La austeridad fiscal se ha convertido en un pilar tan asentado de la sabiduría convencional en el Reino Unido que cualquier persona de la vida pública que la cuestione es descartada como una izquierdista peligrosa. Jeremy Corbyn, el favorito actual para convertirse en el próximo líder del Partido Laborista británico, es la última víctima de este coro de descrédito. Algunas de sus posturas son insostenibles. Pero sus declaraciones sobre política económica no son insensatas y merecen un escrutinio riguroso.
Corbyn ha propuesto dos alternativas a la actual política de austeridad del Reino Unido: un Banco Nacional de Inversiones, que se capitalizaría mediante la eliminación de las desgravaciones fiscales y las subvenciones al sector privado; y lo que él denomina «flexibilización cuantitativa popular», que, en pocas palabras, es un programa de infraestructuras que el Gobierno financiaría mediante préstamos concedidos por el Banco de Inglaterra.
La primera idea no es ni extrema ni nueva. Existen el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Nórdico de Inversiones y otros muchos, todos ellos capitalizados por Estados o grupos de Estados con el fin de financiar proyectos encomendados mediante la obtención de préstamos en los mercados de capitales. La justificación de este tipo de instituciones deriva de lo que el gran teórico socialista Adam Smith denominó la responsabilidad del Estado en la «erección y el mantenimiento» de esas «obras e instituciones públicas», que, aunque de gran utilidad para la sociedad, no generarían beneficios para la empresa privada.
En otras palabras, el Estado debería ejercer siempre una función inversora. Delegar esa función en una institución especializada puede tener ventajas para la presentación de las cuentas públicas.
Las circunstancias económicas actuales ofrecen una segunda razón para crear un Banco Nacional de Inversiones. En situaciones de recesión o incluso de semirrecesión, una proporción de ahorros privados superior a la habitual se mantiene en efectivo o en su equivalente más próximo (letras del Tesoro a corto plazo). Un Banco Nacional de Inversiones podría movilizar estos «ahorros ociosos» mediante la emisión de bonos para el desarrollo de infraestructuras.
Al ofrecer una pequeña prima sobre los valores públicos, estos bonos atraerían probablemente a inversores a largo plazo, como los fondos de pensiones, que de otro modo se enfrentarían a rendimientos reales nulos o incluso negativos. Por ejemplo, con un desembolso fiscal de 21.000 millones de euros (23.300 millones de dólares), se prevé que el Banco Europeo de Inversiones financie inversiones por valor de al menos 315.000 millones de euros para 2017.
La «flexibilización cuantitativa popular» es una versión más heterodoxa y, a la vez, más interesante de esta idea. En la flexibilización cuantitativa (FC) convencional, el banco central compra valores públicos a bancos o empresas y confía en el dinero adicional que «imprime» para estimular el gasto privado. Sin embargo, los estudios sugieren que gran parte de este dinero se destina a actividades especulativas, lo que conlleva el riesgo de burbujas de activos, en lugar de canalizarse hacia inversiones productivas.
Una alternativa sería distribuir directamente el dinero de nueva emisión del banco central entre asociaciones de vivienda, ayuntamientos o bancos de inversión nacionales o regionales; es decir, cualquier organización capaz de llevar a cabo proyectos de infraestructuras. Esto es lo que propone Corbyn.
Esta idea de financiación monetaria de los déficits fiscales (endeudarse con el banco central, en lugar de hacerlo en los mercados de bonos) tiene un linaje respetable. En una conferencia en la Cass Business School en febrero de 2012, Adair Turner, expresidente de la UK Financial Services Authority, la propuso como opción en caso de que resultara política o financieramente imposible seguir endeudándose en los mercados.
La propuesta de Corbyn, a diferencia de la financiación monetaria ortodoxa, no aumentaría la deuda nacional, lo que constituye una ventaja importante. La flexibilización cuantitativa ortodoxa —llamémosla «monetización uno»— está concebida para revertirse, con impuestos destinados a recaudar el dinero necesario para amortizar los bonos públicos en poder del banco central. La expectativa de futuros aumentos de impuestos podría llevar a la gente a ahorrar parte del nuevo dinero en lugar de gastarlo. La flexibilización cuantitativa heterodoxa («monetización dos») evita este problema, porque el endeudamiento del banco central no se reembolsará: los activos del banco central se compensan con los pasivos del Gobierno. Por eso no debería descartarse a priori.
Existen sólidos argumentos a favor de la monetización dos en la eurozona, que se enfrenta a un crecimiento nulo y a la deflación. De hecho, aunque el programa de flexibilización cuantitativa presentado por el Banco Central Europeo en enero consiste principalmente en compras de deuda soberana, el BCE también comprará deuda emitida por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, elementos clave de la monetización dos. Así, contribuirá a financiar la inversión en infraestructuras.
Pero difícilmente puede afirmarse que la economía del Reino Unido, que actualmente crece cerca del 3 % anual, necesite en este momento un nuevo programa de flexibilización cuantitativa de ningún tipo. El Gobierno puede endeudarse todo lo que desee en los mercados de bonos a tipos de interés cercanos a cero. Trasladar esa capacidad de endeudamiento a un Banco Nacional de Inversiones es simplemente una forma de señalar que cualquier endeudamiento adicional se destinará a inversiones, y no al gasto corriente.
Existen dos argumentos sólidos para poner en marcha hoy en el Reino Unido una institución de este tipo. En primer lugar, la proporción de la inversión privada en el PIB sigue por debajo de su nivel anterior al colapso, de alrededor del 11 % del PIB. Esto sugiere que los inversores carecen de confianza en la durabilidad de la recuperación.
En segundo lugar, según el mandato de la institución, un programa de inversión liderado por el Estado ofrece una manera de reequilibrar la economía británica, alejándola de la actividad especulativa privada y orientándola hacia la inversión a largo plazo en un crecimiento sostenible, y alejándola del sudeste para dirigirla hacia las Midlands y el norte de Inglaterra. En definitiva, ofrece una vía para abordar el problema de la «riqueza privada y la miseria pública» que John Kenneth Galbraith identificó en la década de 1950.
Corbyn merece elogios, y no críticas, por haber llevado a la atención pública estas cuestiones tan importantes sobre el papel del Estado y las mejores formas de financiar sus actividades. El hecho de que sea desechado por ello ilustra la peligrosa complacencia de las élites políticas actuales. Millones de personas en Europa sienten, con razón, que el orden económico actual no sirve a sus intereses. ¿Qué harán si sus protestas simplemente son ignoradas?
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Robert Skidelsky, profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick y miembro de la Academia Británica en historia y economía, es miembro de la Cámara de los Lores británica.
Imagen: Peatones pasan junto a la fachada de un restaurante de comida rápida Wimpy cerrado en Woolwich. REUTERS/Finbarr O’Reilly
