Hacer que el sistema financiero sea accesible para los más pobres del mundo puede liberar su potencial económico, mejorar sus vidas y beneficiar a la economía en general. Por ello, no sorprende que la inclusión financiera de los pobres se haya convertido en un componente importante de la formulación de políticas públicas. Los bancos centrales y los reguladores de todo el mundo están tomando la iniciativa para que la inclusión financiera sea una prioridad, además de sus mandatos tradicionales de mantener la estabilidad monetaria y financiera.
La inclusión financiera consiste en ofrecer a los 2.500 millones de personas no bancarizadas y con acceso insuficiente a servicios financieros del mundo la oportunidad de participar en el sistema financiero formal, contribuyendo así a sacarlas de la pobreza e incorporarlas a la corriente económica principal. Una mayor inclusión financiera promete una sociedad más cohesionada y un crecimiento y desarrollo más equilibrados.
Además, los propios sistemas financieros se beneficiarían de volverse más completos y progresivos. Los consumidores adicionales que participen en el sistema financiero formal fortalecerán las economías nacionales y, a su vez, enriquecerán la economía mundial. De hecho, a medida que los países en desarrollo avanzan hacia el estatus de ingresos medios, la inclusión financiera es un componente clave del progreso continuo.
En los países con altos niveles de exclusión financiera, los consumidores se ven obligados a recurrir a servicios informales no regulados. Estos sustitutos de peor calidad suelen implicar costes exorbitantes para los prestatarios y una financiación, por lo general, demasiado a corto plazo para la actividad de inversión productiva. Además, la falta de protección al consumidor y de marcos regulatorios y de supervisión expone a las actividades informales a vulnerabilidades que pueden perjudicar a los prestatarios y poner en peligro la estabilidad financiera.
Aumentar la disponibilidad de servicios financieros formales para quienes se les han negado durante mucho tiempo exige establecer un marco regulatorio equilibrado. La regulación opresiva y generalizada, que puede ser necesaria en mercados financieros complejos e impredecibles, puede no ser pertinente en una comunidad rural o, peor aún, puede frenar los esfuerzos por promover la inclusión financiera.
De hecho, la proporcionalidad es un aspecto importante de la regulación, ya que permite adoptar medidas prudenciales que, en lugar de excederse o subestimar los riesgos, sean acordes con los riesgos que deben abordarse. No es de extrañar, pues, que los altos niveles de exclusión en los países en desarrollo y emergentes hayan llevado a los responsables de políticas a adoptar una regulación proporcionada, ganando así flexibilidad para fomentar la innovación en la prestación de servicios financieros y preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera.
Bangladés, por ejemplo, ha adaptado sus regulaciones financieras para las instituciones de microfinanzas. Esto ha contribuido a impulsar el crecimiento de la microfinanciación sostenible para las empresas locales dirigidas por mujeres. El enfoque de «probar y aprender» de Kenia en materia de regulación ha liberado el potencial de la prestación de servicios financieros a través del teléfono móvil mediante M-PESA, que ofrece a los consumidores una alternativa segura y cómoda al efectivo.
Existen muchos otros ejemplos de aplicación exitosa de una regulación proporcionada que han dado lugar a una mayor inclusión financiera sin comprometer la estabilidad financiera. En Malasia, la regulación de la banca de agentes (que protege los intereses de los consumidores al tiempo que respalda los modelos de negocio de las instituciones financieras) ha impulsado la expansión de la banca sin sucursales para llegar a zonas rurales antes desatendidas.
De manera similar, el enfoque «por niveles» de México respecto del acceso financiero —según el cual los requisitos para abrir cuentas bancarias son proporcionales al riesgo, y las cuentas de bajo valor están sujetas a mayores restricciones de transacciones— ha ampliado el acceso a cuentas básicas, mitigando al mismo tiempo el riesgo de blanqueo de capitales. Y Pakistán e Indonesia, al basar los requisitos de capital de las instituciones de microfinanzas en el tamaño de la población que prevén atender, están permitiendo que estas instituciones atiendan nichos de mercado diferenciados de forma sostenible.
Los responsables de políticas de muchos países han considerado recientemente el papel de los organismos de fijación de normas financieras (SSB) en el avance de la inclusión financiera. En particular, se centran en los desafíos específicos que surgen al aplicar normas de supervisión en un país en desarrollo que persigue la estabilidad financiera y la inclusión.
Aunque supuestamente las normas globales reflejan los principios de proporcionalidad, ofrecen orientación insuficiente a los reguladores nacionales, las entidades bancarias y los evaluadores del sector financiero que intentan aplicarlas de forma eficaz en entornos diversos. Esta falta de claridad contextual ha dado lugar a interpretaciones excesivamente conservadoras de la normativa y, por tanto, a la creación de barreras no deseadas a la inclusión financiera. Para abordar esto se requerirá la contribución de responsables de políticas con experiencia práctica en la aplicación de normas internacionales, especialmente en las economías emergentes.
Al mismo tiempo, para garantizar el progreso continuo hacia la inclusión financiera, los representantes de las economías en desarrollo y emergentes deben desempeñar un papel más importante en la configuración de las normas futuras. La Alianza para la Inclusión Financiera, una red de banqueros centrales y responsables de políticas financieras de más de 80 países en desarrollo, ya contribuye a una regulación mundial más eficaz y proporcionada al facilitar una mayor participación con los SSB. Este septiembre, el banco central de Malasia impulsará el proceso al acoger el Foro Mundial de Políticas de la AFI.
Estos esfuerzos de colaboración entre países en desarrollo fomentan, en última instancia, una cooperación más estrecha entre ellos y sus homólogos desarrollados. Esto conducirá a mejores resultados para el sistema financiero mundial, la economía real mundial y, lo más importante, para las personas que han sido excluidas de ambos durante demasiado tiempo.
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Las opiniones expresadas aquí son las del autor, no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Zeti Akhtar Aziz ejerce como gobernadora del Banco Negara Malaysia (el banco central) desde 2000.
Imagen: Se ven monedas y billetes de distintos países en Zagreg REUTERS/Nikola Solic.
