A petición del presidente Macron, una comisión ha investigado los principales desafíos que enfrenta la economía mundial actual y ha propuesto soluciones para su futuro.
Se establecieron el cambio climático, la desigualdad y el cambio demográfico como los tres mayores desafíos.
Las recomendaciones de política incluyen una fijación del precio del carbono eficaz, una fiscalidad orientada a reducir la desigualdad y «puntos» flexibles en las pensiones.
En enero de 2020, el presidente Macron nos pidió que organizáramos y presidiéramos una comisión para abordar los desafíos estructurales de la economía mundial. En ese momento, no sabíamos que la Covid-19 provocaría una crisis mundial inmediata (véase la sección de Vox sobre la economía en tiempos de la Covid-19 aquí) pero, a medida que se desvanece el impacto agudo de la Covid-19, los problemas que se nos encomendó investigar siguen presentes. La necesidad de soluciones de política creativas y eficaces es aún más urgente.
Tuvimos plena libertad para elegir a los miembros de la comisión y total independencia para exponer nuestras conclusiones, que se publicaron en Blanchard y Tirole (2021). Nuestro informe se divide en tres secciones, que representan los tres desafíos más acuciantes que identificamos. Nuestros colegas Christian Gollier y Mar Reguant fueron autores principales de la sección sobre el cambio climático; Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva desempeñaron el mismo papel en la sección sobre la desigualdad económica y la inseguridad; y Axel Börsch-Supan, Claudia Diehl y Carol Propper actuaron como autores principales de la sección sobre el cambio demográfico. Otros 17 destacados economistas de todo el mundo contribuyeron al informe final, por lo que el equipo estuvo compuesto por un tercio de franceses, un tercio de estadounidenses y un tercio de europeos no franceses. Esto aportó un amplio abanico de opiniones y pruebas.
Nuestras conclusiones y recomendaciones se aplican especialmente a Francia, pero también a Europa y a la economía mundial. Se trata de desafíos globales, y podemos aprender de los éxitos locales o regionales. Asimismo, muchas de nuestras prescripciones de política requerirán cooperación y apoyo internacionales, en particular para las soluciones de política al desafío del cambio climático.
No hay espacio para explorar en detalle todas nuestras conclusiones. A continuación, ofrecemos un resumen que esperamos que le anime a leer el texto completo. El informe puede descargarse aquí íntegramente.
El cambio climático
Aquí podemos ver claramente las causas y el impacto de la procrastinación. Existe una desconexión general entre la aceptación de que el calentamiento global está ocurriendo y la consiguiente necesidad de tomar decisiones de política difíciles para combatirlo. La falta de transparencia sobre los costes de estas medidas ha llevado a muchas personas a centrarse en los costes visibles, como los impuestos sobre el carbono, en lugar de en aquellos costes que pueden ser mayores, pero son más difíciles de ver.
La comisión formuló tres recomendaciones:
Una fijación del precio del carbono bien diseñada. Aunque resulta impopular para muchas personas (los economistas son una notable excepción), la fijación del precio del carbono es esencial porque incentiva a los hogares a cambiar su comportamiento, a los investigadores a innovar en tecnologías ecológicas y a las empresas a adoptar esas innovaciones. Pero actualmente la fijación del precio del carbono se aplica mal: el precio ha sido demasiado bajo y existen demasiadas exenciones y subvenciones. Una fijación de precios eficaz requerirá tanto un mecanismo de ajuste en frontera para evitar que los emisores trasladen las emisiones de carbono, como políticas que mitiguen las implicaciones distributivas de un precio del carbono más alto.
Subvenciones a I+D, normas y prohibiciones. La fijación del precio del carbono por sí sola no puede acelerar lo suficiente la I+D ecológica ni la reducción de carbono, por lo que se justifican subvenciones y prohibiciones específicas. A nivel europeo, dos nuevas agencias podrían mejorar la gobernanza: una para financiar I+D de alto riesgo, y otra para informar a los ciudadanos y a los responsables públicos sobre los costes de los métodos alternativos para lograr las reducciones de emisiones que exigimos.
El papel de Francia y de Europa. Una sola nación que actúe por sí misma tiene un impacto directo escaso en este desafío. Pero un liderazgo comprometido puede influir en la política climática regional y mundial, tanto liderando la reducción de emisiones y la innovación como destacando la escasez de logros comparativos en otros países. Aunque es deber de todos comportarse de manera socialmente responsable, los gobiernos deberían dar ejemplo y asumir plenamente su responsabilidad, en lugar de trasladarla al sector privado o a los organismos públicos, que no disponen ni de las herramientas ni de la legitimidad necesarias para corregir el fallo de mercado.
Desigualdad
En Francia (y en otros lugares), las investigaciones muestran que el público no cree que existan oportunidades educativas y laborales equitativas, ni una movilidad social adecuada que mitigue los problemas de la desigualdad. Lamentablemente, estas percepciones son en gran medida correctas.
El remedio tradicional contra la desigualdad ha sido redoblar la redistribución y la protección, políticas que se centran en mitigar los efectos distributivos de la producción. Nuestro informe sostiene, en cambio, que la política debería centrarse más en lo que ocurre antes de que se produzca la producción (crear oportunidades vitales más equitativas o mejorar la educación). También puede influir en la naturaleza de la producción, creando más empleos de calidad y un acceso más equitativo a ellos.
La comisión formuló cuatro recomendaciones:
Igualdad de oportunidades. Las prescripciones de política en este ámbito difícilmente son originales, pero actualmente no se les concede el peso suficiente. Sabemos mucho sobre cómo reducir la desigualdad educativa. El impuesto sobre sucesiones está mal diseñado y mal explicado, por lo que adolece de demasiadas lagunas y de un apoyo público tibio. Para que su objetivo sea más claro y aumentar el apoyo, los ingresos del impuesto sobre sucesiones podrían destinarse explícitamente a una redistribución financiera que fomente la igualdad de oportunidades.
Una fiscalidad más justa. En lugar de imponer una carga fiscal más elevada, la fiscalidad que persigue reducir la desigualdad debería aplicarse mejor; por ejemplo, mediante inteligencia artificial, un mejor intercambio de información (declaración por terceros, cooperación internacional) y acuerdos internacionales.
Preparar a los trabajadores para mejores empleos. Podemos hacer mucho más para mejorar el diseño de la formación; por ejemplo, mediante interacciones más eficaces entre los educadores y los empleadores del sector privado.
Estimular la creación de empleos de calidad. No debemos dar por sentado que la organización de las empresas, la naturaleza del progreso tecnológico o las normas comerciales están dadas. El Estado tiene un papel que desempeñar para intervenir y influir en la naturaleza de la producción, ya sea mediante métodos tradicionales (formación, fiscalidad sobre el capital y el trabajo, tarificación según la experiencia) o mediante subvenciones más específicas.
El cambio demográfico
En promedio, vivimos más años y con mejor salud. Es una buena noticia. Pero esto también exige que mantengamos el equilibrio adecuado entre el trabajo y la jubilación. Si más personas viven más tiempo tras jubilarse, esto implica una reducción de las prestaciones que reciben durante la jubilación, un aumento de las cotizaciones mientras trabajan, o que trabajen más tiempo antes de jubilarse para mantener el equilibrio financiero, ahora y en el futuro. Esta crisis inminente ha sido especialmente polémica en Francia, país que tiene una tasa de actividad muy baja entre las personas de 55 a 64 años.
Una reforma ideal de las pensiones implica un sistema unificado, transparente y justo que ofrezca flexibilidad en la elección de la edad de jubilación frente al nivel de las prestaciones. También debería aumentar la oferta y la demanda de trabajadores de edad avanzada. Debería reconocer las grandes diferencias en la trayectoria vital y la esperanza de vida de la población. Pero la percepción pública es que las propuestas de reforma actuales son tecnocráticas y carecen de transparencia.
Nuestro informe formula una serie de recomendaciones más detalladas para este desafío, en parte porque, en estos problemas, se han intentado reformas dolorosas con un éxito limitado. Entre esas ideas:
Flexibilidad individual con transparencia. Los trabajadores acumularían puntos en una cuenta individual a lo largo de toda su vida laboral, pudiendo solicitar la pensión a partir de la edad mínima de elegibilidad o más tarde, y podrían seguir acumulando puntos si continuaran trabajando.
Redistribución en favor de los de menores ingresos. Los trabajadores de bajos ingresos, o quienes por algún motivo inevitable tengan un historial laboral irregular, recibirían «puntos adicionales» al jubilarse. Pero es preciso preservar el incentivo para trabajar y, por ello, incluso para los bajos ingresos, las pensiones aumentarían con los puntos obtenidos.
Una razón de dependencia coherente para mantener el equilibrio económico. Imaginemos una norma transparente que mantuviera una proporción de 2:1 entre los años de trabajo y los años de jubilación; así, si la esperanza de vida media aumentara tres años, la edad de jubilación subiría dos años, financiando un año adicional de jubilación (por supuesto, la opinión pública podría exigir un aumento menor de la edad de jubilación). Una estructura de gobernanza independiente, diseñada para equilibrar las preferencias sociales con la estabilidad financiera, gestionaría esta compensación.
Un tratamiento de la penosidad descentralizado a nivel sectorial o de empresa, a fin de incentivar mejores condiciones laborales y evitar subvenciones cruzadas entre sectores.
Trabajo en edad avanzadas. Para muchas personas mayores, el trabajo resulta estresante y penoso. Una mejor atención sanitaria para las enfermedades crónicas, una formación continua de mayor calidad y prácticas laborales más flexibles para los mayores harían más atractivo para las personas mayores seguir trabajando, reduciendo la carga sobre el sistema de pensiones y mejorando sus ingresos.
Conclusión
Los tres desafíos son potencialmente inminentes. Sus efectos inmediatos son mucho más débiles que sus efectos a largo plazo, por lo que los responsables de la toma de decisiones posponen las políticas que podrían mitigar los peores efectos. Además, son problemas complejos, lo que significa que, si los responsables políticos han de tomar esas decisiones difíciles, deben hacerlo en condiciones de incertidumbre y, a menudo, frente a la resistencia pública. No obstante, nuestra comisión constató que existen muchas posibles soluciones a estos problemas, aunque a veces sean costosas o poco atractivas.
