Cuando Deng Xiaoping inició las reformas de orientación mercantil de China hace 35 años, él —y el Partido Comunista Chino— asumía el mayor riesgo político desde la fundación de la República Popular en 1949. Cuando el presidente Xi Jinping presentó su propia agenda de reformas en el Tercer Pleno del XVIII Congreso del PCCh del año pasado, asumía un riesgo igual de grande. ¿Dará frutos su estrategia?
En 1979, Deng se encontraba en una situación difícil. Sabía que el paso de un socialismo igualitario de planificación centralizada a un capitalismo orientado al mercado podía desestabilizar el gobierno del PCCh, y que la acumulación desigual de riqueza a corto plazo podía causar una importante división social y política. Pero, con China al borde del colapso económico y social tras el caos de una década de Revolución Cultural, tenía que actuar, y había pocas alternativas, si es que había alguna.
Las reformas resultaron sumamente provechosas: tras su implementación, siguieron más de tres décadas de crecimiento económico de dos dígitos. Además, permitieron al PCCh conservar el poder. Sin embargo, beneficiaron a algunas personas y regiones mucho más rápidamente que a otras, un problema más difícil de abordar de lo que Deng había previsto.
Las reformas de Xi, como las de Deng, reflejan la ausencia de alternativas. El modelo de crecimiento de China, intensivo en mano de obra y liderado por la inversión, no solo se ha quedado sin impulso; las ineficiencias burocráticas y la corrupción generalizada —por no mencionar la contaminación grave y cada vez peor— también perjudican las perspectivas a largo plazo de China. El país solo podrá seguir prosperando y, en última instancia, alcanzar la categoría de ingreso alto si aborda estas debilidades y pasa a un modelo de crecimiento basado en la innovación y ambientalmente sostenible.
La diferencia entre ambos esfuerzos de reforma es que Xi también debe abordar las deficiencias del trabajo de Deng. Deng creyó, equivocadamente, que el Estado, que conservaba su papel central en la economía, podría utilizar los nuevos recursos generados por el mercado para corregir las desigualdades a corto plazo creadas por sus reformas. Pero la burocracia y sus redes privilegiadas fueron las que más se beneficiaron, y se afianzó una segunda fuente de desigualdad ajena al mercado: la corrupción oficial endémica. Por eso la campaña anticorrupción de Xi fue un precursor fundamental de la reforma.
En otras palabras, además de completar la transformación de China en una economía abierta y basada en el mercado, Xi debe establecer un sólido Estado de derecho que se aplique a todos, y abordar a la vez las agudas desigualdades de ingresos, oportunidades, riqueza y bienestar. Por esta razón, Xi debe impulsar reformas que permitan a las personas, el dinero, los recursos, la información y las empresas desplazarse con mayor libertad entre sectores, regiones y fronteras nacionales.
La convergencia resultante de la riqueza y las oportunidades generaría enormes beneficios económicos y sociales. Sin embargo, al transformar de manera efectiva la geografía económica de China, Asia y el mundo, la liberalización también provocaría una destrucción creativa significativa. Además, las fuerzas del mercado solo podrían reducir la desigualdad a largo plazo si las autoridades de China toleraran las desigualdades a corto plazo creadas por las fluctuaciones de los precios de la vivienda, las acciones, la mano de obra, los recursos naturales y las divisas.
El problema es que la burocracia china prefiere la estabilidad y tiene fuertes incentivos para fortalecer su propia posición frente al mercado, exacerbando así las desigualdades de poder y frenando la innovación y el crecimiento. Sin embargo, la burocracia sigue siendo fundamental para implementar cualquier política que promueva la cohesión social.
Para mitigar los graves riesgos sistémicos derivados del poder de los prepotentes mandarines corruptos de China, Xi debe reequilibrar sus incentivos. Ya está trabajando para eliminar las prácticas corruptas, limitar el alcance de las aprobaciones administrativas, reducir las ventajas del sector estatal, aclarar los derechos de propiedad sobre la tierra y simplificar las regulaciones de bienestar social, tributación y finanzas. Además de reducir los riesgos sistémicos, estos esfuerzos —si se mantienen— podrían generar «dividendos de la reforma» con el tiempo.
Pero el problema de los incentivos no se limita a la burocracia. La reforma sistémica exige reconocer y expiar dos pecados originales: no solo el de los burócratas que ganaron dinero abusando de su poder, sino también el de los capitalistas que ganaron dinero infringiendo las reglas.
Este desafío se ve con mayor claridad en la competencia entre las empresas estatales y las privadas. El fracaso de las empresas privadas que carecen de acceso a subsidios o a financiación asequible disuade a otras de innovar y desafiar el statu quo. Mientras tanto, las empresas estatales —que pueden invertir en exceso de capacidad, registrar pérdidas netas (a menudo por corrupción e incompetencia) y contar con subsidios públicos— nunca tienen que rendir cuentas.
De ello se desprende que las políticas macroeconómicas, como las tasas de interés bajas y el acceso fácil al crédito, deberían utilizarse para garantizar que todas las empresas cualificadas tengan igual acceso al crédito, en función de su competitividad y no de su titularidad. Lamentablemente, implementar esas medidas implicaría una intervención burocrática a nivel microeconómico, lo que ampliaría aún más los poderes del Estado. Por eso hay que ofrecer incentivos a la burocracia —salarios más altos, indicadores de desempeño claros y la certeza de que no se tolerarán los abusos de poder— para que abandone la microgestión de las actividades del mercado.
La reciente flexibilización de la política macroeconómica de China, pese a la volatilidad persistente del mercado, constituye un paso importante para eliminar barreras innecesarias a la implementación de las reformas necesarias para mitigar los riesgos sistémicos. Ahora que la campaña anticorrupción de Xi ha derribado a algunos de los «tigres» más poderosos del PCCh, ha llegado el momento de centrarse en la reforma estructural.
Con el enfoque adecuado y una voluntad política sostenida, la asunción de riesgos de Xi puede dar a China beneficios del mismo tipo que los de Deng, e incluso mayores.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
Para mantenerse al día con Forum:Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Andrew Sheng es miembro distinguido del Fung Global Institute y miembro del Consejo Asesor de Finanzas Sostenibles del PNUMA, y fue presidente de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. Xiao Geng es director de investigación del Fung Global Institute.
Imagen: Peatones caminan bajo faroles rojos en Shanghái, 24 de enero de 2014. REUTERS.
