Cuando un importante puente de autopista en California se derrumbó el mes pasado, el impacto en todo el suroeste de Estados Unidos volvió a evidenciar el grave problema de infraestructuras del país. De hecho, en cierto sentido, la mayor economía del mundo se está desmoronando.
Una aversión ideológica a la inversión del sector público, junto con el cortoplacismo endémico de quienes elaboran los presupuestos, ha mantenido el gasto en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, redes de telecomunicaciones y generación de energía en niveles muy por debajo de lo necesario. Y, sin embargo, el problema ya no puede ignorarse. Si Estados Unidos no actúa con rapidez para dotar a su frágil recuperación económica de una base sólida de infraestructuras modernas, podría volver a hundirse lentamente en el estancamiento.
Parece evidente que una economía desarrollada requiere una inversión adecuada y continuada en bienes públicos. Pero el estado de las infraestructuras en Estados Unidos sugiere que muchos responsables de la toma de decisiones no comparten esta opinión. Un informe de 2013 de la American Society of Civil Engineers otorgó a Estados Unidos una calificación global lamentable de D+ en infraestructuras. El informe citaba numerosas deficiencias específicas de cada estado, entre ellas las “88 presas de alto riesgo y 1.298 puentes con deficiencias estructurales” de Michigan y los “44.500 millones de dólares necesarios para modernizar los sistemas de agua potable” de California.
El informe concluye que será necesaria una inversión de 3,6 billones de dólares (aproximadamente una quinta parte del PIB anual del país) para 2020 con el fin de mejorar la calidad de las infraestructuras estadounidenses, abordando el “importante retraso acumulado en el mantenimiento pendiente [y] la acuciante necesidad de modernización”. De lo contrario, las infraestructuras en deterioro del país lastrarán el crecimiento económico durante los años venideros.
La desesperada necesidad de infraestructuras modernas de Estados Unidos ha llegado, en cierto modo, en un momento oportuno. En una etapa en la que la recuperación económica sigue siendo frágil, un programa de infraestructuras financiado con fondos públicos podría transformar de forma significativa las perspectivas de los trabajadores estadounidenses, creando nuevas oportunidades de empleo para la mano de obra poco cualificada y no cualificada.
Mientras tanto, ampliar el gasto en infraestructuras podría ofrecer una oportunidad, a menudo pasada por alto, a los inversores institucionales a largo plazo. Los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos de inversión de Estados Unidos gestionan activos combinados que suman unos 30 billones de dólares, y les ha costado encontrar inversiones que se ajusten a sus obligaciones a largo plazo. Los tipos de interés persistentemente bajos han sido especialmente difíciles para los fondos de pensiones, que se enfrentan a pasivos crecientes (calculados sobre una base descontada).
Un programa a gran escala para relanzar las infraestructuras en deterioro de Estados Unidos contribuiría en gran medida a cerrar esta brecha entre activos y pasivos, al proporcionar a los fondos de pensiones inversiones con horizontes temporales largos (y garantizar así los ingresos de los futuros jubilados), al tiempo que movilizaría capital privado en beneficio público. De hecho, los fondos de pensiones estadounidenses ya invierten en infraestructuras, pero lo hacen en Canadá, Australia, el Reino Unido y los Países Bajos.
Lamentablemente, es probable que las objeciones ideológicas y la política partidista pongan obstáculos en el camino de cualquier esfuerzo por modernizar las infraestructuras estadounidenses y crear esas oportunidades en el país. La inversión del sector público reaviva invariablemente la eterna lucha entre quienes insisten en que el gobierno debe mantenerse al margen de los esfuerzos por crear empleo y quienes creen que parte del papel del gobierno consiste en poner a trabajar los recursos humanos infrautilizados.
Una forma de evitar este cuello de botella sería que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estableciera una Comisión de Infraestructuras bipartidista encargada de encontrar soluciones al problema. Funcionaría de manera muy similar a la National Commission on Fiscal Responsibility and Reform, de carácter bipartidista, creada en 2010 para abordar los desafíos fiscales de Estados Unidos, o a las comisiones de cierre de bases militares de los años ochenta y noventa. Al repartir la responsabilidad entre los dos principales partidos del país, la comisión liberaría a sus miembros de las presiones de la política cotidiana y les permitiría concentrarse en la salud de la economía. El Congreso realizaría entonces una votación de aceptación o rechazo en bloque sobre las recomendaciones de la comisión.
Desde hace tiempo se reconoce que las infraestructuras son fundamentales para las perspectivas económicas de un país. Al descuidar las inversiones necesarias, Estados Unidos se ha colocado en una senda precaria, que podría conducir al estancamiento y al declive, algo difícil de revertir.
Hay pocos motivos para que los responsables políticos estadounidenses acepten este destino. Los tipos de interés bajos, el papel continuado del dólar como principal divisa de reserva mundial y la capacidad del sector público para aumentar el gasto hacen convincente el argumento a favor de una mayor inversión en infraestructuras. En el siglo XX, el gobierno estadounidense gastó miles de millones de dólares para reconstruir la economía europea. Su proyecto para la primera mitad de este siglo debería ser hacer lo mismo en casa.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autora: Dambisa Moyo es autora de ‘Dead Aid, Winner Take All’ y ‘How the West Was Lost’.
Imagen: El monumento a Washington, con una bandera estadounidense ondeando en primer plano, en Washington, el 22 de febrero de 2002. REUTERS/Molly Riley.
