La eficacia de legislar para abordar las deficiencias de las políticas de inversión es un debate recurrente en los círculos del desarrollo. Más concretamente, ¿necesitan los países una ley de inversión específica? ¿Deberían los gobiernos invertir el capital político necesario para aprobar una ley si, desde el principio, es cuestionable que llegue a aplicarse? ¿No sería mejor trabajar en actividades más centradas en la implementación? Y, si los países emprenden el proceso de reforma, ¿qué debería incluir?
Revisar o promulgar leyes de inversión es uno de los primeros pasos que dan muchos países en desarrollo para alcanzar sus objetivos en materia de inversión extranjera directa (IED). En algunos casos, el propósito es transmitir voluntad política de reformar; en otros, los cambios son más sustanciales y buscan aumentar profundamente la seguridad jurídica y mejorar la propuesta de valor para los inversores. Las reformas también pueden derivarse de las obligaciones que los países asumen en virtud de acuerdos internacionales de inversión.
La certidumbre de los inversores puede reportar importantes beneficios a los países receptores. Entre otras cosas, los inversores extranjeros quieren tener claridad sobre el acceso a los mercados; los requisitos para operar una empresa; sus derechos y obligaciones; y la accesibilidad y aplicación de los mecanismos de resolución de controversias.
La falta de certidumbre puede tener consecuencias graves. Según la Encuesta sobre riesgos políticos de 2013 de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), casi el 10 por ciento de los planes de inversión se cancelaron o se retiraron inversiones existentes debido a diversos cambios normativos adversos durante el año anterior. El valor de la inversión perdida, sumado al costo de las controversias internacionales que puedan derivarse de ella, podría ascender a decenas de millones de dólares en un solo caso.
Pero esto no significa que promulgar una ley de IED garantice más inversión. Una reforma eficaz requiere, en primer lugar, políticas basadas en buenas prácticas y, en segundo, implementación (jurídica, normativa y administrativa) mediante instituciones a la altura de la tarea. Un marco de inversión debe poder aplicarse a escala local y, al mismo tiempo, ser coherente con las buenas prácticas.
En condiciones ideales, una ley de inversión debería formar parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a lograr objetivos específicos, como aumentar las exportaciones, el empleo, la productividad y otras formas de creación de valor. Deben abordarse todas las etapas de la inversión, incluida la atracción, la retención y la vinculación con la economía local.
Es imprescindible adoptar un enfoque a medida. Muchos países de la OCDE no tienen una ley de inversión independiente y, aun así, representan la mayoría de los flujos de IED. Sin embargo, la razón es que estos países, por definición, cuentan con entornos comerciales de alta calidad. En cambio, en muchos países en desarrollo, el clima de inversión tiende a ser muy complejo. Una ley de inversión es una herramienta útil para organizar las políticas en esos entornos; no obstante, mucho depende de la voluntad política de reformar. La principal ventaja de una revisión jurídica es que puede abrir la puerta a un debate de alto nivel sobre la agenda de inversión y dar lugar a un acuerdo entre múltiples partes interesadas sobre un conjunto más amplio de reformas. La solución no consiste simplemente en introducir en un país en desarrollo un marco de inversión propio de un país desarrollado. Más bien, el proceso es fundamental.
Cómo adaptar mejor la reforma legislativa a un contexto específico sigue siendo una cuestión que requiere debate e investigación adicional. Algunas ideas pueden encontrarse en la bibliografía reciente sobre el impacto de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII). Una vez ratificados, estos acuerdos pasan a formar parte integral del derecho interno de un país. Por ejemplo, algunos estudios indican que los AII ratificados, en particular los que liberalizan simultáneamente el comercio y la inversión, parecen aumentar la IED en los países en desarrollo. También se señala que algunas disposiciones sobre inversión (por ejemplo, las normas liberales de admisión) importan más a los inversores que otras. Ciertos sectores (por ejemplo, aquellos con un elevado «costo hundido» inicial) también parecen beneficiarse mucho más que otros de estos acuerdos. Sin embargo, persisten importantes lagunas de conocimiento, y una investigación específica sería una forma eficaz de orientar el debate sobre estrategias eficaces de reforma del sector privado para atraer inversión y sobre el lugar que ocupa la legislación en ellas.
Este artículo se publicó originalmente en el blog de desarrollo del sector privado de The World Bank. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autores: Ivan Nimac es el director de la oficina de Viena de la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial. Jana Krajcovicova es especialista en políticas de inversión del equipo de Políticas y Promoción de la Inversión de la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial en Viena.
Imagen: Un hombre camina frente a edificios del distrito financiero central de Singapur el 14 de febrero de 2007. REUTERS/Nicky Loh.
