Vivimos en sociedades cada vez más divididas, en las que se están resquebrajando los contratos sociales que nos unen. Uno de los factores es la globalización, que ha intensificado las presiones competitivas. Otro es la tecnología, que ha aumentado la rentabilidad de la mano de obra altamente cualificada y ha agravado la desigualdad.
La tecnología también ha transformado nuestra percepción de lo que sucede en otras partes del mundo. Ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y organizarnos, a menudo de maneras que nos dividen. Como resultado, la sostenibilidad social —la cohesión interna de la sociedad y su capacidad para mantenerse unida con el paso del tiempo— está en peligro.
¿Cómo superamos estas divisiones? Parte de la respuesta reside en replantearnos los sistemas que mantienen unida a la sociedad y que cuidan de quienes se ven perjudicados por los cambios estructurales. Las sociedades siempre han contado con mecanismos para cuidar de jóvenes y mayores, distribuir los ingresos a lo largo de la vida y atender a quienes atraviesan momentos difíciles, combinando de algún modo el apoyo de la familia, las organizaciones comunitarias, el mercado y el Estado.
La sostenibilidad social, bajo presión
Estos sistemas afrontan presiones nuevas e intensas. El envejecimiento ha elevado el coste de cuidar a las personas mayores, tanto en pensiones como en nuevas tecnologías médicas que prolongan la vida. En economías más especializadas, la vivienda inasequible, sumada a la necesidad de niveles más altos de educación y formación, prolonga la adolescencia. Los jóvenes dependen durante más tiempo del apoyo familiar. La tecnología y la automatización destruyen y crean empleos más rápido de lo que algunos trabajadores pueden adaptarse.
En la mayoría de los países, el margen fiscal para abordar estos problemas se ha reducido a medida que aumentaban los niveles de deuda y muchos sistemas tributarios se volvían menos progresivos. Al mismo tiempo, la creciente desigualdad dentro de las sociedades y entre generaciones ha generado tensiones que desembocan en descontento político y un auge del populismo.
Hacia un nuevo contrato social
Para que nuestras sociedades sean más sostenibles, debemos replantearnos el «Estado del bienestar» (o la «red de protección social»). Debemos restablecer la progresividad de nuestros sistemas tributarios. Podría decirse que en las últimas décadas hemos gestionado mal las consecuencias sociales de la globalización y el cambio tecnológico. Ahora tenemos la oportunidad de establecer un contrato social mejor, pero para crear algo adecuado a las exigencias del siglo XXI hacen falta una investigación rigurosa y un debate público. Eso es precisamente lo que estamos llevando a cabo en la London School of Economics (LSE), bajo el nombre de «Beveridge 2.0».
¿Qué medidas están sobre la mesa?
1. Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Esta sería una forma evidente de ampliar la población en edad de trabajar y reducir la presión sobre los presupuestos públicos causada por la creciente demanda de gasto social. Países como los Países Bajos elevaron la edad de jubilación a los 67 años en 2023 y, a partir de 2024, la vincularon automáticamente a la esperanza de vida. Esto evitaría la inevitable disputa política cuando sea necesario elevar la edad de jubilación. En los países en desarrollo con una demografía más favorable, vincular cuanto antes la edad de jubilación a la esperanza de vida tendría un coste político mínimo y daría más tiempo para ajustar las expectativas.
2. Ayudar a los trabajadores a adaptarse a la automatización mediante políticas activas del mercado laboral. Las estimaciones varían, pero es probable que la inteligencia artificial y la automatización afecten aproximadamente a la mitad de los empleos en las próximas dos décadas. Llama la atención que todos los empleos, incluidas muchas profesiones, tienen tareas rutinarias y repetitivas, susceptibles de automatizarse mediante aprendizaje automático. La pregunta clave es si los nuevos empleos que surjan serán aquellos en los que las personas tengan una ventaja comparativa frente a las máquinas o si requerirán capacidades humanas como complemento. Lo único seguro es que la mayoría de los trabajadores tendrá que adaptarse. Su capacidad para trabajar y contribuir a la sociedad dependerá de que esa adaptación tenga éxito.
Ante las inevitables y rápidas transiciones económicas que traen consigo la globalización y la tecnología, quizá debamos adaptar nuestras instituciones del mercado laboral. La «flexiguridad», un modelo asociado a los Países Bajos y Dinamarca, se basa en tres principios:
(1) contratos laborales muy flexibles que permitan a los empleadores adaptarse rápidamente
(2) una seguridad social generosa para los trabajadores, que les brinde apoyo durante las transiciones económicas
(3) políticas activas del mercado laboral, incluido el aprendizaje permanente integral, para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevos empleos
En un sistema así, los sindicatos deben aceptar la seguridad en el empleo en lugar de la seguridad del puesto de trabajo. Los empleadores deben aceptar que el precio de la flexibilidad son impuestos más altos para financiar generosas prestaciones por desempleo, asistencia social y políticas activas del mercado laboral. Esto también debe ir acompañado de un sistema de educación de adultos bien desarrollado, servicios de cuidado infantil asequibles y una financiación pública sustancial para apoyar a los trabajadores durante la transición.
Las políticas activas del mercado laboral de Dinamarca cuestan el 1,7 % del PIB —varias veces más que el gasto de la mayoría de los países—, pero han contribuido a que el país tenga una de las tasas de desempleo más bajas y una de las sociedades más consistentemente felices, según encuestas internacionales. Crear instituciones laborales de este tipo requiere tradiciones sólidas de negociación colectiva y cooperación, pero, dado que sabemos que se avecinan cambios profundos en los mercados laborales, no hay razón para que los países no puedan avanzar hacia este modelo de manera gradual.
Porcentaje de actividades laborales con potencial de automatización, por sector
3. Facilitar el trabajo a tiempo parcial. Un mayor número de empleos a tiempo parcial podría empezar a cambiar la naturaleza del trabajo, en vista de que es probable que las máquinas realicen las tareas rutinarias. En muchos países, el trabajo a tiempo parcial ha cobrado importancia, pero las políticas no han seguido el ritmo. Un ejemplo positivo en sentido contrario son los Países Bajos, donde se prohíbe discriminar a los trabajadores a tiempo parcial y las prestaciones de seguridad social y otros derechos se ajustan proporcionalmente a las horas trabajadas. Como resultado, el 76,6 % de las mujeres y el 26,8 % de los hombres de los Países Bajos trabajan a tiempo parcial, frente a un promedio de alrededor del 20 % en toda la UE.
4. Hacer realidad el aprendizaje permanente. Muchos países hablan de fomentar el aprendizaje permanente, pero muy pocos lo han conseguido. Eliminar los límites de edad para acceder a préstamos estudiantiles, como han hecho países como el Reino Unido y Estados Unidos, es un paso positivo. Otra opción es poner financiación pública a disposición de las personas para que acumulen capital humano a lo largo de su carrera. Por ejemplo, Singapur está experimentando con la entrega a cada ciudadano mayor de 25 años de un vale anual por valor de 500 dólares singapurenses (376 dólares estadounidenses), que puede acumular y utilizar para formarse con cientos de proveedores autorizados.
5. Invertir en educación temprana e intervenciones preventivas de salud. Los políticos suelen hablar de que el Estado debe «ayudar a las personas a salir adelante, no limitarse a darles ayuda» o, como dicen los canadienses, «pasar de una red de protección a un trampolín». Muchas de las políticas más eficaces se centran en la educación temprana y las intervenciones preventivas de salud, que a la larga reducen el gasto en bienestar social. El reto consiste en garantizar que las políticas sean rentables y que los políticos destinen recursos a programas cuyos beneficios se verán décadas después de su elección.
6. Restablecer la progresividad de los sistemas tributarios. Hay pruebas claras de una tendencia a la baja en la progresividad tributaria de los países de la OCDE, sobre todo en las décadas de 1980 y 1990. Las reformas tributarias han elevado los umbrales de exención y reducido los tipos máximos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, imponiendo una mayor carga tributaria a la clase media.
Del mismo modo, los tipos del impuesto de sociedades han bajado en promedio en los países de la OCDE (del 32 % en promedio en 2000 al 25 % en 2015), mientras que los impuestos al consumo han aumentado (el tipo general medio del IVA pasó del 18 % en 2000 al 19,2 % en 2015). Esto ha tenido efectos negativos en la cohesión y la movilidad sociales.
En los países más desiguales, la capacidad de los hijos para tener una vida mejor que la de sus padres suele ser mucho menor. Restablecer la progresividad de los sistemas tributarios y facilitar una mayor movilidad social contribuirá en gran medida a sanar las divisiones de la sociedad.
Figura 1: Curva del Gran Gatsby: desigualdad de ingresos y movilidad social
La figura 1 muestra la relación entre la desigualdad y la movilidad social, medida mediante la elasticidad intergeneracional de los ingresos (definida como el cambio porcentual en los ingresos de la generación de los hijos asociado al cambio porcentual en los ingresos de la generación de los padres).
7. Desplazar el debate público de «ellos y nosotros» a «nosotros». Muchos Estados del bienestar se diseñaron según el principio de que la mayoría de las personas recupera casi lo mismo que aporta. Nick Barr, de la LSE, sostiene que el Estado del bienestar es tres cuartas partes una hucha —un seguro mutuo a lo largo de la vida— y solo una cuarta parte Robin Hood —una transferencia de recursos de los ricos a los pobres—. John Hills, también de la LSE, lo ha demostrado claramente para el Reino Unido, donde la mayoría recibe más cuando es joven (en forma de educación) y mayor (pensiones y atención sanitaria), y aporta más durante su edad laboral (mediante los impuestos). Esto da lugar a un equilibrio a lo largo de la vida (véase la figura 2).
Figura 2: En el Reino Unido, recibimos aproximadamente lo mismo que aportamos al Estado del bienestar
Sin embargo, las conversaciones políticas sobre el Estado del bienestar se han centrado cada vez más en «ellos y nosotros». La derecha política sostiene que hay una mayoría trabajadora que paga y una minoría perezosa que vive a costa del Estado. La izquierda habla del 1 % que manipula el sistema y minimiza las transferencias a quienes las necesitan. «Bienestar» —que consiste en ayudar a las personas a vivir bien— se ha convertido, de algún modo, en una palabra con connotaciones profundamente negativas. Además, el contrato intergeneracional implícito se desmorona si existen grandes diferencias en el tamaño de las generaciones y en sus circunstancias económicas. Necesitamos un debate público sensato que reconozca la importancia del seguro mutuo, la justicia intergeneracional y nuestras interdependencias. Necesitamos hablar de «nosotros».
Hacer que nuestras sociedades sean más sostenibles
Es evidente que las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de los Estados del bienestar están interconectadas.
Las inversiones equitativas en salud y educación reducen la necesidad de redistribuir recursos más adelante en la vida. Facilitar el trabajo a tiempo parcial y su tributación prolonga la vida laboral y puede beneficiar el bienestar. La educación y los cambios de comportamiento pueden aumentar la esperanza de vida a un coste menor para los presupuestos de salud que las intervenciones médicas.
Plantear una agenda tan amplia no es una ambición descabellada. De hecho, puede ayudarnos a encontrar nuevas soluciones.
¿Qué soluciones se están probando en tu país? Deja aquí tus comentarios y preguntas para los panelistas de la sesión de la Dra. Shafik en Davos, «Salvar la globalización económica de sí misma», el martes 23 de enero a las 16:00.
