Los Estados afectados por conflictos corren un alto riesgo en esta era de incertidumbre económica, pues ya han tenido que hacer frente a la pandemia y a los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania.
África subsahariana ha sufrido un impacto especialmente fuerte: los precios al consumidor han aumentado más del 20 %, mientras que la deuda pública se acerca a niveles que no se veían desde principios de la década de 2000.
Cada vez hay más consenso en que las instituciones financieras internacionales deben desempeñar un papel clave para estabilizar las economías frágiles y afectadas por conflictos, y ayudar a promover un crecimiento inclusivo.
El FMI ha puesto en marcha una serie de programas para apoyar a estas economías.
Estados frágiles y afectados por conflictos, hogar de 1.000 millones de personas en más de 40 países, corren un riesgo particular en esta era de incertidumbre económica.
Tras lidiar durante décadas con la pobreza, instituciones de escasa capacidad, problemas de gobernanza, violencia y otros riesgos, estos países ahora deben hacer frente a las secuelas de la pandemia y a la invasión rusa de Ucrania. Por ello, la comunidad internacional debe trabajar unida para contribuir a garantizar su estabilidad como bien público mundial; de lo contrario, los efectos indirectos asociados a la fragilidad y los conflictos serán aún más perjudiciales.
La pandemia ha tenido un impacto económico duradero: se prevé que los ingresos per cápita en los Estados frágiles no recuperen los niveles de 2019 hasta 2024. La guerra de Rusia en Ucrania y sus efectos indirectos, incluidos los que inciden en los precios de los alimentos y la energía, agravaron aún más la situación.
África subsahariana, donde se encuentra aproximadamente la mitad de los países de la categoría de Estados frágiles y afectados por conflictos (FCS, por sus siglas en inglés), ha sufrido un impacto especialmente fuerte. Los precios al consumidor han aumentado más del 20 % en promedio el año pasado, mientras que la deuda pública se acerca al 60 % del producto interno bruto, un nivel que no se veía desde principios de la década de 2000. Pronosticamos que el crecimiento económico de siete países —Burkina Faso, República Centroafricana, Comoras, Eritrea, Malí, Nigeria y Zimbabue— estará por debajo del promedio regional del 3,6 % del año pasado. Además, 123 millones de personas, es decir, el 12 % de la población de la región, sufren inseguridad alimentaria aguda, lo que equivale a dos tercios del total mundial.
Los FCS de Oriente Medio y Norte de África —más de un tercio de los países de la región— siguen enfrentándose a las secuelas de la pandemia y al encarecimiento de los alimentos y la energía. El crecimiento se ha mantenido débil, por debajo del 1 %, mientras que el PIB per cápita continúa disminuyendo. Se prevé que los precios al consumidor aumenten más del 30 % en promedio el año pasado y que la inflación se mantenga en dos dígitos en 2023. Se pronostica que la deuda pública supere el 60 % del PIB. Como resultado, los FCS afrontan difíciles disyuntivas entre el aumento de las necesidades de gasto, las dificultades para recaudar ingresos adicionales y los elevados niveles de deuda. Los países vulnerables de la región también se enfrentan a la inseguridad alimentaria y a la inestabilidad social y política.
Los conflictos han regresado incluso a regiones consideradas más estables. Según las Naciones Unidas, la guerra de Rusia en Ucrania elevó a 100 millones el número de personas desplazadas por la fuerza. La llegada de casi 8 millones de refugiados ucranianos a países europeos vecinos obliga a los gobiernos a afrontar costos fiscales a corto plazo en un contexto de restricciones presupuestarias ya severas, y a tomar decisiones de política sobre la integración en el mercado laboral y el acceso a los servicios sociales.
Estos desafíos son bien conocidos en África y Oriente Medio, donde los responsables de formular políticas afrontan flujos de refugiados y otros efectos regionales de la fragilidad y los conflictos con recursos escasos. En este contexto, debemos dar prioridad a tres formas de ayudar a estos países y a sus vecinos a pasar de la fragilidad a la estabilidad y la resiliencia.
Participación multilateral adaptada
En primer lugar, la comunidad internacional debe apoyar a los países sometidos a presión, incluso en las situaciones más difíciles. Esto es especialmente importante en lugares como el Sahel, donde las crisis superpuestas de seguridad, humanitarias y económicas amenazan con debilitar las instituciones de países en riesgo de colapso estatal. Cada vez hay más consenso en que las instituciones financieras internacionales deben mantener su compromiso y desempeñar un papel clave para estabilizar las economías frágiles y afectadas por conflictos, y ayudar a promover un crecimiento inclusivo.
En 2022, el Banco Africano de Desarrollo actualizó su estrategia para los Estados frágiles, y el Banco Europeo de Inversiones adoptó la suya por primera vez. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han tomado medidas similares desde 2020.
En marzo, el FMI puso en marcha su Estrategia para los Estados Frágiles y Afectados por Conflictos para reforzar nuestros esfuerzos y brindar un apoyo más sólido a los FCS, adaptado al margen de maniobra limitado de estos países en materia de políticas.
El FMI apoya a los FCS de varias maneras. Por ejemplo, el programa de Mozambique apoya a los hogares vulnerables mediante transferencias de efectivo, incluidas las personas desplazadas por la fuerza a causa del conflicto en el norte. Apoyamos los esfuerzos de Somalia para reconstruir instituciones económicas clave y promover la estabilidad y el crecimiento, entre otras cosas mediante el próximo alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados junto con el Banco Mundial. Además, brindamos Yemen asesoramiento sobre políticas para ayudar a estabilizar su economía y reducir la inseguridad alimentaria.
La financiación es clave
La segunda prioridad es ampliar la financiación para responder a los desafíos que se avecinan. Nuestras contribuciones forman parte de esfuerzos más amplios y hemos apoyado iniciativas mundiales para amortiguar el impacto en los países más expuestos a los riesgos. Durante la pandemia, los FCS recibieron 14.300 millones de dólares en financiación del FMI y otros 26.000 millones de dólares de la asignación general de derechos especiales de giro del FMI.
Además, el Fondo creó recientemente el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad , que proporcionará financiación asequible a más largo plazo para hacer frente a desafíos estructurales, como los provocados por el cambio climático, y que podría ser una fuente adicional de financiación para los FCS que reúnan los requisitos.
En septiembre, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la nueva Ventana para Choques Alimentarios para ayudar a los países que afrontan problemas de balanza de pagos relacionados con el costo de los alimentos. Nuestro asesoramiento sobre políticas, la asistencia para el desarrollo de capacidades y el apoyo financiero están coordinados con nuestros socios internacionales.
Abordar la fragilidad es un bien público mundial
Por último, es esencial reconocer que la fragilidad evoluciona. Varios países de ingreso mediano afrontan ahora grandes desafíos debido a los efectos indirectos de conflictos en países vecinos. Por ello, es fundamental que la comunidad internacional amplíe su apoyo a los países que proporcionan un bien público mundial, por ejemplo, abriendo sus fronteras a las personas refugiadas.
En los últimos años, los bancos multilaterales de desarrollo han ampliado su asistencia, incluso mediante financiación en condiciones favorables para países de ingreso mediano afectados por los efectos indirectos de la fragilidad y los conflictos, como Colombia, Ecuador, Jordania, Líbano y, más recientemente, Moldavia. Estas medidas ponen de relieve cómo las instituciones multilaterales pueden ayudar a los países a abordar mejor los desafíos regionales y mundiales.
En un mundo cada vez más fragmentado, solo podemos responder eficazmente si aunamos fuerzas para gestionar riesgos interconectados. Para la comunidad internacional, esto significa fortalecer su contrato social con los países más vulnerables, que no pueden absorber estos impactos por sí solos.
