Durante los últimos 20 años, las políticas ambientales, energéticas y climáticas se han decidido a puerta cerrada, con escasa participación de las personas que más se verán afectadas por el resultado de las negociaciones. El diseño de las políticas ha estado impulsado por consideraciones tecnocráticas que ignoraban las prioridades de la gente común o simplemente no se interesaban por ellas. Como resultado, el aire limpio, las energías renovables y los espacios verdes se han sacrificado con demasiada frecuencia ante la idea de que la legislación respetuosa con el medio ambiente aumenta los costos y la burocracia para las empresas y, en última instancia, perjudica la economía.
La buena noticia es que está surgiendo un nuevo patrón de participación ciudadana, especialmente en los países en desarrollo, con nuevas voces e ideas renovadoras que se incorporan al debate. En todo el mundo, la ciudadanía exige que sus gobiernos la escuchen en materia ambiental y antepongan sus necesidades y prioridades.
Durante años, el debate sobre la acción ambiental en Estados Unidos y Europa se caracterizó por centrarse en principios abstractos y por las disputas políticas internas. Hasta cierto punto, esto era comprensible. La oposición a la acción ambiental —por parte de la industria de los combustibles fósiles, los partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación— ha sido formidable.
Pero el resultado fue un debate muy alejado de los asuntos más importantes para la gente común. En vez de hablar de cómo el transporte público ineficaz y el aire contaminado empeoraban la vida de miles de millones de personas, la conversación se centró en el comercio de carbono, las trayectorias de emisiones y la industrialización de China.
Afortunadamente, el debate vuelve ahora a poner los pies en la tierra. En menos de 35 años, alrededor del 66% de la población mundial vivirá en ciudades. Gran parte de este crecimiento urbano tendrá lugar en países en desarrollo, especialmente en África. En América Latina, casi el 80% de la población ya vive en centros urbanos.
Para quienes viven en ciudades, el medio ambiente puede ser una prioridad existencial. Si las sequías siguen amenazando el suministro de agua de São Paulo, por ejemplo, la ciudad más poblada de América Latina podría correr el riesgo de colapso urbano. Esta crisis —y otras similares— brinda a la ciudadanía la oportunidad de tomar las riendas y poner en marcha soluciones innovadoras que podrían inspirar a otros.
Cuando los gobiernos nacionales y municipales preguntan a la gente cuáles son sus prioridades y necesidades, la respuesta es clara. El Gobierno de Chile sentó un precedente en la región al cartografiar meticulosamente las prioridades ciudadanas en materia de medio ambiente y clima. Según una encuesta del gobierno, la contaminación del aire es la principal prioridad ambiental de los chilenos (33%), seguida de los residuos (21%) y el ruido (11%).
Los costarricenses también consideran la contaminación del aire una prioridad ambiental (22%), seguida de los residuos (20%) y el agua (17%), según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En China, la protección ambiental se está convirtiendo cada vez más en una de las principales preocupaciones públicas, como lo demuestra una reciente película autofinanciada de un periodista sobre la contaminación del aire, que atrajo a 200 millones de espectadores en una sola semana. En el mundo actual, la gente espera de sus países y ciudades algo más que crecimiento y centros comerciales.
Una encuesta del BID a 5.000 ciudadanos de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo reveló que quieren más transparencia en los gobiernos municipales, más participación en la toma de decisiones y una mejor calidad de vida. Esta encuesta, junto con las de Chile y Costa Rica, muestra que la ciudadanía entiende que el cambio climático le afectará. Quiere que los gobiernos hagan más, no menos, para proteger el medio ambiente.
A medida que comprendemos mejor las necesidades y prioridades de la gente común, quienes negocien un acuerdo mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París a finales de este año harían bien en tomar nota. Es poco probable que las decisiones opacas y las prioridades sin explicación reciban apoyo público. Solo por esa razón, es crucial que los gobiernos conviertan las preocupaciones de sus ciudadanos en su máxima prioridad.
Chile ha sentado un precedente positivo en el mundo en desarrollo al llevar a cabo consultas exhaustivas sobre su compromiso climático nacional para París. México y Brasil también han puesto en marcha procesos formales de consulta. Otros países de la región podrían seguir su ejemplo.
Los políticos nacionales y locales se enfrentan a exigencias cada vez mayores en materia de protección ambiental. Ha comenzado una nueva era de participación ciudadana y escrutinio público, que crea oportunidades para una acción ambiental verdaderamente inclusiva, con la promesa de lograr más de lo que jamás podrían conseguir las élites negociando a puerta cerrada.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autora: Monica Araya es fundadora y directora ejecutiva de Nivela y lidera el grupo ciudadano Costa Rica Limpia.
Imagen: Ocean Experience en el Foro Económico Mundial — AMNC 14, Reunión Anual de los Nuevos Campeones en Tianjin, República Popular China, 2014. Copyright del Foro Económico Mundial / Benedikt von Loebell.
