El crecimiento es esencial para mejorar la vida de las personas en los países de ingresos bajos y debe beneficiar a todos los sectores de la sociedad.
Al viajar por África en enero, me ha asombrado la vitalidad que he podido observar: empresas emergentes que invierten en el futuro, nuevas infraestructuras en construcción y una clase media en expansión. Muchos africanos viven ahora mejor y son menos quienes padecen pobreza. Uganda, el país que me acoge actualmente, por ejemplo, ha reducido a más de la mitad su tasa de pobreza absoluta, hasta cerca del 35 %, frente a casi el 90 % en 1990.
Pero también hemos visto la otra cara de la moneda. La pobreza, por supuesto, pero también la desigualdad siguen siendo persistentemente altas en la mayoría de los países en desarrollo, incluidos los de África, y con demasiada frecuencia el éxito no se comparte entre todos.
Hemos aprendido, tanto de nuestro trabajo con los países miembros como de nuestra investigación, que compartir los frutos del crecimiento —lo que llamamos inclusión— es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible. Todos los sectores de la sociedad deberían sentir que tienen la oportunidad de mejorar sus vidas.
Nuestro nuevo análisis del personal, publicado hoy, revela los diversos canales por los que reformas fundamentales que promueven el crecimiento (como las relacionadas con la agricultura, el sector financiero y la inversión pública) pueden a veces ampliar la desigualdad en los países de ingresos más bajos. El estudio también muestra cómo medidas adicionales pueden mitigar las disyuntivas entre crecimiento e igualdad.
La conclusión es la siguiente: primero, las políticas favorables al crecimiento solo pueden ser verdaderamente inclusivas si se diseñan prestando mucha atención a quiénes ganan y quiénes pierden. Segundo, las medidas bien focalizadas pueden garantizar que todos se beneficien de las reformas económicas esenciales y reforzar aún más los argumentos a favor de llevarlas adelante.
Un análisis de quiénes ganan y quiénes pierden
Impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad resulta especialmente difícil en países donde los trabajadores no pueden trasladarse fácilmente y existen grandes diferencias de productividad entre los servicios, la industria y la agricultura. Una economía informal extensa, unas infraestructuras deficientes y la falta de servicios financieros complican aún más la tarea. Sin embargo, esta situación es frecuente en muchos de los países miembros más pobres del FMI.
En África subsahariana, por ejemplo, trasladarse de las zonas rurales a las urbanas cuesta más del doble que en China. Solo un tercio de los hogares de África subsahariana tiene electricidad, frente al 85 % en el resto del mundo. Y en los países de ingresos bajos, solo alrededor del 20 % de la población adulta tiene una cuenta bancaria, frente a más del 80 % en el resto del mundo.
Esas barreras obstaculizan el éxito de las reformas equitativas. El desarrollo de infraestructuras y las reformas del sector financiero son dos ejemplos.
Un mayor gasto, y más eficiente, en carreteras, aeropuertos, redes eléctricas y educación ayuda a que la economía sea más productiva y facilita que las personas se trasladen de las zonas rurales a las ciudades. Pero la inversión en infraestructuras también puede aumentar la desigualdad si algunos sectores de la economía se vuelven más competitivos que otros, sobre todo cuando la movilidad laboral es limitada.
Lo mismo ocurre con las reformas del sector financiero. Por el lado positivo, estas reformas podrían abaratar el crédito, estimular así la inversión privada e impulsar el crecimiento. Pero, si las reformas financieras no son lo bastante profundas, quizá no ayuden a los sectores más pobres de la población a acceder al crédito y a los servicios financieros.
Cómo lograr un crecimiento sólido e inclusivo
Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta no es que los responsables de formular políticas pospongan las reformas que impulsan la productividad y el crecimiento. Más bien, deberían considerar opciones que hagan estas reformas más aceptables tanto desde la perspectiva del crecimiento como de la distribución.
Con esto en mente, nuestro documento del personal analiza varios casos de países y examina cómo las medidas bien focalizadas pueden complementar las reformas y compensar sus efectos distributivos adversos.
Por ejemplo, si Malawi considerara reducir los subsidios a la producción de maíz para aumentar la productividad del sector agrícola, las transferencias monetarias focalizadas a los hogares afectados ayudarían a brindar apoyo inmediato a los agricultores que pudieran verse perjudicados por esta medida. Este enfoque ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad en países como Etiopía, que cuenta con uno de los mayores programas de transferencias sociales de África.
Del mismo modo, en lo que respecta a la reforma del sector financiero, si Etiopía aumentara el crédito al sector privado para promover la manufactura e impulsar el crecimiento y el empleo, complementarlo ampliando el acceso financiero de la población rural y aumentando la movilidad laboral —mediante mejores conexiones de transporte entre las zonas rurales y urbanas, viviendas urbanas asequibles y capacitación— ayudaría a reducir la desigualdad entre sectores. Así, los trabajadores rurales podrían encontrar empleos mejor remunerados en sectores más modernos y competitivos, como la manufactura y los servicios.
Los gobiernos también pueden orientar la inversión a mejorar la productividad en los sectores desfavorecidos y equilibrar el impacto de otras reformas. En Myanmar, por ejemplo, donde la mitad de la fuerza laboral trabaja en el campo, invertir en electrificación, riego e investigación y desarrollo de variedades de semillas mejoradas podría aumentar considerablemente la productividad agrícola.
No cabe duda de que los gobiernos afrontarán dificultades para forjar un consenso en torno a políticas audaces que impulsen el crecimiento. El FMI seguirá trabajando con ellos y propugnando reformas cuyos frutos puedan disfrutar todos.
