En Brain Bar Budapest, un gran recinto cubierto de plantas oscuras y frondosas apenas podía dar cabida a un mar de asistentes. La multitud se reunió para ver a Steve Fuller, autor de Humanity 2.0 y titular de la cátedra Auguste Comte de Epistemología Social de la Universidad de Warwick, debatir con Zoltán Pogátsa, economista político húngaro. ¿El tema? Si la renta básica universal (RBU) será la «red de seguridad social del futuro».
Este debate tuvo lugar durante el festival de orientación futurista, que celebra la ciencia y la sociedad y busca ampliar los límites de nuestra comprensión de lo que será realista y posible en el mundo del mañana.
Pogátsa defendió la RBU y expuso tanto los problemas existentes como los desafíos futuros que podría resolver. Al hablar de la creciente preocupación por la pérdida de empleos vinculada a la automatización, comparó la RBU con una forma más avanzada de asistencia social, que podría beneficiar a los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida, unas condiciones que, según Pogátsa, son inalcanzables con el sistema de asistencia social actual. Fuller discrepó rotundamente.
En una entrevista con Futurism después del debate, Fuller afirmó que la RBU es un sistema que alguna vez tuvo sentido, pero que ya no es así. «En última instancia, la renta básica universal es una idea que tenía sentido en una época anterior, cuando imaginábamos un Estado fuerte que realmente tomaría el control de la población y se sentiría responsable de ella como resultado del aumento de la productividad y demás».
Fuller explicó que la RBU, en sí misma, no es defectuosa; simplemente no es la solución adecuada para las dificultades actuales. «Es una vieja idea propia del Estado de bienestar socialista. Ya no vivimos en un mundo de Estado de bienestar socialista. Por eso necesitamos renegociar las condiciones».
Antes, durante el debate, cuando Pogátsa afirmó que la RBU sería como una forma avanzada de asistencia social, Fuller observó que «una versión hecha a medias no es la solución. Ese es el punto». Amplió su argumento incorporando consideraciones actuales a nuestra visión de la RBU: señaló que necesitamos un sistema que tenga en cuenta la automatización y ofrezca una solución permanente a los problemas que esta plantea, no solo un remedio rápido y temporal.
Sin embargo, Fuller no descartó sin más la idea de la RBU. Aunque sostuvo que la RBU, tal como la hemos conocido y definido, no encaja en nuestro mundo actual, afirmó que existen otras soluciones más realistas que sí abordan de verdad los problemas derivados del avance tecnológico.
Fuller sugirió que, a medida que nos adentramos en la era tecnológica impulsada por los datos, una solución podría ser obligar a las empresas a pagar por la información que ahora obtienen de nosotros gratis. «Podríamos exigir responsabilidades a Google, Facebook y todas esas grandes multinacionales; podríamos asegurarnos de que las personas, como quienes ahora contribuyen “voluntariamente” con sus datos para aumentar las ganancias de las empresas, reciban a cambio algo suficiente para sustentar sus medios de vida».
Así, en vez de que el Gobierno distribuya salarios estándar a todos los ciudadanos, que es básicamente lo que propone la RBU, las propias empresas compensarían económicamente a las personas por los datos que les proporcionan. Esto podría significar que las grandes empresas de redes sociales y otros sitios web que solicitan información personal tuvieran que compensarte justamente por la información que obtienen de ti.
Es una idea interesante y novedosa, pero podría convertirse en una pesadilla legislativa y regulatoria. Por ejemplo, ¿cuánto debería pagar una empresa por la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o las preferencias de vestimenta de una persona? ¿Cómo nos aseguramos de que las personas no proporcionen información inexacta y de que las empresas no la recopilen? ¿Se obligará a las empresas a realizar una multitud de microtransacciones para pagar a sus millones de usuarios y visitantes por esta información?
En resumen, esta idea podría acabar costando una cantidad exorbitante de dinero a las empresas y a los organismos reguladores gubernamentales.
Por supuesto, quizá haya una solución si el Gobierno cobra a las empresas una tarifa fija basada en 1. su número de usuarios o visitantes, 2. los tipos y la cantidad de datos que recopilan y 3. el tipo de información que venden. El dinero que paguen las empresas podría depositarse en un fondo fiduciario público destinado a apoyar el sistema educativo y otras partes de la infraestructura nacional. Esto aliviaría parte de la carga económica que actualmente recae sobre los ciudadanos y, al mismo tiempo, garantizaría la estabilidad de la economía a medida que la IA y la automatización nos adentran cada vez más en una era impulsada por los datos.
La idea aún está en sus inicios y quedan muchos detalles por resolver; sin embargo, independientemente de que avancemos con este sistema o con otro alternativo, tiene sentido que la información se valore debidamente en la era del big data y que las personas reciban una compensación adecuada por la venta de su información.
