La crisis financiera ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad del capitalismo. Diez años después, el veredicto no ha sido favorable. En una encuesta de opinión de YouGov, tres cuartas partes de los adultos alemanes, dos tercios de los británicos y más de la mitad de los estadounidenses creen que «en las economías capitalistas, los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos».
Su sensación de injusticia no es solo una reacción a los rescates bancarios, años de austeridad y escándalos empresariales. El desafío es fundamental. En el mundo rico crece la conciencia de que la mayoría de los beneficios de la tecnología y la globalización llegan a quienes poseen capital invertible y a las personas con mayor nivel educativo, mientras que los costos recaen en los trabajadores no cualificados, los productores locales y quienes tienen pocos bienes y ahorros.
Sin embargo, el problema no es el capitalismo en sí. La cuestión radica en las políticas que ampliaron el papel del libre mercado más allá de límites razonables. Estas han socavado el pacto esencial entre el trabajo y el capital y han empujado a quienes poseen pocos activos a una vida laboral precaria.
Las formas más descarnadas del capitalismo son insostenibles si demasiadas personas carecen de capital. Para recuperar la confianza en el sistema hay que reparar los daños y replantearse cómo el capitalismo crea y distribuye valor.
Los costos de la liberalización del mercado
El fin, en 1973, del período de controles de capital de Bretton Woods y la eliminación de las barreras comerciales en la década de 1990 establecieron el sistema moderno de globalización de libre mercado. Al mismo tiempo, las políticas nacionales, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, profundizaron la influencia del mercado en la vida social. Se restringieron las actividades de los sindicatos, se desregularon los mercados de productos y de trabajo, y se redujeron el tamaño y el papel del Estado.
Los responsables de las políticas, guiados por buenas intenciones, creían que los beneficios y los costos de las políticas de libre mercado se repartirían por igual. Se equivocaban porque pasaban por alto que muchas personas apenas poseen algo más que sus habilidades y su tiempo, y que el libre mercado no garantiza que puedan utilizarlos.
Un estudio reciente de Daron Acemoglu y Pascual Restrepo concluyó que un robot sustituyó en Estados Unidos a unos seis trabajadores entre 1993 y 2007. Sin embargo, los efectos fueron mucho mayores para quienes no tenían un título universitario y trabajaban en sectores manuales mal remunerados. Muchas de las personas que perdieron su empleo abandonaron por completo la población activa. Algunas votaron por Donald Trump.
En cuanto al libre comercio, Shusanik Hakobyan y John McLaren observan que los trabajadores manuales más expuestos al TLCAN —un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México— vieron cómo sus salarios, entre 1990 y 2000, crecieron 17 puntos porcentuales menos que los de quienes no estuvieron expuestos.
En esa misma década, la rentabilidad total del índice bursátil S&P 500 aumentó más del 250 % en términos reales.
Si los trabajadores manuales hubieran poseído una parte significativa de las acciones de sus empresas, habrían estado protegidos frente al riesgo de perder el empleo y habrían contado con recursos para financiar el costo de volver a formarse. Pero los estadounidenses más pobres no solo carecen de capital: también se han endeudado. En 2016, el patrimonio neto mediano del cuartil más pobre era negativo (−14.000 dólares), según la Reserva Federal.
Las políticas han expuesto a las personas a la lotería del libre mercado sin darles oportunidades justas para mejorar su situación. La desigualdad ha aumentado y muchas personas están claramente peor. Como resultado, el capitalismo de libre mercado ha ido perdiendo aceptación.
En esta situación, las demandas de justicia se han centrado en dos ideas. O bien debe haber una redistribución significativa de la riqueza para que todos tengan una participación justa en la economía, o bien los responsables de las políticas deben restablecer las protecciones frente a las fuerzas del mercado para quienes no cuentan con el respaldo de capital invertible. Thomas Piketty, en su exitoso libro Capital, propone la primera solución; Dani Rodrik, en Hablar claro sobre el comercio, promueve la segunda.
Ambas propuestas deben considerarse parte de un nuevo pacto sobre el capitalismo. Pero hay también una tercera línea que mira al futuro y responde al deseo de algo nuevo. Sostiene que hay que rediseñar el propio capitalismo. La empresa privada y las políticas públicas deben reorientarse hacia la creación de valor público, y esto exige cambiar nuestra forma de concebir la economía.
Devolver al Estado un papel central
Esa es la tesis de Mariana Mazzucato, quien el mes pasado puso en marcha el Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el University College de Londres. Mazzucato sostiene que el pensamiento económico reciente está desconectado de cómo los sistemas capitalistas producen valor en realidad. Aunque la rica disciplina de la economía abarca mucho más que el libre mercado ideal, sus modelos fundamentales siguen formalizando la idea de que la riqueza la producen casi por completo empresas privadas que compiten entre sí. Esto llevó a los responsables de las políticas a promover medidas de libre mercado que pasan por alto la importancia de otras instituciones y partes interesadas.
Para entender el capitalismo, sin embargo, hay que reconocer que las economías están insertas en instituciones sociales y políticas. Esto implica estudiar las redes cambiantes entre los actores económicos e identificar las dependencias históricas de trayectoria.
Este enfoque más amplio explica por qué, por ejemplo, en Alemania, la automatización ha aumentado la seguridad laboral y la globalización ha aumentado el empleo. Los acuerdos legales entre los consejos de trabajadores y los empleadores, vigentes desde 1920, consagran la práctica de la Mitbestimmung, que fomenta estrategias empresariales para que las máquinas sean compatibles con los trabajadores en lugar de sustituirlos.
En 2016, Mazzucato publicó junto con Michael Jacobs Repensar el capitalismo, una recopilación de artículos de destacados pensadores que cuestionan las ideas convencionales sobre diversos temas, desde la política fiscal hasta la desigualdad. La conclusión es que muchas de nuestras teorías económicas no solo son inadecuadas, sino que también conducen a políticas deficientes que a menudo tienen consecuencias perjudiciales.
Mazzucato sostiene que el Estado debe desempeñar un papel clave para promover el valor público. Solo el Estado cuenta con el horizonte temporal y la capacidad financiera y organizativa necesarios para crear y dar forma a nuevos mercados. Al formar parte del proceso de innovación junto con empresas e institutos de investigación, también puede influir tanto en el ritmo como en la dirección del desarrollo tecnológico.
En la década de 1960, el Gobierno de Estados Unidos dio impulso a la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, financiando las investigaciones que condujeron a sus tecnologías más básicas: internet y GPS. La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos proporcionó a Apple, Compaq e Intel capital esencial, aunque arriesgado, en sus primeras etapas. Las empresas FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) que dominan la economía actual son fruto de aquellas decisiones.
Mirar a Noruega
Como sugieren Dmitri Zenghelis y Carlotta Perez en Repensar el capitalismo, si queremos tener alguna posibilidad de cumplir los objetivos mundiales de emisiones y lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, necesitamos algo más que energía limpia. Debemos reducir la intensidad material de toda la economía. Esto implica crear nuevos modelos de negocio centrados en productos duraderos, el mantenimiento como servicio y la refabricación. En cuanto al consumo, supone promover el alquiler frente a la propiedad y ampliar la economía colaborativa.
Aunque los beneficios posteriores para las empresas nuevas y las ya existentes serían grandes, el mercado no puede gestionar por sí solo la transición. La intensidad de uso de hidrocarburos en la economía, el costo de sustituir la infraestructura de producción en masa y la preferencia por los beneficios a corto plazo generan fuertes incentivos para mantener el statu quo.
Por tanto, los gobiernos deben tomar la iniciativa y ayudar a las empresas a cubrir los costos iniciales de reajustar los sistemas de producción, además de replantearse cómo construimos las ciudades y transportamos mercancías y personas. Los departamentos de economía deben establecer ecosistemas de colaboración y ampliar el papel de los bancos públicos de inversión.
El apoyo a las tecnologías y empresas verdes ya es el objetivo de organismos estatales como ARPA-E, en Estados Unidos, y KfW, el banco público de inversión de Alemania. En 2010, Tesla recibió un préstamo de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos para desarrollar su modelo Tesla S; en 2013, la empresa lo devolvió íntegramente, 10 años antes de lo previsto. Entre 2012 y 2016, KfW invirtió 80.000 millones de euros en proyectos de eficiencia energética y 23.000 millones de euros en energías renovables. Está a la vanguardia de tecnologías de alto riesgo e intensivas en capital que no resultan atractivas para los inversores privados, como la energía eólica marina.
Los beneficios financieros del crecimiento verde pueden generar riqueza pública. El Estado podría crear fondos públicos de riqueza que gestionen los derechos de autor de las tecnologías que patrocina y los rendimientos de las participaciones en empresas verdes.
Para ver el impacto que puede tener este enfoque, basta mirar a Noruega, cuyo fondo soberano de inversión superó recientemente el billón de dólares, lo que equivale a 190.000 dólares por ciudadano. Al afirmar la titularidad estatal de las reservas petroleras de Noruega en 1960, el primer ministro Einar Gerhardsen tomó la decisión más importante para que su país llegara a ser uno de los Estados más ricos, más felices y más estables. Esto demuestra que el capitalismo puede funcionar si las personas tienen capital.
El paso a una economía mundial basada en el crecimiento verde promete una serie de beneficios adicionales. No solo reactivaría el crecimiento en las economías avanzadas y crearía empleos para quienes han sido desplazados por la tecnología. También abriría la puerta a una prosperidad sostenible para el Sur global. Disminuirían las muertes prematuras atribuibles a la contaminación, que actualmente rondan los 9 millones al año. Se aliviarían las tensiones geopolíticas causadas por la distribución desigual de los combustibles fósiles. Se debilitarían los factores de expulsión y atracción que impulsan la migración hacia el Norte. Y se abordaría el problema más grave del capitalismo a largo plazo: el calentamiento global antropogénico.
Junto con un régimen fiscal que reduzca la desigualdad excesiva y un replanteamiento de los límites de los mercados mundiales, el compromiso con el crecimiento verde puede hacer que más personas tengan interés en el sistema capitalista. Estos son los fundamentos de un nuevo pacto.
