Tras la crisis financiera, el tema de las Cadenas de Valor Globales (CVG), es decir, la forma en que distintos procesos empresariales se distribuyen por todo el mundo, desde el diseño de un producto hasta su fabricación y venta, ha cobrado una atención creciente en los círculos de políticas públicas. De hecho, el propio Foro Económico Mundial ha publicado un importante estudio sobre el tema.
El nuevo interés por las CVG refleja, en muchos sentidos, un cambio fundamental en la forma en que las empresas buscan innovar, fabricar, vender y prestar servicio posventa a sus productos. Hace treinta años, la mayor parte del comercio se regía por un modelo de “producir aquí, vender allí”. Las cosas han cambiado y, hoy en día, la industria se orienta hacia un modelo de producción “en el mundo, para el mundo”. Impulsadas por la necesidad comercial de estar más cerca de sus clientes, muchas empresas consideran cada país como un posible lugar donde innovar, fabricar y prestar servicios, y hacerlo de forma integrada a escala mundial.
Este cambio revolucionario en las CVG tiene un impacto igualmente profundo en la política comercial. La atención que antes se centraba en las normas comerciales tradicionales (aranceles, cuotas y similares) se ha desplazado ahora hacia las normas que regulan la inversión extranjera y las regulaciones de “detrás de la frontera”.
Si se dejan únicamente a las fuerzas del mercado, cuatro factores deberían determinar las decisiones de inversión: el tamaño del mercado; la calidad de la infraestructura física habilitante; la calidad de la infraestructura humana; y el entorno regulatorio y jurídico. Estos factores deberían impulsar a los gobiernos que buscan inversión extranjera a aplicar políticas fiscales y monetarias sólidas, invertir en su población e infraestructura, y construir instituciones políticas, jurídicas y judiciales duraderas y transparentes.
Lamentablemente, desde la crisis financiera, observamos un número creciente de políticas que buscan distorsionar las decisiones de inversión y sesgar el comercio internacional.
Muchas de estas normas que distorsionan la inversión se engloban en una de las siguientes categorías:
Restricciones a la IED en determinados sectores
limitaciones a la circulación de capital, tecnología, personas u otros recursos
transferencia forzosa de tecnología
requisitos de contenido local
limitaciones a la disponibilidad de materias primas
subvenciones para incentivar la inversión
Adoptadas con el aparente y benigno propósito de apoyar el empleo y el desarrollo económico, estas políticas resultan, en última instancia, económicamente insostenibles y perjudican a los consumidores, las empresas y los países.
Los gobiernos han tratado de abordar el desafío de las normas que distorsionan la inversión mediante negociaciones bilaterales, litigios en la OMC y negociaciones comerciales regionales. Un canal alentador para hacer frente a esta tendencia es la pendiente negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que abarca 11 países, entre ellos varios de Asia Oriental.
Confío firmemente en que el acuerdo ofrezca a las empresas un entorno operativo mejorado mediante:
el fortalecimiento de las disciplinas en materia de contratación pública, incluida la eliminación de los requisitos de contenido local que resulten descalificadores;
garantizar la igualdad de condiciones con las empresas públicas;
promover una mayor transparencia;
promover un despacho de mercancías más sencillo y rápido, y la circulación de personas;
eliminar los aranceles sobre los bienes manufacturados (y, en particular, sobre los bienes ambientales);
abordar las barreras no arancelarias; y
fomentar la innovación transpacífica mediante los flujos transfronterizos de datos y disciplinas de propiedad intelectual propias del siglo XXI.
Sobre todo, sin embargo, apoyo el TPP porque creo que los procesos de reforma y apertura económica que impulsará favorecerán un crecimiento económico más amplio e inclusivo, así como el progreso tecnológico. Y, dicho sencillamente, cuando las economías son más sanas, transparentes y libres, las empresas, los empleados y los clientes salen beneficiados.
Autor: Karan Bhatia es vicepresidente y asesor jurídico principal de Asuntos Gubernamentales y Políticas Globales en General Electric, y es miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Comercio e IED.
Imagen: Vista general de una acería en China. REUTERS/Jason Lee
