Desde la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, países de todo el mundo han seguido el ejemplo económico de Estados Unidos y el Reino Unido: privatizar, desregular y abrir sus economías al comercio y la inversión extranjeros, en lo que a veces se conoce como el «modelo anglosajón».
Ahora, el voto del Reino Unido a favor de salir de la UE y la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos señalan el fin del liderazgo angloestadounidense de la economía mundial. En el futuro previsible, ninguno de los dos países liderará la liberalización económica de sus regiones ni del resto del mundo.
En el fondo, los votos de Estados Unidos y el Reino Unido revelaron una poderosa demanda popular de recuperar el control de sus economías nacionales.
Para muchos votantes de Trump, esto significaba revertir el enfoque de laissez-faire respecto al comercio y la inversión internacionales, que, según creen, ha contribuido al estancamiento de los salarios medianos y al aumento de la inseguridad laboral.
El resultado es una plataforma de Trump que promete castigar a las empresas estadounidenses que trasladan empleos al extranjero para dar prioridad a las cadenas de suministro globales. Estados Unidos también limitará, si no revierte, la integración económica con México y está a punto de abandonar o renegociar el Acuerdo Transpacífico, el ambicioso esfuerzo de la administración Obama por profundizar los valores de mercado liberal en toda la cuenca del Pacífico.
El voto del Brexit transmite un mensaje más complejo. Las encuestas realizadas desde el referéndum indican que la mayoría de los británicos sigue favoreciendo el comercio y la inversión abiertos. Sin embargo, la pertenencia al mercado único de la UE implicaba obligaciones que afectaban al núcleo de la soberanía nacional, en particular, la libre circulación de trabajadores de otros países miembros de la UE. Muchos británicos creían que la gran afluencia de los últimos años había frenado los salarios y desbordado los servicios públicos y la vivienda.
Además, los partidarios del Brexit, defensores del libre mercado, sostenían que la pertenencia a la UE encorsetaba la política comercial británica en un tortuoso sistema de negociación colectiva de la UE. Esto impide al Reino Unido negociar acuerdos comerciales con mercados emergentes adaptados a sus fortalezas específicas, como los servicios.
Pero, una vez que el Reino Unido haya salido de la UE, ya no participará en la futura liberalización del mercado único de la UE, aunque este sea actualmente el destino de cerca del 45 por ciento de las exportaciones británicas. Los planes para una Unión de los Mercados de Capitales (que había encabezado el comisario británico Lord Hill hasta su dimisión tras el referéndum), para eliminar las numerosas barreras al comercio de servicios y para abrir más los mercados digitales seguirán adelante sin una voz británica favorable al mercado en la mesa.
Los votantes británicos y estadounidenses han rechazado la evolución lógica del modelo anglosajón, que había pasado de eliminar las barreras al comercio en las fronteras nacionales a abordar la maraña de regulaciones no arancelarias que a menudo limitan el comercio y la inversión más allá de las fronteras. Por lo general, los gobiernos nacionales las utilizan para promover prioridades políticas internas, como mejorar la eficiencia energética o garantizar la salud y la seguridad de los consumidores. Pero también pueden utilizarlas para proteger sectores de la economía de la competencia externa.
Fue el comisario europeo británico Lord Cockfield, nombrado por Margaret Thatcher, quien ayudó a diseñar el mercado único que eliminó las barreras no arancelarias de la UE. Sin embargo, para ello hubo que introducir el concepto de votación por mayoría cualificada. Treinta años después, muchos británicos han dejado de confiar en la idea de que otros Estados miembros puedan imponerles regulaciones por mayoría, independientemente de que estas favorezcan o no el comercio del país.
Del mismo modo, el presidente electo Trump parece dispuesto a retirar a Estados Unidos del diseño de normas comunes para impulsar el comercio y la inversión en toda la región de Asia-Pacífico. En su lugar, Trump se centrará en eliminar las restricciones ambientales internas que afectan a las empresas estadounidenses, junto con las regulaciones financieras posteriores a la crisis que, según cree, también limitan el crecimiento de Estados Unidos.
Las perspectivas de completar el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la UE (TTIP) en este contexto son poco halagüeñas. Ahora hay pocos incentivos para que los legisladores estadounidenses y de la UE transijan sobre sus normas regulatorias en sectores políticamente sensibles, como la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los productos farmacéuticos.
De hecho, podríamos presenciar un período de competencia regulatoria transatlántica más intensa. Además de las disputas en curso sobre el uso de organismos modificados genéticamente en la agricultura, la UE ya ha cuestionado a empresas estadounidenses por sus normas de protección de datos y sus enfoques para evitar impuestos. Es probable que la administración Trump adopte una postura combativa en respuesta.
Esto plantearía un dilema para el Reino Unido. Al explorar un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el Brexit, podría verse obligado a decidir entre la convergencia regulatoria a ambos lados del Atlántico o con su principal mercado en la UE.
Resulta irónico que los dos paladines del orden económico liberal estén a punto de dejar de profundizar la economía liberal en sus propias regiones y opten, en cambio, por volver a una era de acuerdos comerciales más selectivos y transaccionales.
Quizá esto dé a los políticos y ciudadanos de ambos países tiempo para adaptarse a las perturbaciones causadas por la liberalización del pasado. Pero Estados Unidos y el Reino Unido están dando un paso atrás cuando la OMC está paralizada y las potencias rivales pueden aprovechar el vacío para promover sus propios modelos económicos en sus regiones, ya sea el centrismo económico estatal favorecido en Pekín o el centrismo político estatal promovido desde el Kremlin.
