Uno de los principales desafíos que afronta la economía europea es la falta de liquidez en sus mercados de capitales. Desde la crisis financiera mundial de 2008, se ha establecido una enorme cantidad de nuevas normas. Para facilitar la inversión a largo plazo que Europa necesita con urgencia, sería conveniente reevaluar el entorno regulatorio más amplio que ha surgido en los últimos seis años.
Con los bancos reacios a conceder nuevos préstamos, instituciones como los fondos de pensiones están bien posicionadas para atender la acuciante demanda de capital. De hecho, los ahorros de trabajadores que quizá no se jubilen hasta dentro de varias décadas son especialmente adecuados para inversiones a largo plazo. El problema es que, en muchos casos, las normas y regulaciones destinadas a garantizar la estabilidad de los mercados financieros obstaculizan la capacidad de los fondos de pensiones y otros actores para asignar los ahorros de manera fluida y eficiente.
No se puede exagerar la importancia de contar con regulaciones adecuadas. Cuando están bien redactadas y se aplican correctamente, garantizan la estabilidad financiera, mantienen (y, si es necesario, restablecen) la confianza en los mercados y facilitan la inversión a largo plazo, ayudando a los ciudadanos a satisfacer sus necesidades financieras futuras. Pero si las regulaciones no se adaptan bien a los distintos tipos de participantes del mercado y al funcionamiento real de los mercados, pueden cerrar oportunidades que, de otro modo, beneficiarían a los inversores y a la economía.
Los nuevos requisitos de margen para los derivados, introducidos con el fin de reducir el riesgo sistémico, son un ejemplo de ese cuello de botella. Podría tener sentido aplicarlos a los bancos o los fondos de cobertura, pero los fondos de pensiones son instituciones muy solventes que representan poco o ningún riesgo sistémico para los mercados financieros. Obligarles a reservar activos como garantía solo resta capital que podría destinarse a la inversión a largo plazo.
Esa inversión comprende una variedad de productos, participantes del mercado y jurisdicciones y, como resultado, puede ser difícil percibir, y mucho menos cuantificar, el efecto de las regulaciones. Para empezar, el impacto de las normas y regulaciones puede ser directo o indirecto. Las normas que se aplican específicamente a productos o estrategias de inversión a largo plazo pueden clasificarse como de impacto directo. Las normas que se aplican a los inversores o a sus contrapartes, a productos competidores o a partes complementarias del mercado pueden describirse como de efecto indirecto.
Un marco regulatorio bien diseñado minimiza las consecuencias adversas para la inversión a largo plazo y, al mismo tiempo, maximiza los efectos positivos. Se introducen nuevas regulaciones constantemente. Es importante analizar con cuidado si realmente hacen falta y, de ser así, prever y cerrar las lagunas regulatorias con normas que garanticen que los ahorros fluyan sin obstáculos hacia proyectos nuevos y existentes.
Por ejemplo, armonizar las regulaciones relativas a los bonos garantizados, los bonos verdes y la inversión transfronteriza a través de fondos de inversión inmobiliaria podría fomentar una mayor inversión a largo plazo. De forma más indirecta, un impulso regulatorio general que aumentara la disponibilidad de proyectos adecuados para la inversión a largo plazo y armonizara los regímenes locales de insolvencia también podría tener un efecto positivo. Entre los ejemplos destacados de regulaciones con un impacto negativo directo figuran las normas vigentes sobre titulización y las normas propuestas sobre los requerimientos de capital basados en activos.
Por naturaleza, los efectos negativos indirectos de estas regulaciones sobre la inversión a largo plazo son más difíciles de discernir, pero pueden ser tan perjudiciales como los efectos directos, especialmente si dejan a los inversores con menos fondos disponibles para la inversión a largo plazo. Los requisitos de margen para las operaciones con derivados producen este efecto, al igual que las regulaciones que aumentan los costos bancarios.
Estos tipos de efectos negativos indirectos no han ocupado un lugar central en los debates sobre políticas para impulsar la inversión a largo plazo. Sin embargo, merecen una consideración cuidadosa. Es crucial que identifiquemos todo el alcance y la magnitud de su impacto en la asignación de capital. De lo contrario, corren el riesgo de contrarrestar el efecto positivo de las reformas que fomentan la inversión.
Mientras los legisladores y reguladores siguen configurando el entorno de inversión, no solo es importante supervisar y evaluar el impacto de cada regulación adicional; también es necesario comprender cómo interactúan las normas entre sí y con las nuevas normas a medida que se introducen. Deben evitarse las regulaciones innecesariamente amplias y preferirse normas adaptadas específicamente a los distintos participantes del mercado.
Permitir que inversores a largo plazo como los fondos de pensiones proporcionen a la economía europea el capital que tanto necesita podría reportar enormes beneficios a los futuros jubilados y a la economía en general. Pero eso no será posible a menos que, y hasta que, se cree el entorno regulatorio adecuado.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Angelien Kemna es miembro del consejo y directora financiera y de riesgos de APG, filial de Stichting Pensioenfonds ABP, el segundo fondo de pensiones más grande del mundo.
Imagen: El 7 de agosto de 2014 se ve un enorme logotipo del euro junto a la sede del Banco Central Europeo (BCE). REUTERS/Ralph Orlowski.
