El Sudeste Asiático necesita billones de dólares en nuevas infraestructuras durante las próximas dos décadas solo para seguir el ritmo de las tendencias actuales de urbanización. Es poco probable que la financiación pública y privada satisfaga esta demanda, lo que dejará una brecha que afectará no solo al bienestar público, sino también a la prosperidad económica.
Sin embargo, las investigaciones de McKinsey han demostrado que los gobiernos pueden mejorar considerablemente la planificación y estructuración de grandes proyectos, reducir los costes totales hasta un 40% y obtener mayores beneficios sociales y económicos de unos recursos limitados.
Los problemas asociados a una infraestructura inadecuada se sienten en toda la región. En Indonesia y Filipinas, por ejemplo, alrededor de una cuarta parte de la población sigue sin electricidad. En Indonesia, el país cuenta con unos 27 kilómetros de carreteras por cada 100 kilómetros cuadrados de terreno, frente a los 72 kilómetros de Estados Unidos y los 185 kilómetros de Alemania.
La infraestructura inadecuada afecta a la salud y el bienestar públicos y contribuye, entre otros problemas, a la contaminación atmosférica, la congestión del tráfico y la creación de barrios marginales. También es un factor clave de las debilidades económicas, como la baja productividad, la escasa movilidad y la pérdida de competitividad global.
El desafío para el Sudeste Asiático es enorme. Las investigaciones de McKinsey han demostrado, por ejemplo, que los países de la ASEAN necesitarán al menos 7 billones de dólares para nuevas infraestructuras urbanas y viviendas durante las próximas dos décadas, a fin de atender las tendencias actuales de urbanización: una cantidad aproximadamente equivalente al doble del PIB de Alemania. La estimación no incluye la inversión necesaria para mantener y restaurar las infraestructuras existentes, por lo que las necesidades reales de inversión son aún mayores. En la mayoría de los países del Sudeste Asiático, por ejemplo, más de un tercio de la población vive en viviendas de calidad inferior a la norma; en Camboya y Laos, alrededor del 80% de la población vive en barrios marginales.
Además, las investigaciones de McKinsey también han demostrado que, en muchos países bien dotados de infraestructura, el valor de esta, excluida la vivienda, equivale aproximadamente al 70% del PIB, mientras que el promedio del Sudeste Asiático ronda el 50% y sería mucho menor si se excluyera a Singapur, altamente desarrollado. Países como Indonesia, Filipinas y Vietnam tendrían que multiplicar por cinco o seis el gasto anual en infraestructura para alcanzar esos niveles, mientras que otros, como Malasia y Tailandia, tendrían que triplicar el gasto actual.
Los presupuestos nacionales carecen de fondos para cubrir estas enormes necesidades y, aunque la financiación mediante alianzas público-privadas forma parte de la solución, no basta en la región para compensar el déficit. Además, en muchas economías emergentes, incluidas las del Sudeste Asiático, los programas de infraestructura compiten por unos fondos limitados con otras prioridades nacionales, como la salud pública y la protección del medio ambiente.
En respuesta, los países del Sudeste Asiático deben actuar con más diligencia para garantizar que la inversión en infraestructura se gaste con criterio y genere el mayor beneficio público posible. A menudo, una mayor diligencia en las primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto puede ayudar a prevenir sobrecostes, retrasos y otros problemas posteriores.
Para obtener estos beneficios, los gobiernos deben abordar la planificación desde una perspectiva amplia. En la práctica, esto significa evaluar los proyectos en el contexto de una serie de objetivos gubernamentales, como la protección del medio ambiente, la calidad de vida y la sostenibilidad. Con demasiada frecuencia, los gobiernos consideran las necesidades de infraestructura proyecto por proyecto y pasan por alto el impacto general de cada proyecto en otros activos de infraestructura o, de hecho, en las políticas gubernamentales en general.
Al planificar y diseñar los proyectos, los gobiernos también deben estar atentos para evitar sesgos comunes en los programas de infraestructura. Por ejemplo, las previsiones de ahorro y uso pueden ser excesivamente optimistas. Además, los diseñadores suelen inclinarse por las nuevas construcciones, sobre todo en los grandes proyectos, en lugar de aprovechar más los activos existentes. Ambas trampas pueden generar gastos innecesarios y activos infrautilizados. McKinsey también ha constatado que reunir equipos interfuncionales de los gobiernos y los contratistas durante la fase de planificación y diseño puede evitar modificaciones que ocasionan retrasos en casi dos tercios de los proyectos.
Además, prestar una atención meticulosa a la estructura de los proyectos puede generar mejoras sustanciales. Por ejemplo, los contratos bien estructurados pueden incentivar a los contratistas a buscar las soluciones de menor coste que cumplan las especificaciones y desincentivar opciones más costosas que se propongan únicamente para evitar riesgos. La estructura también puede impulsar a los contratistas a utilizar técnicas modernas, como la prefabricación y la modularización, así como medidas de fabricación ajustada para reducir los costes. También pueden ser útiles las disposiciones para reforzar la supervisión, como las inspecciones y auditorías periódicas.
Para impulsar estas medidas, los gobiernos podrían crear un organismo independiente que evalúe cada proyecto con conocimiento y sin consideraciones políticas, y con una visión clara a largo plazo que integre toda la gama de objetivos gubernamentales. El organismo debe sentirse seguro al juzgar los proyectos por sus méritos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Chile utiliza formularios, procedimientos y métricas estandarizados para evaluar cada propuesta y ha recomendado rechazar entre el 25% y el 35% de los proyectos que ha considerado. Aunque estas evaluaciones técnicas deben ser independientes, la aprobación final debe seguir correspondiendo a los dirigentes políticos.
Sin duda, otros aspectos de la infraestructura —la financiación y la ejecución, por ejemplo— son importantes para obtener los mayores beneficios de los fondos disponibles. Pero una planificación y estructuración eficaces pueden encauzar los proyectos para evitar muchos problemas posteriores y permitir que los problemas que no se eviten se resuelvan con mayor rapidez.
Autor: Diaan-Yi Lin, socia de McKinsey, Singapur.
Imagen: Un hombre trabaja en una obra de construcción de un puente en Hanói, el 30 de diciembre de 2011. REUTERS/Kham
