Antes de aproximadamente 2005, para muchos turistas sus vacaciones en Jamaica se arruinaban en el último momento por el calor y el hacinamiento dentro del Aeropuerto Internacional Sangster de Montego Bay. Diez años después, esperar un vuelo en Sangster es una experiencia mucho más agradable. El aire acondicionado funciona de verdad y todo el entorno provoca infinitamente menos estrés que antes.
¿Cuál es la diferencia? El sector privado.
En 2003, el Gobierno de Jamaica por fin logró hacer lo que llevaba una década intentando: privatizar el Aeropuerto de Montego Bay. Un consorcio del sector privado, dirigido por Vancouver International Airport, invirtió rápidamente millones de dólares en ampliar la terminal, duplicar la capacidad del aeropuerto y abrir decenas de nuevos espacios comerciales. Desde entonces, el consorcio ha invertido más de US$200 millones en ampliaciones y mejoras del aeropuerto, todo ello completamente fuera del balance del Gobierno.
Jamaica ha seguido implementando varias asociaciones público-privadas (APP) más, con resultados dispares. La segunda fase de su ambicioso programa de construcción de carreteras —el desvío de Mount Rosser— se inauguró recientemente y abrió una franja a través de kilómetros de territorio virgen. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que los niveles de tráfico no están a la altura de las expectativas, probablemente debido a la pronunciada pendiente del ocho por ciento del desvío, que excede las posibilidades de la mayoría de los camiones y autobuses jamaicanos.
En el sector energético, Jamaica está completando tres APP con una capacidad total de 115 megavatios de energía renovable (ER), lo que encamina al país a alcanzar su objetivo de ER del 12.5 por ciento de la capacidad de generación para finales de 2015. Por último, el Gobierno está completando actualmente los trámites para la venta de Kingston Container Terminal (KCT) a un consorcio de CMA/CGM y China Merchant Marine, una operación que se espera dé lugar a un programa de gastos de capital de US$600 millones por parte de los nuevos propietarios del puerto.
Más allá de Jamaica, otros Gobiernos caribeños recurren al sector privado para obtener financiación y gestión con las que mejorar la deteriorada infraestructura de la región. Nevis, con una población de 12,106 habitantes, tiene dos APP en funcionamiento: un parque eólico y un proyecto de suministro de agua a granel. En Haití, donde menos del 20 por ciento de la población tiene acceso a un suministro regular de electricidad, tres productores independientes de energía (IPP) venden electricidad a granel a la empresa estatal Electricité d’Haiti (EdH), que está al borde de la quiebra. Si eso no es asumir un riesgo, no sé qué lo es.
En Nassau, la capital de las Bahamas, la empresa israelí Miya está reparando el deteriorado sistema de distribución de agua de la isla, lo que ha reducido las pérdidas de 7.0 a 4.5 millones de galones de agua al día en tan solo dos años. En una isla donde la gran mayoría del agua dulce procede de la costosa desalinización, el beneficio económico de reducir las pérdidas de agua es inmenso.
Las APP no se encuentran solo en sectores de infraestructura tradicionales como la energía, el transporte y el agua. En 2008, el Gobierno de las Islas Turcas y Caicos implementó una APP para construir dos nuevos hospitales con servicios integrales, a cargo de un consorcio canadiense. Trinidad y Tobago también está implementando APP en sus sectores sociales para tres centros de diagnóstico de laboratorio, así como 10 escuelas de primera infancia y primaria.
Por todo el Caribe se habla de todo tipo de interesantes proyectos de APP, desde parques eólicos hasta centrales geotérmicas. Lamentablemente, la mayoría no pasa de eso: palabras. La Hoja de ruta de las APP para el Caribe del Banco Mundial, publicada en 2014, concluyó que solo el 12 por ciento de todos los proyectos llega realmente a la fase de licitación; la mayoría nunca supera la mesa de diseño.
Una de las razones por las que tantas APP no llegan a ponerse en marcha es que su estructuración e implementación son muy complejas. Hay muchos factores que considerar: las percepciones de los inversores, las partes interesadas de los sectores público y privado, los financiadores, la mitigación de riesgos y muchos más. Esto requiere mucho trabajo preparatorio económico, técnico y jurídico, que cuesta una cantidad desorbitada: no menos de US$1 millón por operación, sin contar los costos de los licitadores.
Además, el Gobierno necesita contar con personal cualificado y con experiencia en los principios y las prácticas de las APP para conseguir el mejor acuerdo para el país. Por desgracia, la falta de capacidad humana es el principal desafío que enfrentan los Gobiernos caribeños en el desarrollo de las APP.
Pero hay buenas noticias: la ayuda está en camino.
El Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ha establecido un fondo de apoyo regional para las APP de US$1.2 millones, Fondo Regional de Apoyo a las APP, con sede en sus oficinas centrales de Barbados. Las principales actividades de este Fondo son:
Fortalecer el entorno propicio: desarrollar un conjunto de herramientas sobre APP para el Caribe, disponible en línea, además de seminarios y talleres para aumentar la capacidad técnica de los Gobiernos
Apoyo práctico: responder rápidamente a las solicitudes técnicas de los Gobiernos miembros, además de prestar apoyo en los países para introducir políticas de APP y examinar y desarrollar posibles proyectos
Plan de negocios para el Fondo de APP: estimar la demanda de asistencia de asesoría y las necesidades de inversión, el alcance de los servicios, los mecanismos de financiación y las proyecciones financieras del Fondo
Se prevé que los costos a largo plazo del Fondo se cubrirían mediante un fondo rotatorio, reabastecido con aportaciones de los Gobiernos y mecanismos de recuperación de costos a cargo de los licitadores ganadores en las operaciones de APP. En última instancia, el CDB pretende ir más allá del trabajo preparatorio inicial y conceder préstamos a largo plazo a inversores privados en el marco de contratos de APP.
Esta iniciativa demuestra el compromiso del CDB y de sus socios multilaterales para el desarrollo de promover la prestación de servicios de infraestructura en la región mediante la modalidad de las APP.
Este artículo apareció originalmente en el blog sobre asociaciones público-privadas del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Brian Samuel es el coordinador de asociaciones público-privadas del Banco de Desarrollo del Caribe.
Imagen: Personas cruzan una calle en La Habana. REUTERS/Desmond Boylan.
