mala deflación» significa un aumento de la carga real de la deuda. Un deudor se compromete a pagar una suma fija de intereses cada año. Si aumenta el valor del dinero (bajan los precios), los intereses que paga le costarán más, en términos de los bienes y servicios que puede comprar, que si los precios se hubieran mantenido iguales. (En el caso inflacionario inverso, los intereses le costarán menos). Así, la deflación de precios significa inflación de la deuda; y una mayor carga de deuda implica menos gasto. Dados los enormes niveles de deuda privada y pública pendiente, la mala deflación, como escribe Bootle, «es una pesadilla casi inimaginable».
Pero ¿cómo podemos evitar que la desinflación benigna se convierta en mala deflación? Los apóstoles de la expansión monetaria creen que basta con acelerar la imprenta. Pero ¿por qué habría de tener más éxito en el futuro que en los últimos años?
Evitar la deflación —y, por tanto, sostener la recuperación económica— parecería depender de uno de dos escenarios: una rápida inversión de la caída de los precios de la energía, o una política deliberada de aumento de la producción y el empleo mediante la inversión pública (que, como efecto secundario, provocaría un aumento de los precios). Pero esto supondría revertir la prioridad otorgada a la reducción del déficit.
Nadie puede decir cuándo ocurrirá lo primero, y ningún gobierno está dispuesto a hacer lo segundo. Así que el resultado más probable es más de lo mismo: una deriva continuada en un estado de semiestancamiento.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. Su publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Robert Skidelsky, profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick y miembro de la Academia Británica en historia y economía, es miembro de la Cámara de los Lores británica.
Imagen: Billetes de un dólar estadounidense vuelan cerca de Sevilla, capital de Andalucía. REUTERS/Marcelo Del Pozo.
