El Highway Trust Fund de Estados Unidos atraviesa un momento delicado. Sin transferencias de los fondos federales generales, el fondo se quedará sin dinero muy pronto. Incluso con apoyo financiero de los fondos generales, el fondo tiene un déficit acumulado proyectado de 168.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Al mismo tiempo, unos 2 billones de dólares en beneficios de empresas estadounidenses permanecen en el extranjero, ya que las compañías no quieren traerlos a Estados Unidos por los impuestos que tendrían que pagar.
Viendo una oportunidad, miembros del Congreso de ambos partidos están considerando una propuesta que permitiría que esos beneficios empresariales regresen a Estados Unidos para tributar a un tipo más bajo, y que los fondos resultantes contribuyan al Highway Trust Fund. Si asumimos un tipo impositivo del 6,5 por ciento, como propone la Invest in Transportation Act, entonces todos los beneficios extranjeros que llegan a Estados Unidos generarían unos 130.000 millones de dólares. Si esta propuesta le suena conocida, es porque algo muy similar se implementó hace más de 10 años. Los resultados de esa experiencia deberían hacer que los responsables políticos sean escépticos respecto a su promesa en esta ocasión.
La reducción temporal de impuestos para los beneficios extranjeros que regresan a Estados Unidos se conoce como exención fiscal temporal por repatriación. La idea detrás de la ley de 2004 era que, al inducir a las empresas a traer de vuelta sus beneficios a Estados Unidos, la reducción temporal de impuestos aumentaría la inversión y el empleo en el país y, por tanto, impulsaría el crecimiento económico. Sin embargo, la abrumadora evidencia de la última vez muestra que estos resultados prometidos no se produjeron.
En un artículo publicado en el Journal of Finance, los economistas Dhammika Dharmapala, C. Fritz Foley y Kristin J. Forbes concluyeron que las repatriaciones no aumentaron la inversión, el empleo ni el gasto de las empresas en investigación y desarrollo en Estados Unidos. Pero sí aumentó una cosa: los pagos a los accionistas. De hecho, los autores hallaron que cada dólar repatriado a Estados Unidos se asoció con casi un dólar en pagos a accionistas, pese a las medidas de la ley diseñadas para evitar que esto ocurriera. Otras investigaciones sobre la repatriación han encontrado efectos similares: los accionistas fueron grandes beneficiarios, aunque el tamaño del beneficio fue menor en estos otros estudios.
Los detalles de la propuesta actual son escasos, por lo que es difícil saber si evitaría los problemas inherentes a la ley de 2004. Sin embargo, la última propuesta también tiene defectos evidentes. La financiación del Highway Trust Fund mediante la repatriación constituiría un aumento del déficit federal a largo plazo. Con la legislación vigente, se supone que estos beneficios acabarán tributando al tipo actual, más alto. Pero con la exención, parte de estos ingresos se adelantaría al presente y tributaría a un tipo más bajo. Es decir, los nuevos ingresos fiscales, asignados al Highway Trust Fund de la misma manera que los impuestos sobre nómina se destinan a la Seguridad Social, se cambiarían por los ingresos fiscales futuros perdidos al gravar esos beneficios extranjeros a un tipo más alto.
Endeudarse no es necesariamente un problema. Pero, como señala Chris Sanchirico en TaxVox, existen quizá formas más eficientes y equitativas de financiar la inversión en infraestructuras. Lo que es peor, una segunda repatriación daría a las empresas incentivos para esperar otra ronda de repatriación más adelante. Como Sanchirico y Jared Bernstein, del Center for Budget and Policy Priorities, señalan, ¿por qué pagar la tasa completa si sabes que el gobierno acabará concediéndote una exención?
El Highway Trust Fund necesita, sin duda, más ingresos. Pero encontrar esos ingresos mediante una exención fiscal temporal que resultó ineficaz la primera vez no parece el paso adecuado hacia delante.
Este artículo se publica en colaboración con Washington Center for Equitable Growth. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Nick Bunker es analista de políticas del Washington Center for Equitable Growth.
Imagen: La bandera de Estados Unidos ondea sobre el puente de Brooklyn en Nueva York. REUTERS/Lucas Jackson
