El debate político sobre la equidad intergeneracional, que se ha reavivado durante la última semana, domina ahora las discusiones sobre la riqueza, el gasto público y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, un examen más detenido de algunos hallazgos recientes apunta a resultados contraintuitivos: las políticas destinadas a evitar una crisis fiscal y la desigualdad intergeneracional podrían estar generando precisamente esos resultados.
No disminuye el número de trabajadores
Es importante poner el debate actual en perspectiva. Hasta la fecha, hay pocas pruebas de que las políticas y la política estén organizadas en torno a una «guerra» generacional. Las solidaridades intergeneracionales que se forjan en la familia parecen mucho más fuertes que las divisiones económicas identificadas por los economistas.
El problema tampoco es exactamente lo que parece a primera vista. Al leer sobre el envejecimiento de la población, se podría perdonar que alguien creyera que el nivel de vida en Australia está destinado a caer debido a la reducción de la oferta de trabajadores. Simplemente, no es así.
El más reciente Informe intergeneracional, publicado por el Tesoro en 2010, muestra que la tasa de dependencia —es decir, el número de personas en edad laboral como proporción de la población total— será muy similar en 2030 a la de 1970. Esto se debe a que el envejecimiento de la población no solo aumenta el número de personas de 65 años o más, sino que también reduce proporcionalmente el número de personas muy jóvenes que dependen de otras.
Y hay más. Ahora, una mayor proporción de la fuerza laboral potencial participa activamente en el trabajo remunerado, lo que refleja la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Como resultado, se prevé que el promedio de horas trabajadas por persona (en el conjunto de la población) sea muy similar en 2050 al de 1980. Como era de esperar, se prevé que los ingresos per cápita aumenten hasta 2050. La recesión y el desempleo son amenazas económicas más graves.
En cambio, la mayor parte de la preocupación se centra más específicamente en el análisis de los presupuestos públicos. Las proyecciones muestran un aumento de los costos sanitarios y de las pensiones, lo que suscita preocupación por que los trabajadores jóvenes deban pagar impuestos más altos, recibir prestaciones menores en el futuro, o ambas cosas.
Como resultado, los responsables de formular políticas han instado a los gobiernos a reducir estos costos futuros animando (y exigiendo) a los ciudadanos a ahorrar y luego pagarse a sí mismos. Australia ha ampliado la jubilación complementaria, elevado la edad de jubilación y ahora está considerando crear nuevos copagos para la atención sanitaria.
La riqueza está cada vez más correlacionada con la edad
Sin embargo, este análisis ha tendido a centrarse únicamente en las formas más evidentes y directas de gasto público, y a ignorar otras formas de apoyo y transferencias intergeneracionales. Incorporar de nuevo esas consideraciones más amplias al análisis cambia las cosas.
En primer lugar, consideremos el hallazgo reciente del Grattan Institute según el cual los hogares de mayor edad han sido, con diferencia, los principales beneficiarios del aumento de la riqueza de los hogares. El informe sugiere que esto podría indicar un aumento de la desigualdad y el conflicto intergeneracionales.
Sin embargo, lejos de ser una sorpresa, esto concuerda plenamente con las recomendaciones de política de informes económicos anteriores sobre el envejecimiento de la población. Esas políticas promovieron los copagos y el ahorro a lo largo de la vida. El resultado han sido tasas más elevadas para los jóvenes que cursan estudios e incentivos para que las personas mayores acumulen activos. Cabría esperar que estas políticas produjeran exactamente el resultado que señala Grattan: que la riqueza esté cada vez más correlacionada con la edad.
Estas políticas sustituyen una forma de transferencia intergeneracional por otra: reemplazan las subidas de impuestos por pagos de intereses y alquileres. Dado que los impuestos sobre la renta son progresivos, mientras que los alquileres son regresivos, es probable que esto refuerce, en lugar de corregir, desigualdades más amplias. Al no considerar los efectos distributivos de las alternativas de mercado a la provisión pública, solo vemos una parte del balance.
Concesiones fiscales a la jubilación complementaria frente a las pensiones
Lamentablemente, es poco probable que los trabajadores jóvenes también se beneficien de impuestos más bajos. Animar a la gente a ahorrar también tiene costos. Desde la década de 1980, el gobierno ha proporcionado subsidios cada vez mayores para los dos principales instrumentos de ahorro: la jubilación complementaria y la vivienda. El lunes recibimos una actualización sobre el costo de estos subsidios como parte de la actualización presupuestaria del gobierno. Es una lectura aleccionadora.
Las concesiones fiscales que respaldan el ahorro —mediante la jubilación complementaria y la vivienda— suponen ahora un drenaje presupuestario mucho mayor que el gasto público que pretenden proteger. Las concesiones a la jubilación complementaria aumentan casi A$5 mil millones al año. En cambio, Australia gasta menos en pensiones públicas que casi cualquier otro país desarrollado.
Esos costos reflejan el carácter equitativo de los pagos. La pensión se destina a quienes la necesitan. Las concesiones fiscales tienden a favorecer a quienes más ganan. Esto significa que las pensiones permiten alcanzar ingresos adecuados durante la jubilación de manera más eficiente. Lo mismo ocurre en la atención sanitaria, donde el subsidio para la bonificación del seguro médico privado está creciendo más rápido que Medicare en su conjunto.
Por último, estas medidas también dejan fuera los servicios no remunerados, en particular los cuidados. Al incluir los cuidados no remunerados, se hacen visibles transferencias sustanciales de las personas mayores a las jóvenes y de los hombres a las mujeres. Irónicamente, aunque las mujeres proporcionan la mayor parte de los cuidados no remunerados, dependen más de los cuidados remunerados, en parte porque sobreviven a sus parejas masculinas. Por tanto, cobrar por los cuidados significa que quienes más los proporcionan también son quienes más pagan.
Todo esto demuestra que debemos tratar con cautela el análisis intergeneracional. Podemos aprender mucho si examinamos nuestra experiencia de la desigualdad a lo largo de la vida. Pero fijarnos únicamente en el gasto público distorsiona nuestra comprensión. Y, al observar más de cerca, vemos que las desigualdades dentro de cada generación siguen siendo mucho más significativas que las que existen entre generaciones.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Ben Spies-Butcher es profesor titular de Economía y Sociedad en el Departamento de Sociología.
Imagen: Una residente toma de la mano a una enfermera en la residencia de ancianos SenVital, en Kleinmachnow, a las afueras de Berlín, el 28 de mayo de 2013. REUTERS/Thomas Peter.
