Los programas de renta básica universal (RBU) están recibiendo mucha atención últimamente. Por supuesto, la idea —proporcionar a todos los residentes legales de un país una suma fija de dinero en efectivo, desvinculada del trabajo— no es nueva. El filósofo Thomas More la defendió ya en el siglo XVI, y muchas otras personas, entre ellas Milton Friedman, desde la derecha, y John Kenneth Galbraith, desde la izquierda, han promovido distintas variantes a lo largo de los años. Pero últimamente la idea ha ganado mucho más impulso, y algunos la consideran una solución a las perturbaciones económicas actuales impulsadas por la tecnología. ¿Puede funcionar?
El atractivo de una RBU se basa en tres características clave: proporciona un “suelo” social básico para todos los ciudadanos; permite que las personas decidan cómo utilizar esa ayuda; y podría contribuir a simplificar la burocracia de la que dependen muchos programas de apoyo social. Además, una RBU sería totalmente “portable”, lo que ayudaría a los ciudadanos que cambian de empleo con frecuencia, no pueden depender de un empleador a largo plazo para recibir protección social o trabajan por cuenta propia.
Al considerar la RBU un medio directo para reducir la pobreza, muchas personas de izquierda la han incluido en sus programas. A muchos libertarios les gusta el concepto porque permite —y, de hecho, exige— que los beneficiarios elijan libremente cómo gastar el dinero. Incluso algunas personas muy ricas la apoyan, porque les permitiría acostarse sabiendo que sus impuestos por fin habrían erradicado la pobreza extrema de forma eficaz.
El concepto de RBU también atrae a quienes se centran en cómo el desarrollo económico puede sustituir al menos parte de la ayuda en especie que se proporciona actualmente a las personas pobres. Ya existen programas sociales locales en América Latina que incorporan elementos de la idea de la RBU, aunque están dirigidos a las personas pobres y suelen estar condicionados a ciertos comportamientos, como que los hijos asistan regularmente a la escuela.
Sin embargo, implementar una RBU integral sería difícil, sobre todo porque exigiría responder a una serie de preguntas complejas sobre objetivos y prioridades. Quizá el dilema más evidente sea cuánto dinero se entrega realmente a cada ciudadano (o residente legal).
En Estados Unidos y Europa, una RBU de, por ejemplo, 2.000 dólares al año serviría de poco, salvo quizá para aliviar la pobreza más extrema, incluso si se sumara a los programas de protección social existentes. Una RBU de 10.000 dólares marcaría una diferencia real; pero, dependiendo de cuántas personas reunieran los requisitos, podría costar hasta el 10 % o el 15 % del PIB: un enorme desembolso fiscal, especialmente si se añadiera a los programas sociales existentes.
Incluso con un aumento significativo de los ingresos fiscales, una renta básica tan elevada tendría que ir acompañada de reducciones graduales en algunos gastos públicos existentes —por ejemplo, en prestaciones por desempleo, educación, salud, transporte y vivienda— para ser fiscalmente viable. El sistema que finalmente se configurara dependería de cómo se equilibraran estos componentes.
En el mercado laboral actual, que está siendo transformado por las tecnologías digitales, una de las características más importantes de una RBU es su portabilidad. En efecto, exigir una mayor flexibilidad del mercado laboral sin garantizar que los trabajadores, que necesitan adaptarse constantemente a las perturbaciones tecnológicas, puedan contar con redes de protección social continuas equivale a defender un mundo desequilibrado en el que los empleadores tienen toda la flexibilidad y los empleados, muy poca.
Para flexibilizar los mercados laborales modernos tanto para los empleadores como para los empleados, serían necesarias características esenciales de una RBU, como la portabilidad y la libertad de elección. Sin embargo, solo el libertario más radical sostendría que el dinero debería entregarse sin orientación política alguna. Sería más aconsejable crear una política social activa complementaria que oriente, en cierta medida, el uso de las prestaciones.
En este sentido, una propuesta surgida en Francia supone un paso en la dirección correcta. La idea es dotar a cada ciudadano de una cuenta social personal que contenga “puntos” parcialmente canjeables. Estas cuentas funcionarían de forma parecida a una cuenta de ahorro: sus titulares aumentarían la importante aportación pública trabajando, estudiando o prestando ciertos tipos de servicio nacional. Podrían recurrir a los fondos de las cuentas en momentos de necesidad, especialmente para formarse y adquirir nuevas competencias, aunque el importe que se pudiera retirar estaría sujeto a “precios” predeterminados y limitado a una cantidad determinada durante un período concreto.
Este enfoque parece un buen compromiso entre la portabilidad y la elección personal, por un lado, y una orientación suficiente de la política social, por otro. Incorpora elementos tanto de la seguridad social estadounidense como de las cuentas individuales de jubilación, y refleja al mismo tiempo un compromiso con la formación y la adquisición de nuevas competencias. Un programa de este tipo podría combinarse con un sistema de jubilación más flexible y, de ese modo, desarrollarse hasta convertirse en un sistema moderno e integral de solidaridad social.
El desafío ahora —al menos para las economías desarrolladas— consiste en desarrollar sistemas de solidaridad social más sólidos y ágiles, ampliar las posibilidades de elección individual en el uso de las prestaciones y hacer que estas sean portables. Solo encontrando el equilibrio adecuado entre la elección individual y la orientación de la política social podrán las economías modernas crear los programas de protección social que necesitan.
