Tras haber guiado a la eurozona a través de una década de crisis, los máximos responsables del Banco Central Europeo están a punto de abandonar sus cargos. Sus sucesores afrontarán desafíos tanto similares como nuevos, y la eficacia con la que los aborden dependerá de que los gobiernos nacionales europeos elijan a las mujeres y los hombres adecuados para el puesto.
Este mes, el Banco Central Europeo celebró un coloquio en honor de Peter Praet, su economista jefe saliente. Tras haber trabajado estrechamente con el presidente del BCE Mario Draghi durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008 y a la crisis del euro que siguió, Praet ha sido, más que nadie, quien ha orientado al consejo de gobierno del banco hacia decisiones comunes en situaciones difíciles. Su salida se produce tras la de la vicepresidenta Vítor Constâncio el pasado verano, y después de él abandonarán el cargo Draghi en octubre y Benoit Coeuré, del comité ejecutivo del BCE, en diciembre.
Estos importantes cambios en la dirección del BCE ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que la institución afrontará en los próximos años. Como única institución verdaderamente federal de la eurozona, el BCE se ha visto actuando como la «institución de último recurso» durante crisis anteriores, recogiendo los pedazos cuando los gobiernos nacionales no logran alcanzar un acuerdo. Lo ha logrado a pesar de su compleja estructura de gobernanza. El consejo de gobierno del BCE está integrado por 19 gobernadores de bancos centrales nacionales, cada uno de ellos en representación de países con intereses distintos, además del comité ejecutivo, cuyos seis miembros son nombrados por el Consejo Europeo tras un intenso proceso de negociación.
Aunque Draghi suele acaparar la mayor parte de la atención, se encargó de señalar en el coloquio que fueron las recomendaciones de Praet las que el consejo de gobierno ha aceptado de forma sistemática en estos últimos ocho años. El éxito de la dirección saliente al lograr el consenso dentro de un grupo tan diverso no debe darse por sentado.
Durante la última década, el BCE, al igual que otros bancos centrales, ha ampliado enormemente su conjunto de herramientas de política monetaria. Este proceso comenzó con el predecesor de Draghi, Jean-Claude Trichet, pero se profundizó bajo la dirección actual con el lanzamiento de operaciones de financiación a largo plazo para bancos, la flexibilización cuantitativa (QE), la orientación prospectiva y los tipos de interés negativos sobre los depósitos.
Para el BCE ha resultado mucho más difícil aplicar estas medidas no convencionales que para la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Estas políticas tienen implicaciones distributivas que van mucho más allá de las de las políticas tradicionales de tipos de interés, y en la eurozona esto suele adquirir una dimensión geográfica, lo que puede intensificar los desacuerdos. No obstante, el BCE ha defendido con competencia el principio de que estas implicaciones son menos importantes que la necesidad (y la ventaja económica para todos) de preservar el euro y combatir la deflación.
Ahora, un nuevo equipo directivo tendrá que afrontar nuevos desafíos. Quienes sean nombrados para el BCE deben ser técnicamente competentes, gozar de buena reputación en la comunidad económica y estar libres de vínculos políticos, de modo que puedan resistir las presiones de los gobiernos nacionales. Su tarea consiste en diseñar una estrategia de política que tenga sentido para la eurozona en su conjunto, al tiempo que dialogan de manera constructiva con todas las partes interesadas. Se trata de requisitos exigentes. Si los próximos dirigentes del BCE no los cumplen, el propio euro estará en riesgo.
Por si fuera poco, para 2020 la Comisión Europea y el Consejo Europeo tendrán cada uno un nuevo presidente y equipos directivos propios, y el Parlamento Europeo habrá incorporado a una nueva generación de políticos que no han participado en los compromisos y reformas de la última década. Por el contrario, muchos de ellos habrán sido elegidos en un entorno político marcado por la ira, la menor confianza y la fragmentación intracomunitaria.
Aun así, existe un amplio consenso en que la eurozona necesitará algo más que la política monetaria para garantizar un crecimiento y una estabilidad sostenidos. Es evidente que, con los tipos de interés en el límite inferior cero, una mayor coordinación entre la política monetaria y la fiscal es imprescindible. La eurozona también se beneficiaría sustancialmente de las políticas macroprudenciales y de mejores herramientas de resolución bancaria, así como del desarrollo de un mercado de capitales común. Sin embargo, existe escaso consenso político en torno a las ampliadas competencias federales y al mayor nivel de reparto de riesgos que estas políticas requerirían. Por consiguiente, la tarea de mantener unida la eurozona seguirá recayendo en el BCE.
La tarea no será fácil. En caso de otra desaceleración, la limitada capacidad fiscal de algunos países, combinada con la ausencia de herramientas comunes de estabilización, sugiere que el BCE tendrá que ir todavía más allá de los límites de las políticas no convencionales de lo que ya ha hecho. Esto podría implicar ampliar su programa de compra de activos y el tamaño y la composición de su balance. Sin embargo, sin avances hacia una integración financiera más profunda y un mercado de capitales común, el reparto privado de riesgos seguirá siendo limitado, lo que mermará la eficacia de los esfuerzos del BCE.
En términos más generales, el BCE debería hacer balance del último año y revisar su estrategia en consecuencia. Necesita mejorar la transparencia de su proceso de toma de decisiones aclarando las funciones del análisis económico y monetario en su «enfoque de dos pilares» para mantener la estabilidad de precios. Su objetivo de inflación, actualmente definido como «por debajo, pero cerca, del 2 % a medio plazo», debe precisarse, con una corrección de su sesgo a la baja.
Este proceso será polémico. Como ya ocurre en otros lugares, la independencia del BCE será cuestionada. Pero, a diferencia de la Fed y del BOJ, el BCE tendrá que sortear los intereses de países distintos en una unión profundamente dividida.
Mirando atrás, está claro que un acuerdo político para crear una moneda europea común habría sido imposible sin el surgimiento de un consenso mundial en torno a la independencia de los bancos centrales en la década de 1990. Ese nuevo consenso resultó ser tan sólido que la independencia del BCE se estableció efectivamente mediante un tratado (como condición para la aceptación de Alemania). La independencia es, por tanto, el principio rector fundamental de la eurozona. Debe defenderse a toda costa, especialmente en circunstancias en las que el BCE se vea obligado a evolucionar y asumir un papel mayor para compensar las divisiones entre los gobiernos nacionales.
La batalla por la independencia de los bancos centrales definirá la próxima década del BCE. Mientras los gobiernos nacionales reflexionan sobre la salida de Praet y miran hacia la elección de un nuevo presidente y comité ejecutivo, cabe esperar que se tomen en serio la tarea de elegir a las mujeres y los hombres adecuados para el puesto.
