El malestar persistente de Europa ha reavivado el viejo debate sobre qué forma de gobierno produce mejores resultados económicos. ¿Son más eficaces para generar crecimiento los regímenes autoritarios, con su capacidad para imponer decisiones impopulares? ¿O la democracia liberal, con sus controles y equilibrios incorporados, genera mayor prosperidad material?
Es un debate en el que, en las últimas décadas, las pruebas que respaldan cada postura parecen haberse alternado. En la década de 1980, el desempeño económico de Chile bajo la dictadura del general Augusto Pinochet y el de Singapur bajo el gobierno más benigno, pero no por ello menos autoritario, de Lee Kuan Yew fueron impresionantes. Mientras tanto, los países democráticos del mundo industrializado luchaban contra la recesión y el estancamiento.
En Europa, esto dio lugar al término «eurosclerosis». Según los politólogos, las democracias eran vulnerables a los grupos de interés especiales que frenaban el crecimiento. Los regímenes autoritarios —al menos aquellos que no se dedicaban a saquear sus países— quizá estaban mejor posicionados para aplicar políticas que garantizaran el éxito económico a largo plazo.
Esta visión se derrumbó con la caída del Muro de Berlín. El colapso del comunismo y la renuncia a la planificación centralizada en Europa del Este dieron lugar a una nueva corriente de pensamiento, cuando un gran número de votantes demostró estar dispuesto a aceptar sacrificios temporales si estos estaban vinculados a un programa de reformas realista y libre de corrupción. En América Latina, los políticos de izquierda adoptaron los principios del mercado como la mejor manera de satisfacer las aspiraciones de sus electores, y el crecimiento se reanudó. Durante buena parte de la década de 1990, las democracias parecían llevar la ventaja.
Pero la pugna continúa. Desde comienzos de este siglo, el vertiginoso crecimiento económico de China volvió a parecer una demostración de las ventajas del autoritarismo. El éxito del Partido Comunista Chino al sortear la turbulencia de la crisis económica mundial sin apenas inmutarse ha atraído la atención de otros que seguirían su ejemplo. Líderes como Vladímir Putin, de Rusia; Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía; Abdel Fatah el-Sisi, de Egipto; y Viktor Orbán, de Hungría, sostienen que el precio de la estabilidad y el crecimiento económicos podría ser, en ocasiones, la suspensión de la democracia.
La aparentemente interminable crisis del euro ha llevado a algunos líderes europeos a dar crédito a ese punto de vista. Al comienzo de la crisis, se dice que Jean-Claude Juncker, ahora presidente de la Comisión Europea, afirmó: «Todos sabemos qué hacer; simplemente no sabemos cómo lograr que nos reelijan después de hacerlo». En mayo de 2010, los líderes europeos decidieron que no podían imponer reformas en Grecia por sí solos y recurrieron al Fondo Monetario Internacional menos como recurso financiero que como mecanismo disciplinario. Más recientemente, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, desató una polémica cuando, al parecer inspirado por esa experiencia, dijo que «Francia estaría encantada si alguien pudiera obligar al parlamento» a reformarse.
La verdad, por supuesto, es que los sistemas autoritarios —sean cuales sean sus éxitos a corto plazo a la hora de mantener a raya las políticas irresponsables— no son sostenibles a largo plazo. La falta de rendición de cuentas conduce inevitablemente a la corrupción y la ineficiencia, problemas con los que China se enfrenta ahora.
El desafío para las democracias es desarrollar mecanismos que les permitan establecer políticas sostenibles a largo plazo y, al mismo tiempo, salvaguardar el propio proceso democrático. El consenso público que respaldó las difíciles reformas en Europa del Este en la década de 1990 demuestra que los votantes pueden comprender y aceptar las disyuntivas cuando no perciben otra alternativa. (Del mismo modo, la crisis de Grecia demuestra que los votantes se negarán a hacer sacrificios si creen que hay otra salida).
El debate parlamentario es una manera eficaz de establecer prioridades a largo plazo, pero los políticos deben garantizar que las decisiones adoptadas se lleven a cabo sin cambios excesivos ni marcha atrás. Por ejemplo, tras la Gran Depresión, existía en Estados Unidos un amplio consenso de que la excesiva injerencia del Congreso era responsable del desastroso aumento de las barreras a la importación con el arancel Smoot-Hawley. Se decidió que era mejor delegar la política comercial en el presidente, un cargo más protegido de las presiones electorales.
Del mismo modo, el debate europeo sobre los marcos fiscales adecuados quizá debería resolverse mediante un referéndum, tras un debate público sobre una estrategia sostenible a largo plazo. Sin embargo, sería mejor confiar la aplicación de la decisión a los Estados miembros.
Ya sea a nivel europeo o en cada Estado miembro, la autoridad para garantizar el crecimiento económico a largo plazo debe delegarse de manera precisa y clara en organismos cuya legitimidad proceda del proceso democrático, pero que estén protegidos de sus impulsos más bajos. La alternativa sostenible a la toma democrática de decisiones no es el autoritarismo, sino la aplicación de mecanismos que garanticen que la respuesta acalorada ante una crisis inmediata no socave una deliberación serena.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Harold James es profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, profesor de Historia en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y miembro sénior del Center for International Governance Innovation.
Imagen: La sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, el 6 de junio de 2013. El jueves, el Banco Central Europeo mantuvo su principal tipo de interés en un mínimo histórico del 0,50 por ciento. REUTERS/Ralph Orlowski
