El mundo necesita urgentemente más y mejor infraestructura, y las sumas que deben invertirse para reducir la brecha de infraestructura —unos 4 billones de dólares al año, según las estimaciones— superan con creces lo que cabe esperar razonablemente que los gobiernos recauden en impuestos. Esto significa que necesitamos inversión privada, pero a los inversores privados les preocupan los riesgos que entraña comprometer dinero en proyectos cuyos rendimientos se obtendrán a lo largo de un periodo muy prolongado. ¿Cómo podemos aumentar la confianza de los inversores, poner fin al estancamiento del capital y liberar los fondos necesarios?
La cautela es comprensible, porque una amplia gama de riesgos políticos y regulatorios puede afectar a proyectos cuyo ciclo de vida es más largo que el ciclo político. Por ejemplo, un futuro gobierno podría decidir imponer nuevas regulaciones o impuestos, incumplir los compromisos de pago, acortar una concesión para explotar un activo de infraestructura o incluso nacionalizarlo sin más. Los inversores privados que sopesan estos riesgos también deben tener en cuenta que los procesos judiciales no serán eficientes ni eficaces a la hora de hacer cumplir el acuerdo original.
Estos desafíos no son nuevos. Se debatieron, por ejemplo, en el Panel de Alto Nivel sobre Infraestructura durante el B20 y el G20 celebrados en Cannes en 2011. Pero hasta ahora nos ha faltado un marco sistemático para analizarlos y examinar qué pueden hacer tanto el sector público como el privado para afrontarlos. Un nuevo informe del Foro Económico Mundial, Infraestructura estratégica: mitigación del riesgo político y regulatorio en proyectos de infraestructura, se propone llenar ese vacío.
En primer lugar, debemos identificar las causas fundamentales del riesgo político y regulatorio. Entre ellas figuran la manera en que las percepciones del interés público pueden cambiar con el tiempo, a medida que evolucionan las actitudes ante cuestiones como la responsabilidad medioambiental; la naturaleza de los sistemas políticos, que dificulta que un parlamento actual limite la soberanía de uno futuro; y la percepción errónea de los inversores sobre la probabilidad de que aumente la presión pública en torno a un asunto y los gobiernos respondan.
No existe una solución milagrosa para equilibrar la necesidad de previsibilidad de los inversores con la necesidad de flexibilidad de los electorados. Pero a veces es posible definir reglas que permitan una flexibilidad previsible; un ejemplo es la tarifa regulada de Alemania para las nuevas plantas fotovoltaicas, que se ajusta automáticamente según la capacidad fotovoltaica conectada a la red.
Aprobar leyes que garanticen la estabilidad de las inversiones y ofrecer garantías constitucionales son algunas de las medidas que pueden adoptar los gobiernos. Pero no bastan por sí solas: deben estar respaldadas por organismos creíbles y un firme compromiso de combatir la corrupción. Los tratados bilaterales de inversión también podrían desempeñar un papel más importante. Aunque ya existen muchos tratados de este tipo, a menudo se utilizan poco, en parte porque las cláusulas de protección pueden estar redactadas de forma imprecisa y los procedimientos de arbitraje son controvertidos.
Además de las medidas gubernamentales, el sector privado también podría desarrollar una gama más amplia de medidas de mitigación de riesgos. Muchos de los riesgos más difíciles, como la expropiación de activos o la inconvertibilidad de las monedas locales, pueden abordarse mediante instrumentos financieros. Estructuras de propiedad cuidadosamente consideradas, como las empresas conjuntas con socios locales y bancos multilaterales de desarrollo, pueden ayudar a disuadir la injerencia política. Y cuanto mayor sea el grado de profesionalidad, sostenibilidad y transparencia con que opere una empresa, menos probable será que llegue a materializarse la presión pública a favor de la injerencia política.
Abordar la brecha de infraestructura es fundamental para que el mundo pueda urbanizarse, seguir generando crecimiento económico, distribuir la prosperidad y hacer frente al desafío del cambio climático. La mitigación de los riesgos de la inversión privada en infraestructura solo será posible si los sectores público y privado trabajan juntos en una alianza genuina y transparente.
Nuestro informe sobre el riesgo político y regulatorio en proyectos de infraestructura, publicado hoy, está disponible aquí.
Vea una sesión de Davos 2015 sobre Cerrar la brecha de infraestructura.
Autor: Pedro Rodrigues De Almeida, director y responsable del sector de infraestructura y desarrollo urbano
Imagen: En esta fotografía aérea tomada en Los Ángeles, California, el 29 de septiembre de 2012, se ve la autopista 405 en dirección sur pasando por debajo de la autopista 10. REUTERS/Gina Ferazzi
