Durante la crisis financiera mundial, los responsables de formular políticas se enfrentaron a una difícil disyuntiva al gestionar las quiebras bancarias. Usar fondos públicos para rescatar bancos en dificultades (rescates públicos) podía debilitar la disciplina de mercado y conducir a una asunción excesiva de riesgos: el efecto de riesgo moral.
Permitir que los inversores privados absorbieran las pérdidas (rescates internos) podía desestabilizar el sector financiero y la economía en su conjunto: el efecto de contagio. En la mayoría de los casos, los bancos fueron rescatados con fondos públicos.
Esto generó resentimiento entre la ciudadanía e impulsó a los responsables de formular políticas a introducir medidas para trasladar la carga de la resolución bancaria de los contribuyentes a los inversores privados.
La resolución de un banco en dificultades debería basarse en rescates internos: las partes interesadas privadas deberían asumir las pérdidas.
Nuestro reciente estudio, presentado también en una sección de análisis de las Reuniones de Primavera de 2018, examina qué hacer cuando quiebra un banco.
Abogamos por un marco de resolución que equilibre cuidadosamente los efectos de riesgo moral y de contagio, y mejore la disyuntiva. Ese marco convertiría los rescates públicos en la excepción y no en la regla.
Equilibrar los efectos de riesgo moral y de contagio
No todas las crisis son iguales. Algunas son aisladas y tienen poco o ningún efecto de contagio. En esos casos, los rescates públicos solo generarían riesgo moral. La resolución de un banco en dificultades debería basarse en rescates internos: las partes interesadas privadas deberían asumir las pérdidas.
Otras crisis son sistémicas y afectan a todos los ámbitos de una economía o a muchos países al mismo tiempo.
Los efectos de contagio desestabilizadores asociados a las quiebras bancarias en una situación así justificarían el uso de recursos públicos: el riesgo moral sigue existiendo, pero es tolerable frente a la alternativa de una crisis grave que perjudique a todos, incluso a quienes no tienen intereses en el banco en dificultades.
Por tanto, el marco debería comprometerse a recurrir a rescates internos en la mayoría de los casos y permitir el uso de fondos públicos solo cuando los riesgos para la estabilidad macrofinanciera derivados de esos rescates sean excepcionalmente graves.
Mejorar la disyuntiva
La mejor manera de evitar esos dilemas es reducir los efectos de contagio y la necesidad de rescates públicos desde el principio. Esto puede lograrse mediante dos mecanismos que se refuerzan mutuamente.
El primer mecanismo consiste en reducir la probabilidad de que se produzcan crisis y minimizar los costes si llega a producirse una. Esto supone contar con un sistema bancario más resiliente: menos apalancamiento y asunción de riesgos, y más capital y liquidez. Así, disminuyen las probabilidades de que un banco atraviese dificultades. Y, si las atraviesa, los bancos pueden absorber las pérdidas sin ayuda del Gobierno.
El segundo mecanismo consiste en hacer viable la opción del rescate interno. El problema es que los responsables de formular políticas pueden prometer que aplicarán un rescate interno a un banco en dificultades, pero en una crisis sentirán la tentación de rescatarlo con fondos públicos. Por eso, la gente no creerá que se recurrirá a los rescates internos y seguirá esperando rescates públicos.
Esta es la peor combinación posible, porque genera efectos de contagio y de riesgo moral.
¿Cómo pueden los responsables de formular políticas asumir un compromiso creíble de que realmente se recurrirá a rescates internos?
En primer lugar, hay que garantizar que los bancos tengan suficientes colchones para absorber pérdidas y aclarar de antemano qué derechos de los inversores (como bonos y depósitos) se amortizarán en caso de quiebra y en qué orden. En segundo lugar, solo se debe permitir que inversores sofisticados, capaces de comprender y absorber las pérdidas, posean estos instrumentos sujetos a rescate interno. En tercer lugar, hay que mejorar la capacidad de resolución de los bancos sistémicos mediante evaluaciones periódicas, planes de resolución que detallen cómo se resolverá el banco y simulacros nacionales y transfronterizos para evaluar el impacto de una amenaza.
En cuanto al otro lado de la disyuntiva, ¿cómo podemos limitar el riesgo moral?
En primer lugar, hay que asumir un compromiso creíble de recurrir a rescates públicos solo en casos excepcionales y de forma temporal, con un plan de salida claro. En segundo lugar, se deben utilizar fondos públicos únicamente después de aplicar rescates internos a quienes puedan absorber las pérdidas. En tercer lugar, hay que recuperar esos fondos públicos una vez pasada la crisis y garantizar que todo se lleve a cabo de manera transparente y responsable.
El camino a seguir
Las reformas introducidas desde la crisis han mejorado la disyuntiva al intentar convertir los rescates internos en una opción creíble y reducir la probabilidad de rescates públicos.
Los nuevos marcos —como los de Estados Unidos y la Unión Europea— introducen amplias facultades para resolver bancos, incluso mediante rescates internos. Estas medidas también buscan contener los efectos de contagio de dichos rescates al garantizar que los bancos dispongan de colchones adecuados para absorber pérdidas, y pretenden facilitar su resolución mediante una planificación eficaz.
Apoyamos la agenda de reformas en curso y subrayamos que los marcos de resolución deberían minimizar el riesgo moral. Dicho esto, también hacemos hincapié en la necesidad de permitir flexibilidad suficiente, aunque limitada, para poder utilizar recursos públicos en crisis sistémicas, cuando se considere probable que los efectos de contagio pongan gravemente en peligro la estabilidad macrofinanciera.
