Jean Pisani-Ferry es director de Bruegel, un centro de estudios internacional de economía, catedrático de Economía en la Université Paris-Dauphine y miembro del Consejo de Análisis Económico del primer ministro francés. Asiste con regularidad a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos.
BRUSELAS – ¿Ha llegado el momento de la consolidación fiscal o del estímulo? ¿Deben los gobiernos recortar o aumentar el gasto? Una vez más, la cuestión es objeto de disputa entre responsables políticos y economistas. Los ciudadanos, a quienes en 2008-2009 se les dijo que lo imperativo era estimular la economía, y en 2010-2011 que había llegado el momento de la contracción, están comprensiblemente confundidos. ¿Deberían volver a invertirse las prioridades?
En la reunión anual del Fondo Monetario Internacional celebrada en octubre, el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, avivó la polémica al señalar que, en los últimos tiempos, los gobiernos han tendido a subestimar las consecuencias adversas que la consolidación fiscal tiene para el crecimiento. Por lo general, han supuesto que recortar un dólar del gasto público reduciría el PIB en 50 centavos a corto plazo; según Blanchard, el resultado real en las condiciones actuales es una caída de entre 0,90 y 1,70 dólares. Se trata de una brecha considerable, pero también de una conclusión desconcertante: ¿cómo puede haber tanta incertidumbre?
Contrariamente a lo que sugieren estas discrepancias en las previsiones, los economistas saben en realidad mucho sobre las consecuencias de la política fiscal, al menos mucho más que antes. Hasta la década de 1980 se daba por sentado de forma rutinaria que el llamado «multiplicador» –la relación entre el cambio del PIB y el cambio del gasto público– era estable y superior a uno. Se creía que un recorte del gasto de un dólar reducía el PIB en más de un dólar, por lo que la contracción fiscal era económicamente costosa (mientras que, a la inversa, el estímulo era eficaz).
Luego llegó la contrarrevolución, que aportó una larga lista de razones por las que el multiplicador probablemente sería mucho menor. Recortar el gasto, se decía, y la inflación bajaría. El banco central reduciría los tipos de interés; los hogares gastarían anticipando impuestos más bajos; y la confianza empresarial aumentaría. Al final, apenas habría, si es que había alguno, un impacto perjudicial en la producción.
Los economistas son un grupo conflictivo, pero también investigadores tenaces, de modo que la polémica impulsó nuevas investigaciones sobre los efectos de los recortes presupuestarios. Se desarrollaron nuevos métodos para medir su impacto; se introdujeron nuevos enfoques para tener en cuenta la posibilidad de que el multiplicador variara con el tiempo; y se recopilaron nuevos datos para incorporar mejores decisiones presupuestarias reales.
Todo este esfuerzo dio sus frutos. Hoy existen pruebas convincentes de que una misma decisión de recortar el gasto público puede tener consecuencias muy distintas según las condiciones económicas. Esto puede parecer un paraíso para los expertos en políticas, pero también tiene implicaciones significativas para las decisiones de los gobiernos.
Los efectos adversos a corto plazo de un recorte del gasto tienden a ser mayores cuando la economía ya se encuentra en recesión, los socios comerciales también recortan el gasto o suben los impuestos, el tipo de interés del banco central ya está cerca de cero y los mercados no tienen preocupaciones particulares sobre la capacidad del Estado para devolver su deuda. En condiciones como las de 2009, el multiplicador puede acercarse a dos. Por tanto, habría sido letal embarcarse entonces en la consolidación fiscal. Lo correcto era estimular.
Pero cuando la economía está en auge, es poco probable que los efectos de la contracción fiscal sean perjudiciales. Por eso fue correcto empezar a planificar un cambio de marcha cuando la recuperación comenzó a materializarse.
Las cosas se complican cuando las finanzas públicas están sometidas a una presión aguda y los mercados se preocupan por la solvencia soberana, como ocurre en el sur de Europa. Hay pocas pruebas empíricas de este conjunto de condiciones, porque hasta hace poco tales casos eran raros. Pero es lógico considerar que restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas puede tener efectos muy positivos en la confianza y en los tipos de interés de los bonos. Al mismo tiempo, si la economía ya se contrae bruscamente, como suele ocurrir en estas situaciones, un recorte del gasto tendrá inevitablemente graves efectos negativos en la demanda interna.
La mejor salida del dilema es adoptar medidas que mejoren las finanzas públicas a largo plazo sin producir efectos negativos a corto plazo, como una reforma de las pensiones públicas. Aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, mejora las perspectivas de las finanzas públicas, pero no pesa sobre la demanda a corto plazo.
En términos más generales, son deseables las medidas que señalen de forma creíble unas finanzas públicas más sólidas en el futuro, siempre que, por supuesto, los gobiernos conserven cierta credibilidad. Cuando esta se despilfarra, como en Grecia, las promesas no tienen ningún valor y los gobiernos no tienen más remedio que recortar el gasto de inmediato.
Comprender qué condiciones se cumplen, cuándo y dónde, ayuda a fijar la agenda de hoy. La economía mundial se está desacelerando; varios países europeos –y la eurozona en su conjunto– se encuentran en recesión; los tipos de interés de los bancos centrales son excepcionalmente bajos y es poco probable que suban pronto; y la mayoría de los países avanzados están recortando el gasto público. Esto exige prudencia en los esfuerzos de consolidación. Al mismo tiempo, las ratios de deuda pública siguen aumentando, y varios países han perdido el acceso a los mercados o corren el riesgo de perderlo, debido a la precaria situación de sus finanzas públicas. Esto, por el contrario, implica la necesidad de contracción.
La receta para los responsables políticos es, por tanto, cuádruple:
Siempre que la sostenibilidad de las finanzas públicas esté en juego (lo que ocurre prácticamente en todo el mundo avanzado, excepto Australia, Canadá y algunos países del norte de Europa, entre ellos Alemania), los gobiernos deberían seguir consolidando, pero a un ritmo moderado.
Los gobiernos no deberían intensificar los esfuerzos de consolidación solo porque la desaceleración reduzca los ingresos fiscales, ni deberían fijarse como objetivo metas de déficit nominal para el año próximo.
En situaciones de estrés fiscal agudo, los gobiernos no pueden permitirse ralentizar la consolidación. Pero deben poner el mayor énfasis posible en reformas del gasto que mejoren de forma creíble las perspectivas con efectos adversos limitados a corto plazo.
Por último, las autoridades de todas partes deberían invertir en instituciones que ayuden a convencer a los mercados de su compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En condiciones peligrosas, las autoridades no deberían confiar en escenarios optimistas y esperar que se les crea. Más bien, deberían comunicar con claridad a los mercados y a los ciudadanos cómo razonan y qué pretenden hacer.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Imagen: Peatones caminan por el distrito financiero de Canary Wharf en Londres. REUTERS/Andrew Winning
