Mientras Grecia y sus acreedores internacionales se apresuran a acordar un rescate, se ha planteado la cuestión de la legalidad de la deuda griega. La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública del Parlamento griego ha publicado un informe que rechaza la legitimidad de la gran reestructuración de la deuda soberana. Afirma que una parte sustancial de la deuda del país, de 320.000 millones de euros, es ilegal y «odiosa».
La Comisión de la Verdad fue creada por el Parlamento griego en abril de 2015 con el mandato de auditar la legitimidad de la deuda griega a la luz del derecho griego, de la UE e internacional. El informe concluye que la deuda externa griega no debería poder exigirse legalmente. Hasta ahora carece de validez jurídica, pero bien podría alimentar las objeciones de Grecia a su plan de rescate en las próximas semanas.
Cuando el Gobierno griego recibió un rescate y se reestructuró el reembolso de su deuda en 2010, los préstamos estuvieron sujetos a condiciones estrictas, de conformidad con el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (que desde entonces ha sido sustituido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad). Las condiciones incluían varias medidas de austeridad y reformas estructurales de la economía griega.
Estas reformas han dejado a millones de griegos enfrentándose a la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Mientras tanto, se cerraron o fusionaron servicios públicos e infraestructuras (incluidas escuelas, hospitales y tribunales) a raíz de los recortes del gasto público.
Controversia jurídica
Como era de esperar, la negociación del rescate griego dio lugar a controversias sobre su naturaleza y legalidad. De hecho, la deuda de Grecia se ha impugnado por distintas vías judiciales. En particular, se impugnó sin éxito ante el Tribunal Supremo de Grecia la legalidad de la Ley 3845/2010, aprobada por el Gobierno griego en mayo de 2010, que aceptaba las condiciones del rescate.
La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública creada este año es un grupo no judicial. Integrada por expertos griegos e internacionales, fue establecida por el Parlamento griego para determinar los hechos, las causas y la legalidad de las violaciones de los derechos humanos.
Las conclusiones preliminares señalan defectos jurídicos en el proceso de reestructuración de la deuda soberana griega. El informe no se anda con rodeos al afirmar que la deuda griega es odiosa, insostenible, ilegal e ilegítima, y que socava diversos derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales. En consecuencia, la deuda vulnera los derechos de los ciudadanos que residen en Grecia, consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos.
«Odiosa» es una noción que procede de una teoría muy reconocida del derecho internacional, acuñada por Alexander Nahum Sack. La idea sostiene que la deuda pública contraída contra los principios democráticos por un régimen para fines distintos del interés superior de la nación no debería poder exigirse. Es el caso de las deudas coloniales o de las contraídas durante una dictadura. Se refiere a la legitimidad de la deuda, que falta en quienes concedieron los préstamos en primer lugar.
Si una deuda externa se considera «odiosa» en estos términos, no debería pagarse: esta es una de las principales cuestiones controvertidas del informe. Según el mandato de la Comisión de la Verdad, dos elementos definen el carácter odioso de la deuda griega.
El prestamista «sabía o debería haber sabido [que las condiciones de la deuda vulneraban] los principios democráticos (incluidos el consentimiento, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas)».
La deuda «se utiliza en contra de los intereses superiores de la población del Estado prestatario, o es inadmisible y su efecto es privar a las personas de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales fundamentales».
La principal conclusión de la Comisión de la Verdad es que la deuda externa griega no solo es odiosa, sino también ilegal, pues infringe el derecho griego, el derecho de la UE y el derecho internacional. La califica de ilegítima porque entra en conflicto con las obligaciones en materia de derechos humanos como el respeto del derecho al trabajo o del derecho a la educación. Es insostenible debido a la imposibilidad de que Grecia la pague sin afectar gravemente su capacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos como Gobierno. Por todas estas razones, el informe afirma que Grecia debería repudiar la deuda y no pagarla.
Sin embargo, el informe no impone obligaciones jurídicamente vinculantes. En sentido estricto, no es un fallo como los que dictan los tribunales nacionales; son únicamente las conclusiones preliminares de una comisión. Por ello, no es viable la recomendación de repudiar la deuda griega por odiosa.
En cualquier caso, el informe presiona a los gobiernos que participan en las negociaciones de la deuda para que negocien condiciones menos severas para el rescate y atiendan las preocupaciones de los ciudadanos griegos. También plantea la cuestión de la transparencia, ya que intenta investigar públicamente las causas de la deuda.
Este artículo se publica en colaboración con. El artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el artículo original. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
Para mantenerse al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autora: Belén Olmos Giupponi es profesora de Derecho en la University of Stirling.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea ondea junto a una bandera griega en lo alto del Ministerio de Finanzas de Grecia, al atardecer, en el centro de Atenas. REUTERS/Yannis Behrakis.
