Hay algo bastante apropiado en que Grecia esté en el centro de las crecientes crisis políticas y económicas de la Unión Europea. Grecia, al fin y al cabo, es la cuna histórica de la democracia y el fundamento de gran parte de lo que asociamos con la civilización occidental. Si las cosas se desmoronan en Grecia, los efectos en cadena podrían ser profundos.
Dado que Grecia representa menos del 2 % del PIB europeo, uno podría preguntarse a qué viene tanto revuelo. Si la economía griega se derrumba, serán los griegos de a pie las principales víctimas. En el muy probable caso de que Grecia no pueda o no quiera pagar sus deudas, sus acreedores sobrevivirán. Como ha señalado el periodista Martin Wolf, dos tercios de los préstamos concedidos por el FMI y la eurozona se utilizaron para respaldar las deudas pendientes de Grecia.
Como mínimo, la elección del gobierno izquierdista de Syriza significa que ya no es posible seguir como si nada. Esto quizá no sea malo. Bajo la actual campaña de austeridad inspirada por la UE, el desempleo supera el 25 % —más del 50 % entre los jóvenes— y la economía se ha contraído más de una cuarta parte respecto de su nivel anterior a la crisis. Ningún gobierno, y menos aún uno que repudia el propio sistema que provocó esta crisis nacional, podría convivir con esas cifras.
No cabe duda de que «Grecia» debe asumir parte de la responsabilidad por la situación en la que se encuentra. Los sucesivos gobiernos actuaron con gran ligereza respecto de las normas de adhesión cuando el país ingresó en la eurozona, y, como consecuencia, la economía griega pudo acumular niveles insostenibles de deuda. Pero, aunque todos los griegos quizá disfrutaran de una mejora a corto plazo de su nivel de vida, sus antiguos dirigentes políticos desempeñaron claramente un papel mayor en la creación de las condiciones previas de la crisis actual.
La pregunta ahora es si todos los griegos y el actual gobierno deberían ser considerados responsables de las acciones de una élite política que se benefició de manera desproporcionada de políticas egoístas e insostenibles. Si no hay ningún sector político en Grecia dispuesto a asumir la responsabilidad de cumplir sus obligaciones externas, ¿debería alguien obligarlos a hacerlo?
Aquí es donde los problemas de una economía pequeña y periférica empiezan a adquirir una importancia desmesurada e inesperada. Si Grecia puede «salirse con la suya» con una conducta irresponsable, ¿alentará esto una reacción en cadena entre poblaciones igualmente endeudadas y cansadas de la austeridad en España, Italia y otros lugares?
Hay dos preguntas distintas, pero interconectadas, sobre la crisis europea que ayudarán a determinar su desenlace. Primero, ¿es sostenible, desde el punto de vista normativo o técnico, la afirmación de que hay que obligar a Grecia a asumir la responsabilidad por sus faltas?
Sigue sin resolverse el debate sobre las ventajas de la austeridad frente a un mayor estímulo económico, un debate que se refleja en la adopción simultánea por parte de la propia UE de la expansión cuantitativa, mientras insiste en que los deudores cumplan sus obligaciones. En tales circunstancias, obligar a los griegos de a pie a caer aún más en la miseria parece insensible y potencialmente contraproducente.
La segunda pregunta se refiere al papel del hegemón de facto de Europa. ¿Dejarán la aversión visceral de Alemania a la irresponsabilidad fiscal y el desprecio cada vez más generalizado por la irresponsabilidad griega poco margen para el compromiso? Sean cuales sean las opiniones privadas de Angela Merkel al respecto, a su gobierno quizá le resulte difícil adoptar una postura indulgente ante los errores de Grecia.
Es la ubicación de Grecia en la arquitectura política y económica de la UE lo que hace que esta crisis sea tan novedosa e importante. Tanto si se está de acuerdo con el análisis de la crisis de Syriza y con su propuesta para restablecer cierto grado de prosperidad en Grecia como si no, ¿tiene realmente el nuevo gobierno la autonomía, la autoridad o, más importante aún, la capacidad de hacer algo al respecto? Una cosa es votar por el cambio; otra muy distinta, llevarlo a la práctica.
La realidad es que, mientras Grecia siga siendo miembro de la UE, tendrá que negociar con instituciones como el Banco Central Europeo (BCE). Por su parte, el BCE debe tomar en serio los deseos de los dirigentes de la economía más poderosa de Europa. En tales circunstancias, la autonomía nacional de los pequeños, los débiles y los dependientes es, en el mejor de los casos, una realidad negociada y condicionada, a pesar de toda la fanfarronería y bravata de Syriza.
Por supuesto, existe la opción nuclear: que Grecia abandone la eurozona o sea expulsada de ella, y quizá también de la propia UE. Pero esto casi con certeza garantizaría la devastación económica de Grecia. Desde que el nuevo gobierno llegó al poder, se calcula que se retiran 1.000 millones de euros de las cuentas bancarias griegas cada día.
Aunque esto sería devastador para Grecia, el resto de la UE también podría correr riesgos de una forma que desmiente la importancia económica de Grecia. La posibilidad de una desintegración de la eurozona e incluso quizá de la propia UE volvería a estar sobre la mesa.
A pesar de su falta de autoridad y poder convencionales, de todos sus problemas y de su estatus disminuido, la paradójica realidad es que Grecia es más que una mera amenaza simbólica para el orden europeo.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Marc Beeson es profesor de Política Internacional en la Universidad de Australia Occidental.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea (UE) ondea frente al monumento del Partenón, en la colina de la Acrópolis, en Atenas. REUTERS/John Kolesidis.
