Los costos humanos y económicos de la delincuencia en México han alcanzado máximos históricos. 2017 fue el año más violento registrado en el país, con más de 25.000 homicidios, un aumento del 50 % desde 2015. Los economistas suelen distinguir entre los costos directos e indirectos asociados a la delincuencia.
En nuestro gráfico de la semana, basado en la última evaluación económica de México, mostramos que es probable que los costos indirectos por sí solos sean considerables en el país. Esto se debe a que las encuestas indican que muchas empresas del país sintieron que no tenían más remedio que cancelar sus planes de crecimiento y sus rutas de distribución, o reducir los horarios de trabajo, ante el aumento de las preocupaciones por la seguridad.
La delincuencia frena el crecimiento de las empresas
Como muestra el gráfico, la actividad económica de las microempresas del país —más del 95 % de las empresas mexicanas, que emplean a un máximo de diez personas, como las panaderías familiares de barrio— es la más vulnerable. Alrededor del 13 % de las microempresas afectadas por la delincuencia cancelaron sus planes de expansión, mientras que casi una quinta parte redujo sus horarios de trabajo.
La prevención y los daños aumentan los costos
También están los costos directos. En conjunto, para los hogares y las empresas, los costos directos de la delincuencia, como las medidas preventivas y los daños, se dispararon hasta alcanzar el 2,5 % del PIB en 2017.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que registra los delitos que afectan a los hogares y las empresas, los costos directos relacionados con la delincuencia para los hogares aumentaron del 1,1 % del PIB en 2016 al 1,65 % en 2017. En el caso de las empresas del país, el instituto informó que el total ascendió al 0,9 % del PIB.
Las microempresas afectadas por la delincuencia cancelaron sus planes de expansión.
Ni siquiera las empresas más grandes están a salvo
Aunque la delincuencia limita de manera desproporcionada a las microempresas, también afecta a las empresas más grandes. Pemex, el gigante petrolero y gasístico estatal de México, es un ejemplo de que ni siquiera las grandes compañías son inmunes a los actos delictivos que perjudican sus operaciones.
La empresa informa que el número de perforaciones ilegales en sus oleoductos aumentó alrededor de un 50 % en 2017 respecto al año anterior, y se multiplicó por unas 15 veces desde 2010. Pemex calcula que el robo de petróleo por sí solo le cuesta a la empresa 1.600 millones de dólares al año, lo que equivale a alrededor del 0,14 % del PIB.
Estos hallazgos ponen de relieve los graves costos humanos y económicos asociados a la delincuencia. Siguen obstaculizando el objetivo de México de elevar el nivel de vida y reducir la pobreza y la desigualdad.
La enorme magnitud de los costos económicos se suma a las muchas otras razones por las que combatir la delincuencia debe ser una prioridad política en México. Diseñar políticas para reducirla y aplicarlas eficazmente no es una tarea sencilla. Sin embargo, mejorar la eficiencia y la calidad de las instituciones policiales y judiciales probablemente tendría que ser un componente esencial de cualquier conjunto de políticas destinado a reforzar con éxito la seguridad en México.
