Las lesiones por armas de fuego representan 2.800 millones de dólares en cargos de urgencias y hospitalarios en Estados Unidos cada año, según un estudio publicado el lunes en la revista Health Affairs.
Una persona herida de bala suele afrontar más de 5.000 dólares en gastos de urgencias, según el estudio. Si la lesión es lo bastante grave como para requerir hospitalización, el coste medio se dispara hasta casi 100.000 dólares. Además, más del 40 % de las víctimas de heridas de bala carecen de seguro para pagar la atención que reciben.
El estudio examinó ocho años de datos del Healthcare Cost and Utilization Project Nationwide Emergency Department Sample, una base de datos representativa a escala nacional sobre ingresos en los servicios de urgencias de Estados Unidos. En consonancia con otras investigaciones, constató que las víctimas estadounidenses de heridas de bala son abrumadoramente hombres (89 %), jóvenes (el 61 % tiene menos de 30 años) y pobres (más de la mitad pertenece al cuartil de ingresos más bajo).
Casi la mitad (49,5 %) de las lesiones por armas de fuego son consecuencia de una agresión por parte de otra persona. La mayoría de las lesiones restantes se producen de forma accidental (35,3 %), mientras que las intervenciones legales (tiroteos en los que participa un agente) representan el 2,4 %.
Los intentos de suicidio constituyen una proporción relativamente pequeña (5,3 %) de los casos de heridas de bala atendidos en urgencias, principalmente porque más del 80 % de los intentos de suicidio con armas de fuego acaba en muerte y las personas halladas muertas normalmente no son trasladadas al hospital.
Por este motivo, los autores subrayan que su estudio dista mucho de ofrecer un recuento completo del impacto de la violencia armada en Estados Unidos. «Los pacientes que murieron antes de llegar al hospital [...] quedaron excluidos» del estudio, escriben; también quedaron excluidos los pacientes que no buscaron tratamiento para sus heridas.
Los autores señalan varias implicaciones para las políticas públicas en su artículo. En primer lugar, los expertos saben cómo reducir el impacto de la violencia armada: los controles universales de antecedentes serían un buen comienzo. «Varios estudios han demostrado que los controles de antecedentes —en particular entre personas con enfermedades mentales, fugitivos y personas con antecedentes de delitos menores— han reducido las tasas de suicidio y homicidio», escriben los autores.
En segundo lugar, es probable que los intentos de tratar la violencia armada exclusivamente como un problema de salud mental no sean suficientes. Menos del 7 % de los pacientes del estudio tenía un trastorno de salud mental diagnosticado. Aunque ampliar el tratamiento de salud mental puede ayudar a reducir los intentos de suicidio, «tendría un impacto limitado en la carga general de las lesiones relacionadas con armas de fuego».
Por último, los responsables de las políticas públicas están agravando el problema de la violencia armada al restringir severamente la investigación sobre armas de fuego y no aplicar políticas de reducción de la violencia cuya eficacia está demostrada, como los mencionados controles universales de antecedentes.
«Aunque numerosos estudios anteriores han identificado y propuesto intervenciones eficaces para limitar la violencia relacionada con las armas de fuego», concluyen los autores, «los esfuerzos por reducir las lesiones relacionadas con armas de fuego se han visto limitados por el clima de politización en torno a la violencia armada y la falta de voluntad para aplicar de manera constante las políticas propuestas».
