Se supone que los programas de protección social deben hacer precisamente lo que su nombre indica: proteger a los sectores de la sociedad más necesitados. Exigir que sus beneficiarios renuncien de hecho a sus derechos a la privacidad personal y a la protección de datos, como hacen muchos gobiernos, equivale a hacer justo lo contrario.
En las últimas décadas, los programas de asistencia social de todo el mundo se han reforzado hasta el punto de que ahora benefician a más de 2.500 millones de personas, por lo general las más pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presión para aplicar tecnologías biométricas con el fin de verificar la identidad de los beneficiarios e integrar sistemas de información que abarcan desde los registros civiles hasta las bases de datos policiales implica que los programas sociales podrían crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.
Las empresas privadas, los organismos donantes y el Banco Mundial sostienen que la aplicación de herramientas biométricas, como el escaneo del iris y las huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integración de bases de datos, mejorará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costos. Y muchos gobiernos parecen convencidos.
Aunque no hay información sistemática disponible sobre el uso de tecnologías biométricas en los programas de asistencia social, un vistazo a algunos programas emblemáticos sugiere que su uso ya va en aumento. En Sudáfrica, 17,2 millones de beneficiarios de subsidios sociales recibentarjetas inteligentes biométricas. En México, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro público de salud para los ciudadanos más pobres) deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades.
La mayor base de datos biométricos del mundo, Aadhaar, está en India. Como estar inscrito en Aadhaar es un requisito para acceder a varios programas sociales, ya se han registrado los datos del 95% de los 1.250 millones de habitantes del país. También se exige proporcionar datos biométricos para recibir prestaciones en Botsuana, Gabón, Kenia, Namibia, Pakistán, Paraguay y Perú.
Los datos biométricos almacenados en la base de datos de un programa de protección social pueden vincularse fácilmente con otros sistemas mediante un identificador común, incluso con los que no guardan relación con la protección social, como los destinados a la aplicación de la ley o al marketing comercial. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos, esta integración de bases de datos está prohibida debido a la amenaza que supone para la privacidad y la protección de datos. Al fin y al cabo, los programas de asistencia social requieren el tratamiento de grandes cantidades de datos, incluida información sensible como los bienes del hogar, el estado de salud y las discapacidades.
En muchos países en desarrollo que están ampliando sus programas de protección social e identificación biométrica, los marcos de protección de datos personales están poco desarrollados. Aun así, los donantes y las autoridades gubernamentales suelen promover la integración más amplia posible de las bases de datos, tanto entre entidades públicas como privadas. Por ejemplo, Nigeria, que aspira a emitir 100 millones de tarjetas de identificación electrónica, tiene una base de datos nacional de identidad conectada con varias otras bases de datos, incluidas las que mantienen los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
La presión para compartir datos sensibles de protección social, incluidos los identificadores biométricos, con las fuerzas del orden, tanto a nivel nacional como internacional, se ve agravada por las preocupaciones sobre el terrorismo y la migración. Esta presión amenaza no solo la privacidad básica, sino también las libertades civiles. Si se suma el riesgo de divulgación negligente de datos o de acceso no autorizado por parte de terceros —incluidos ciberdelincuentes y piratas informáticos—, los beneficiarios de la protección social también podrían quedar expuestos a la estigmatización, la extorsión o el chantaje.
También existe la posibilidad de que se conceda o venda a empresas privadas el acceso a datos sensibles de protección social, incluida la información biométrica. Las autoridades de protección social y empresas privadas como MasterCard o Visa suelen suscribir acuerdos comerciales para crear tarjetas inteligentes destinadas a programas de asistencia social o para que los comercios acepten esas tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta biométrica de asistencia social de Sudáfrica es una MasterCard.
Peor aún, esos acuerdos —que a menudo no se hacen públicos— suelen carecer de mecanismos de reparación en casos de abuso y uso indebido de la información. Sin embargo, noticias recientes en los medios sugieren que estos riesgos son considerables. Por ejemplo, en Chile, millones de historiales médicos de pacientes —incluidos los de personas con VIH y mujeres que habían sufrido abusos sexuales— quedaron expuestos públicamente durante casi un año.
Además, en Sudáfrica, empresas privadas utilizaron la información de millones de beneficiarios de protección social para aumentar sus ganancias empresariales en detrimento de los intereses de los beneficiarios. En India, un periódico afirmó que sus reporteros habían obtenido acceso irrestricto a la base de datos Aadhaar. Otro informedocumentó cómo los números de Aadhaar, junto con información financiera sensible, se habían publicado en sitios web gubernamentales.
La amenaza para los beneficiarios de la protección social no desaparece ni siquiera cuando solo el gobierno puede acceder a los datos. Como relata, en Estados Unidos, la toma automatizada de decisiones en la prestación de asistencia social permite al gobierno «crear perfiles de las personas pobres, vigilarlas y castigarlas», según la politóloga Virginia Eubanks.
A medida que la tecnología siga avanzando, estas amenazas no harán más que crecer. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial podría permitir a los gobiernos identificar a manifestantes que reciben asistencia social mediante las fotografías digitales que han proporcionado a cambio del acceso a las prestaciones. Malta, por ejemplo, ya está considerando utilizar cámaras de circuito cerrado con software de reconocimiento facial para prevenir el «comportamiento antisocial».
La falta de consideración por la privacidad y la protección de datos en los programas de asistencia social no debería sorprender. Estos programas atienden a los grupos más vulnerables, personas que ya están en desventaja para defender sus derechos. El estigma arraigado y los prejuicios contra las personas pobres suelen impedir que otros miembros más privilegiados de la sociedad reconozcan esos riesgos, y mucho menos que defiendan a quienes reciben protección social. Muchos parecen creer que, si recibes prestaciones «gratuitas», no puedes exigir también privacidad.
Se supone que los programas de protección social deben hacer precisamente lo que su nombre indica: proteger a los sectores de la sociedad más necesitados. Exigir que estas personas renuncien de hecho a sus derechos a la privacidad personal y a la protección de datos equivale a hacer justo lo contrario.
Eso por sí solo debería bastar para abogar por la adopción de marcos jurídicos adecuados, autoridades de protección de datos con recursos suficientes y, como última línea de defensa, un poder judicial y unos medios de comunicación independientes. Pero si la gente necesita un incentivo más fuerte, siempre está el interés propio, porque los riesgos que afrontan hoy las personas más vulnerables y desfavorecidas bien podrían convertirse mañana en una realidad para un sector mucho más amplio de la sociedad.
