Michael Spence analiza cómo el programa de reformas de Italia afectará a la eurozona
El verano pasado, tras dos años de creciente incertidumbre, el riesgo sistémico en la eurozona por fin comenzó a disminuir, a medida que se concretaron los compromisos condicionados. Italia y España presentaron reformas fiscales y orientadas al crecimiento creíbles, y el Banco Central Europeo, con el respaldo de Alemania, prometió intervenir según fuera necesario para estabilizar el sector bancario y los mercados de deuda soberana.
Por desgracia, esa tendencia podría estar revirtiéndose. El crecimiento en la eurozona se ha vuelto negativo en conjunto, y de forma especialmente acusada en el sur. El desempleo se sitúa en torno al 12% en Italia, y del 38% entre los jóvenes. Asimismo, la tasa de desempleo de España supera el 25% (y el 55% entre los jóvenes). Y los indicadores económicos franceses se deterioran rápidamente.
Mientras tanto, el resultado de las elecciones italianas dejará con toda probabilidad al país –la tercera economía de la eurozona y el tercer mercado de deuda soberana del mundo– sin un gobierno estable. Como resultado, será difícil sostener un programa de reformas lo bastante vigoroso como para satisfacer al BCE y al núcleo de la eurozona.
Sorprendentemente (al menos para mí), los mercados han reaccionado con estoicismo. Los diferenciales de tipos de interés de la deuda soberana italiana se han ampliado, pero no de forma acusada. Es posible que los inversores extranjeros no se apresuren a salir, pero tampoco están entrando en masa. En este momento, parece una actitud de esperar y ver.
Italia es el único país de la eurozona con problemas de deuda en el que las tendencias negativas de competitividad (productividad en relación con la renta) no han revertido su dirección en el periodo posterior a la crisis. Con un ratio deuda/PIB superior al 120%, Italia carece de la flexibilidad necesaria para aplicar estímulos fiscales que faciliten la transición hacia un mayor crecimiento.
El gobierno saliente del primer ministro Mario Monti logró una importante reforma de las pensiones, recortó el gasto público y subió los impuestos. Pero los votantes italianos rechazaron de forma abrumadora su enfoque, en parte porque la austeridad no parecía extenderse a los cargos electos ni a las grandes partes del amplio ecosistema de departamentos, empresas y sindicatos que rodea al gobierno.
La reforma sistémica del gobierno de Italia puede ser un requisito previo para alcanzar un consenso sobre un camino hacia la salud fiscal y el crecimiento. Pero este no es el momento ideal para una pausa que permita hacerlo. Los verdaderos problemas, en cualquier caso, son distributivos y reflejan una escasez de instrumentos de política.
Por ejemplo, la evasión fiscal está muy extendida, por lo que las subidas afectan de forma desproporcionada a quienes ya pagan, lo que alimenta una percepción generalizada de injusticia. Monti intentó abordarlo, pero pasar del equilibrio actual a uno mejor, en el que la evasión fiscal sea la excepción y no la norma, es un proyecto a largo plazo.
Como resultado, la carga de la crisis recae principalmente sobre los desempleados y los jóvenes. Dada la desfavorable posición de competitividad de Italia, una devaluación de la moneda, si fuera posible, no sería un sustituto a largo plazo de las reformas que impulsan la productividad, pero sin duda ayudaría en al menos tres aspectos.
En primer lugar, la devaluación repartiría de manera más equitativa los costes del reequilibrio, lo que facilitaría superar el obstáculo del reparto de cargas para llevar a cabo reformas más profundas. En segundo lugar, los tipos de cambio flotantes implican que la devaluación es un mecanismo de ajuste automático, de modo que se produce sin la apariencia de una elección explícita sobre el reparto de cargas y el consiguiente riesgo de bloqueo político.
Por último, como ocurre en muchos países avanzados, la demanda débil limita el crecimiento de Italia a corto y medio plazo. Esto significa que, a menos que el gasto público proporcione el impulso de la demanda, la amplia parte no transable de la economía no puede impulsar el crecimiento ni la creación de empleo. Pero el gobierno de Italia, como el de Estados Unidos y otros países con restricciones fiscales, está restando demanda efectiva.
Algunas partes de la economía mundial están creciendo. Así pues, un shock negativo de demanda interna no tiene por qué limitar por completo ese tercio aproximado de la economía italiana que es transable, y que por tanto podría crecer y generar empleo si los parámetros de competitividad se reajustaran rápidamente. Obviamente, en el contexto de la eurozona, esta no es una opción.
La alternativa es un crecimiento moderado de los salarios y de la renta, compartido en todo el espectro de ingresos, combinado con medidas que mejoren la productividad. Este fue un componente del exitoso programa de reformas de Alemania de hace una década, que incluyó reformas del mercado laboral y de la seguridad social, cuyo efecto combinado fue restaurar la competitividad y el potencial de crecimiento en el sector transable, mejorando al mismo tiempo la productividad en el lado no transable.
Este proceso sí funciona a largo plazo. Pero las reformas de Alemania se llevaron a cabo en una economía mundial mucho más sana y, cuando las divergencias iniciales son grandes, restaurar el crecimiento puede tardar demasiado.
Algunos observadores han abogado por un objetivo de inflación estable más alto en la eurozona para facilitar el proceso de «deflación relativa» en los países que lo necesitan, y para alejar el «límite cero» de los tipos de interés, aumentando así el posible impacto de la política monetaria. Pero la inflación tiene sus propias implicaciones adversas en términos distributivos y de eficiencia, y sería combatida con firmeza.
Es difícil ver cómo acabará esto bien. Las alternativas parecen ser un retorno largo y difícil al crecimiento y el empleo, o un declive del entusiasmo por la moneda común.
Más allá de eso, las principales lecciones se refieren a defectos de diseño. En la eurozona, en gran medida, los gobiernos nacionales eligen por separado los niveles de inversión en infraestructuras, educación, investigación y tecnología. Sus políticas de mercado laboral, bienestar social y competencia varían. Todas ellas afectan a las trayectorias del crecimiento, la renta y el empleo.
Así pues, aunque la estructura de la eurozona se modifique para alcanzar el nivel deseado de disciplina y equilibrio fiscal, en su estructura actual altamente descentralizada, los países seguirán divergiendo en otros aspectos importantes. La divergencia en las políticas y la convergencia en los resultados no son una expectativa realista. Se necesitan mecanismos de ajuste, pero la devaluación externa y la inflación no están disponibles, mientras que la movilidad laboral es parcial en el mejor de los casos.
Quizá se podría interpretar la moneda común como una «imposición» de la convergencia eventual en las políticas. Pero, realistamente, la pérdida de apoyo al euro podría llegar primero, precisamente porque los mecanismos de ajuste son tan limitados.
Nadie duda de la profundidad del compromiso oficial y a largo plazo de Europa con la integración. El enorme reto de diseño consiste en encontrar el nivel adecuado de convergencia obligatoria de las políticas: uno que funcione económicamente y sea aceptable políticamente.
Vea el debate «Eurozona: ¿solidaridad o dominación?» del Foro Abierto de Davos 2013
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Michael Spence, premio Nobel de Economía, es catedrático de Economía en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York e investigador principal de la Institución Hoover, y es miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Nuevos Modelos de Crecimiento.
Imagen: El mapa de Europa aparece en una moneda de 2 euros REUTERS/Tony Gentile
