El artículo de opinión exclusivo del comisario de la UE Vella se publica en respuesta al artículo del subsecretario general de las Naciones Unidas de Erik Solheim sobre la inversión en energías renovables y las finanzas sostenibles, publicado por primera vez en The Sting el 13 de abril de 2018. Las opiniones expresadas en este Sting Exclusive pertenecen al comisario de la UE.
No se pueden ignorar los riesgos medioambientales para la economía. El Informe anual sobre riesgos globales de 2018 del Foro Económico Mundial muestra que 5 de los 10 riesgos más probables son medioambientales o están directamente vinculados a la degradación medioambiental.
Los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático, las catástrofes medioambientales causadas por el ser humano, las crisis del agua y los alimentos, y la pérdida de biodiversidad plantean amenazas.
Lo que debemos hacer es convertir estas advertencias, este riesgo, en una oportunidad. Se trata de que los desafíos medioambientales generen oportunidades económicas.
Estoy convencido de que podemos y debemos ampliar las oportunidades empresariales canalizando financiación e inversiones hacia actividades que aporten beneficios medioambientales y no provoquen degradación medioambiental.
A esto nos referimos cuando hablamos de finanzas sostenibles e inversión sostenible.
La Comisión Europea reconoce desde hace tiempo que un medio ambiente saludable va de la mano del crecimiento económico y el empleo, y constituye una base indispensable para el desarrollo sostenible.
Ya se trate de riesgos relacionados con el agua, como las inundaciones y las sequías, o de activos varados a causa de la pérdida de biodiversidad (por ejemplo, en la agricultura), está claro que no abordar los riesgos medioambientales amenaza la estabilidad de los mercados financieros.
El medio ambiente no es un obstáculo para el desarrollo económico. Al contrario, no hay ningún modelo económico exitoso, duradero y competitivo que no sea sostenible.
No abordar la degradación del capital natural plantea riesgos no solo para nuestra salud y el medio ambiente, sino también para el crecimiento económico a largo plazo y para la estabilidad política y financiera.
La transición hacia una economía circular, eficiente en el uso de los recursos y con bajas emisiones de carbono ofrece importantes oportunidades de inversión.
Plan de acción sobre finanzas sostenibles
Las finanzas serán un factor clave para hacer posible la transición hacia una economía verde. Al mismo tiempo, el propio sistema financiero de la UE será más sólido y estable al integrar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
La Comisión Europea ha reconocido la necesidad de un esfuerzo a gran escala para transformar nuestro marco financiero y reorientar el capital hacia actividades sostenibles.
La Comisión adoptó un Plan de acción de la UE sobre «Financiación del crecimiento sostenible» el 8 de marzo.
Uno de los primeros pasos para aplicar el Plan de acción será desarrollar una taxonomía de la UE —o sistema de clasificación— para las finanzas sostenibles, que aclare qué se considera ecológico y qué no.
También desarrollaremos normas y etiquetas para los productos financieros ecológicos, en particular estudiando la posibilidad de utilizar el marco de la etiqueta ecológica de la UE para crear un sistema voluntario de etiquetado a escala de la UE para determinados productos financieros. Esto permitirá a los inversores particulares invertir su dinero en proyectos sostenibles.
Normas de contabilidad medioambiental también tendrán que desarrollarse para que los inversores puedan integrar en su toma de decisiones información sobre el desempeño medioambiental de las empresas y los proyectos, y sobre su impacto en el rendimiento financiero.
Para incentivar la financiación de actividades sostenibles, la Comisión ve con buenos ojos la propuesta del Parlamento Europeo de modificar los requisitos de capital de los bancos mediante la introducción de un denominado factor de apoyo verde.
Un «factor de apoyo verde» significaría que los bancos tendrían que mantener menos capital al realizar inversiones ecológicas, porque esas inversiones se considerarían activos con menor ponderación de riesgo (APR).
Sin embargo, para aplicar un sistema de este tipo se necesitarían pruebas de que las inversiones ecológicas realmente conllevan un menor grado de riesgo y, probablemente, cambios sustanciales en la gestión de riesgos y la supervisión de los bancos.
Por último, la Comisión propondrá modificaciones de la legislación vigente para aclarar las obligaciones de los inversores. Así se garantizará que los gestores de activos, los fondos de pensiones y las compañías de seguros tengan en cuenta los factores y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus procesos de decisión de inversión y sean más transparentes con sus clientes finales.
Por ejemplo, los ecosistemas terrestres y acuáticos absorben alrededor de la mitad de las emisiones de CO2 causadas por el ser humano; la deforestación y la degradación forestal representan cerca del 12 % de esas emisiones; el agua es un bien cuyo uso requiere mucha energía [captación, transporte, tratamiento y calentamiento], por lo que mejorar la eficiencia hídrica también supone ahorrar energía; combatir la contaminación del aire y del agua también es clave para alcanzar ODS más «sociales», como los relacionados con la salud, la pobreza y el hambre.
Fondos de la UE
Por supuesto, no se trata de sustituir la financiación pública por capital privado, sino de lograr que ambos colaboren en favor de la sostenibilidad.
Los fondos de la UE, por ejemplo, también tienen un papel que desempeñar. Estamos integrando gradualmente objetivos medioambientales en todos los principales fondos pertinentes de la UE y evaluando la posibilidad de mantener este enfoque en el futuro.
Es necesario mejorar la coherencia de las políticas, en particular en lo relativo a la Política Agrícola Común y la política de cohesión, y el programa LIFE puede ayudar a reforzar la integración medioambiental.
Este rumbo nos conducirá a una economía sostenible, con bajas emisiones de carbono, eficiente en el uso de los recursos, resiliente y más competitiva en el ámbito mundial: una economía que los ciudadanos realmente desean. Una economía que proteja a las empresas y permita producir y consumir bienes y servicios de manera más eficiente. Una economía que cree empleo local para personas de todos los niveles de cualificación y no dañe el mundo natural del que dependemos.
Alcanzar esa economía es un desafío que exige actuar en paralelo en varios frentes y coordinar esfuerzos. Pero también es una oportunidad para que muchos participen, incluidos los intermediarios financieros, los inversores institucionales y particulares, los supervisores y los responsables de formular políticas.
