Mientras la COVID-19 amplía la desigualdad en todo el mundo, es fundamental que las empresas y los gobiernos empiecen a abordar el salario digno, escribe John Morrison, director ejecutivo de IHRB.
El concepto de salario digno no es nuevo, pero el nivel en que se fija depende mucho del contexto y no existe ningún instrumento vinculante de derecho internacional.
Cada vez más empresas se han comprometido a pagar un salario digno en sus propios lugares de trabajo.
Unilever ha anunciado que extenderá este compromiso a toda su cadena de valor global para 2030.
En las reuniones del Foro Económico Mundial celebradas recientemente, la Agenda de Davos 2021 los líderes recalcaron una y otra vez que el capital social y ambiental son parte integral de cualquier nueva forma de capitalismo que surja para hacer frente a nuestros desafíos existenciales.
Las empresas suelen afirmar que «los trabajadores son su mayor activo». Si realmente es así, tratar de manera justa y respetuosa a los trabajadores de las cadenas de suministro globales —también en cuestiones de remuneración— debe ser el primer paso de cualquier enfoque significativo. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) es clara:
«Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración justa y favorable que le asegure a ella y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que, de ser necesario, se complemente con otros medios de protección social».
En un momento en que la confianza en los gobiernos está en su nivel más bajo y la desigualdad económica ha aumentado en muchas partes del mundo, los gobiernos y las empresas deben replantearse su enfoque del salario digno.
John Morrison
El principio del «salario digno» no es nuevo. Es tan antiguo como la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), y quedó reflejado en su Constitución de 1919Constitución y se ha abordado en muchas normas de la ONU sobre trabajo y derechos humanos adoptadas desde entonces.
El nivel en que se fija el salario digno depende mucho del contexto, tanto del lugar como del momento, y las tasas varían entre países e incluso dentro de ellos. No existe una definición única del salario digno, pero generalmente se entiende como una remuneración que proporciona a los hogares un nivel de vida mínimo aceptable, con acceso a bienes y servicios esenciales como agua, alimentos, vivienda, educación, atención sanitaria, ropa y transporte.
Hacerlo realidad ha resultado mucho más difícil.
No existe ningún convenio específico ni instrumento vinculante de derecho internacional sobre el salario digno. Mientras que el trabajo forzoso cuenta con su propio Convenio de 1930 y un Protocolo de 2014 ratificado por unanimidad, el salario digno nunca ha tenido un acuerdo equivalente. Cabe señalar que incluso el convenio sobre el trabajo forzoso se invoca con menos frecuencia cuando los países implicados son grandes y poderosos.
La opinión predominante en la ortodoxia económica es que los mercados deben determinar los salarios en función de la oferta y la demanda de mano de obra; para muchos neoliberales y libertarios, lo mejor es que los determinen las fuerzas del mercado. Para muchas empresas y gobiernos de economías en desarrollo, los salarios bajos han formado parte de su ventaja competitiva. Pero en un momento en que la confianza en los gobiernos está en su nivel más bajo y la desigualdad económica ha aumentado en muchas partes del mundo, incluidas las economías avanzadas, los gobiernos y las empresas deben replantearse su enfoque del salario digno.
Aumentan los compromisos empresariales con el salario digno
Cada vez más empresas se han comprometido a pagar un salario digno en sus propios lugares de trabajo (por ejemplo, en el Reino Unido), pero muchas menos lo han extendido a sus cadenas de suministro globales.
El anuncio de Unilever de la semana pasada —que integrará compromisos de salario digno más allá de su propia plantilla, para incluir al menos el primer nivel de su cadena de valor global para 2030— es una medida alentadora. Unilever no es la primera empresa en asumir este compromiso, pero, como han señalado los medios de comunicación, dado el enorme tamaño y alcance global de Unilever, el plan tiene el potencial de cambiar la vida de millones de personas». Con 60.000 proveedores directos en una amplia gama de bienes de consumo, cabe esperar que el compromiso de Unilever de garantizar un salario digno tenga un efecto multiplicador. Dado que serán los propios proveedores quienes tendrán que pagar este salario, es especialmente bienvenida la ayuda de dos mil millones de euros al año destinada a empresas propiedad de grupos infrarrepresentados y gestionadas por ellos.
Un puñado de otras empresas internacionales también ha ampliado sus compromisos de salario digno a sus cadenas de suministro, entre ellas Adidas, H&M, Ikea y AstraZeneca. La postura de Adidas sobre la «remuneración justa» resulta especialmente interesante porque muestra cómo el salario digno se cruza con muchas otras cuestiones laborales: el salario mínimo legal, unas condiciones de vida dignas, el rendimiento y las habilidades de los trabajadores, la remuneración de las horas extra, las subidas de precios, los beneficios y las ventas de la empresa, y los cambios en la tecnología laboral.
Los sindicatos consideran que el salario digno es un concepto dinámico en el que la capacidad de acción de los trabajadores es fundamental.
John Morrison
Los sindicatos también consideran que el salario digno es un concepto dinámico en el que la capacidad de acción de los trabajadores es fundamental. Por ejemplo, la iniciativa Acción, Colaboración, Transformación (ACT) reúne a marcas internacionales, minoristas, fabricantes y sindicatos para abordar el salario digno en la cadena de suministro textil y de la confección, situando la negociación colectiva y la libertad de asociación en el centro. En otras palabras, el salario digno no es un privilegio que se concede a los trabajadores; son los propios trabajadores quienes lo hacen posible al ejercer sus derechos laborales, tal como se establecen en los convenios fundamentales de la OIT. La iniciativa ACT, impulsada por el sindicato mundial IndustriALL, sigue ampliando su membresía, integrada actualmente sobre todo por empresas europeas.
A pesar de ello, queda mucho por hacer.
Según los datos de 2019 del Índice de Referencia Corporativo sobre Derechos Humanos, solo el 10 % de las empresas más grandes del mundo en sectores como la agricultura, las industrias extractivas, la confección o las TIC se han comprometido a pagar un salario digno en sus propias operaciones o en su cadena de suministro. El porcentaje es aún menor en el sector automotriz: General Motors es la única de las 30 empresas analizadas que cuenta con una política de salario digno.
Y, sin embargo, hay varias razones para pensar que podríamos ver avances en el futuro.
También avanza la acción gubernamental
Los gobiernos neerlandés y alemán han sido los más proactivos de Europa, y ahora que la Comisión Europea está estudiando activamente la posibilidad de exigir a las empresas la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente. Aún no se ha determinado cuántas empresas no europeas que venden en el mercado europeo podrían quedar cubiertas por esa legislación o regulación, pero es probable que se exija a las empresas «conocer» los salarios que se pagan en sus cadenas de suministro. Además, en un contexto en el que los inversores preguntan cada vez más a las empresas sobre sus compromisos y resultados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), los consejos de administración tendrán que explicar cada vez más por qué se permiten salarios de pobreza en las cadenas de suministro globales.
En un contexto en el que los inversores preguntan cada vez más a las empresas sobre sus compromisos y resultados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), los consejos de administración tendrán que explicar cada vez más por qué se permiten salarios de pobreza en las cadenas de suministro globales.
John Morrison
Pero el salario digno ya no puede seguir siendo una preocupación marginal de Europa.
La mayoría de los gobiernos se han centrado en las estructuras nacionales de salario mínimo y aún no han abordado las complejidades de fijar salarios dignos a nivel local. Esta cuestión se plantea a la nueva Administración Biden en Estados Unidos (que avanza hacia un salario mínimo federal de 15 dólares por hora), así como a la administración de Narendra Modi en India. Es alentador que cada vez más estados y ciudades de Estados Unidos cuenten ahora con leyes salariales.
Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, la sociedad de inversión, instó recientemente a las empresas a hacer la transición a una economía con cero emisiones netas. Pero esa transición no puede financiarse mediante la pobreza en las cadenas de suministro. Para lograr una transición energética «justa» —avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, proteger los derechos e intereses de las comunidades y los trabajadores afectados—, no se puede dejar a nadie atrás.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU abordan el trabajo decente (ODS 8), y el salario digno es un motor clave de la igualdad de género (ODS 5), la reducción de las desigualdades (ODS 10), la disminución de la pobreza y el hambre (ODS 1 y 2), y la mejora de la salud (ODS 3) y la educación (ODS 4). La Alianza para la Medición del Desempeño Social y Ambiental de las Empresas ha incluido el salario digno en las cadenas de suministro como indicador central para las 2.000 empresas de su conjunto de índices. Esto ayudará a someter a muchas más empresas a escrutinio y será útil para los inversores que las evalúan.
Aunque complejos, los debates sobre cómo aplicar el salario digno en la práctica han llegado para quedarse. Hay motivos para creer que durante 2021 más gobiernos, inversores, organizaciones financieras y empresas responderán a las demandas de los sindicatos y la sociedad civil para que este principio se convierta en una parte permanente de la manera de hacer negocios.
Quienes no crean que los trabajadores merecen un salario digno tendrán que explicar por qué debe mantenerse el statu quo, mientras siguen aumentando los niveles de desigualdad nacional y división social.
