En África, y de hecho en la mayoría de los países en desarrollo de todo el mundo, las industrias extractivas han suscitado mucha controversia y debate.
Aunque estas industrias traen consigo la promesa de crecimiento económico y desarrollo social, en muchos casos han contribuido, en cambio, a devastar los sistemas de gobernanza y las estructuras económicas de los países, lo que ha provocado un aumento de la pobreza en las zonas ricas en recursos.
Esto ha propiciado un aumento de las violaciones de los derechos humanos y, en ocasiones, daños irreversibles al medio ambiente. En efecto, esa promesa de transformación económica y social rara vez se ha materializado.
La historia ha sido testigo de muchos casos de saqueo de las riquezas de África; sin embargo, los responsables actuales no proceden únicamente de fuera del continente, sino que también incluyen a funcionarios y empresas africanos que no rinden cuentas. Organizaciones extranjeras colaboran con redes transnacionales ilegales que facilitan los flujos ilícitos de productos extractivos procedentes de países empobrecidos. El resultado es la persistencia de una pobreza extrema en zonas que parecen bendecidas con abundantes recursos. Esta paradoja es visible en Angola, la República Democrática del Congo (RDC), Nigeria y una docena de otras naciones africanas.
Como observó las Naciones Unidas en 2002, las empresas mineras occidentales dedicadas a los metales raros, las gemas y otros recursos han participado profundamente en el robo a gran escala y sistemático de la riqueza mineral de la RDC. Estas empresas trabajaron con una red transfronteriza de élites de países vecinos, incluidos grupos rivales de políticos, dirigentes militares y elementos criminales. Esto facilitó una economía de guerra autofinanciada centrada en la explotación de minerales.
En todo el mundo, muchos Estados han financiado su desarrollo mediante la extracción de recursos. Sin embargo, esto no ha funcionado bien en África. Según algunas estimaciones, el continente alberga hasta el 30% de las reservas minerales mundiales, y porcentajes aún mayores del oro, el platino, los diamantes y el manganeso del mundo. Las nuevas exploraciones siguen revelando reservas cada vez mayores, pero la pobreza y el subdesarrollo continúan agravándose en los Estados ricos en recursos.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2014, 18 de los 20 países peor clasificados según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) están en África, con Níger en el último puesto (187), seguido de la RDC (en el 186). Esto es consecuencia de una mala gobernanza de los recursos naturales, la corrupción, las redes transfronterizas ilegales, los flujos financieros ilícitos y el blanqueo de dinero, especialmente en la industria extractiva.
Se estima que África pierde un total de 38.400 millones de dólares estadounidenses al año por la manipulación de los precios comerciales y 25.000 millones de dólares estadounidenses por otros flujos ilícitos. Esto supera lo que África recibe en ayuda e inversión extranjera directa. Un informe conjunto del Banco Africano de Desarrollo y Global Financial Integrity concluyó que un asombroso 60-65% de estos ingresos perdidos desaparece en transacciones comerciales de empresas multinacionales.
Podría decirse que la corrupción es el principal factor que impulsa la apropiación indebida de los recursos naturales, la ineficiencia de los flujos de ingresos y los niveles extremadamente bajos de crecimiento económico en estos países en desarrollo. Se han creado comisiones anticorrupción en varios Estados africanos, pero han tenido un éxito limitado, si es que han tenido alguno, en la lucha contra la corrupción.
En la última década también se han multiplicado las iniciativas destinadas a mejorar la gobernanza del sector extractivo. Entre ellas figuran la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley de 2003; Publish What You Pay; el Revenue Watch Institute y muchas otras. La EITI, por ejemplo, ha establecido una norma mundial que exige a los países divulgar plenamente los impuestos, las regalías y otras tasas que sus gobiernos perciben del petróleo, el gas y la minería. Sin embargo, pese a estos esfuerzos mundiales, las cosas no han cambiado mucho. Aunque algunos países han ratificado iniciativas como la EITI, otros, entre ellos Kenia, aún no lo han hecho.
Existe una fuerte correlación entre las industrias extractivas, la corrupción y la fragilidad. Kenia, por ejemplo, ha sido testigo de varios casos que muestran lo que puede ocurrir cuando la corrupción está tan arraigada que las fuerzas de seguridad de una nación no pueden proteger eficazmente a su población. Esto se vio en zonas ricas en recursos, como la frontera entre Turkana y East Pokot, donde los enfrentamientos causaron más de 54 muertes, y en el reciente ataque contra el Garissa University College, en el que murieron 147 personas.
Según la clasificación del Índice de Estados Frágiles de 2014, Kenia ocupa el puesto 18 entre 178 Estados del mundo. El primer puesto de la lista lo ocupa el vecino Sudán del Sur, seguido de Somalia. Sin embargo, en el Índice de Percepción de la Corrupción, Kenia ocupó el puesto 145 de 175 países, Sudán del Sur el 171, y Somalia quedó última, en el puesto 174.
Las empresas locales e internacionales siguen declarando enormes beneficios, mientras los niveles de pobreza continúan aumentando en la mayoría de los países africanos. Esto apunta no a un talento empresarial excepcionalmente alto, sino más probablemente a una ética corporativa excepcionalmente baja. Los contratos de extracción de recursos y los pagos a autoridades y funcionarios públicos poco razonables pasan fácilmente desapercibidos. Las transacciones entre empresas de un mismo grupo también suelen carecer de supervisión y pueden convertirse en un medio para evadir impuestos. talento empresarial empresarial excepcionalmente bajo
Como primer paso, los gobiernos africanos deberían adoptar estrategias nacionales que establezcan claramente las condiciones para el desarrollo de sus recursos naturales y que tengan como objetivo reducir la pobreza y lograr un crecimiento inclusivo. Los recursos naturales deben gestionarse eficientemente y los ingresos deben distribuirse de manera justa; además, las estrategias deben centrarse en proyectos capaces de generar más empleo mediante vínculos con la economía local, e incluir el desarrollo del capital humano.
El procesamiento de los recursos naturales antes de exportarlos aportaría aún más valor y beneficios a las personas pobres. Por tanto, la inversión en el sector extractivo debería ser una prioridad para los gobiernos, a fin de garantizar que haya suficientes capacidades y capital locales para extraer, procesar y exportar estos recursos. Sobre la base de la Visión Africana de la Minería, los gobiernos deberían situar la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de sus políticas de extracción.
Este artículo se publica en colaboración con ISS Africa. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Sebastian Gatimu es investigador de la División de Gobernanza, Crimen y Justicia de ISS Nairobi.
Imagen: Se ven dos diamantes expuestos en Serendip Jewellers, en el Hatton Garden Jewellery Emporium de Londres. REUTERS/Luke MacGregor.
