El talón de Aquiles de los programas de reforma europeos ha sido siempre la aplicación y el cumplimiento. La Estrategia Europa 2020 —un plan de 10 años para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo— debía ser diferente.
Si miramos atrás, a la Agenda de Lisboa, la agenda original de crecimiento y empleo de Europa puesta en marcha en 2000, los responsables políticos tuvieron la ventaja de contar con la perspectiva que da el tiempo, tras una década de objetivos incumplidos que, en muchos sentidos, sentó las bases de la crisis económica y financiera posterior. En lugar de dos objetivos principales —alcanzar una tasa de participación laboral del 70 % y destinar el 3 % del PIB a investigación y desarrollo—, que a menudo parecían simplistas, la Estrategia Europa 2020 contaría con cinco, lo que la hacía más completa.
En lugar de un único objetivo para todos los Estados miembros, habría objetivos específicos para cada país, que animarían a los países más avanzados a mejorar aún más y ofrecerían a los rezagados metas alcanzables. En lugar de quedar relegada como una agenda «proempresarial», la Estrategia Europa 2020 sería inclusiva e incluiría la reducción de la pobreza junto con los objetivos de innovación y educación.
Aunque las intenciones eran buenas —y los objetivos reflejaban cuestiones que requerían una actuación urgente—, el resultado final ha sido una agenda «amable» a la que nadie podía oponerse, pero que, en gran medida, carecía de la fuerza política necesaria para que los planes de actuación originados en Bruselas fueran pertinentes, contundentes y eficaces.
Muchos analistas sostienen que la falta de actuación se debe al Método Abierto de Coordinación (MAC): un enfoque de derecho indicativo que se utiliza en ámbitos en los que los Estados miembros de la Unión Europea tienen competencia exclusiva, como el empleo, la protección social o la educación. Con el MAC, la Comisión Europea no dispone de instrumentos para hacer cumplir sus mandatos, mientras que los Estados miembros no temen las consecuencias del incumplimiento y los grupos de interés se implican poco, porque tienden a unirse en torno a objetivos con fuerza legislativa.
Al mismo tiempo —y en un contexto de años de intensa crisis en los que se luchó por salvar el euro y se rescató a países con finanzas públicas y sectores financieros insostenibles—, Bruselas ha adquirido nuevas e importantes competencias. Esto se observa en el ciclo anual de orientación y supervisión de la política económica de la UE, así como en otros instrumentos, como los paquetes «Two-Pack» y «Six-Pack» (mecanismos de seguimiento fiscal y presupuestario de la UE), y en el pacto fiscal. En conjunto, se ha producido un auténtico traslado del poder económico de los Estados miembros soberanos al nivel europeo.
Lejos de tratarse de una usurpación de poder por parte de Bruselas, los Estados miembros de la UE parecieron darse cuenta de que era necesaria una mayor centralización y supervisión para evitar el riesgo moral y el contagio financiero. Sin embargo, estos nuevos poderes también han provocado una reacción adversa en muchos de esos mismos países, que ahora culpan a Bruselas de exigencias excesivas para aplicar la consolidación fiscal y poner en marcha medidas que ayuden a las economías con peor rendimiento a recuperar el buen camino.
Y ahí reside el problema de fondo: todavía hay un número considerable de Estados miembros de la UE que no encuentran la voluntad política para abordar problemas arraigados. Al fin y al cabo, nunca el desempleo había sido tan alto, las finanzas públicas tan insostenibles ni las perspectivas de crecimiento a largo plazo tan sombrías. La falta de voluntad —o de capacidad— para reunir el valor a escala nacional de ser sinceros con los ciudadanos sobre por qué son necesarias las reformas es, en muchos sentidos, lo que está haciendo caer a la UE. Se la acusa de no ser eficaz o de ser excesivamente intrusiva. En muchos sentidos, Bruselas está perdida si actúa y perdida si no lo hace.
Resolver este dilema debería ser un eje central de la consulta pública de la Estrategia Europa 2020, actualmente en curso, así como de una reflexión más amplia sobre cómo lograr que los ciudadanos acompañen las próximas etapas del proceso de integración económica europea.
Lea la edición de 2014 de El Informe de Competitividad Europa 2020.
Autora: Ann Mettler es directora ejecutiva y cofundadora del Lisbon Council, un centro de análisis con sede en Bruselas.
Imagen: La escultura del euro se refleja parcialmente en un charco sobre un pavimento de adoquines frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, el 21 de enero de 2012. REUTERS/Kai Pfaffenbach
