Las escasas sumas que pagan en impuestos algunas de las empresas más grandes del mundo han acaparado titulares y provocado indignación en los últimos años. La evasión fiscal ha suscitado un intenso debate internacional. Los miembros del G-20 y de la OCDE están dando pasos importantes para aumentar el intercambio transfronterizo de información fiscal como parte de la lucha para poner fin a la «erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» (BEPS).
Los preparativos para la próxima Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba, del 13 al 16 de julio, también están poniendo sobre la mesa la cuestión de reducir la evasión fiscal y los flujos ilícitos, mientras los países buscan movilizar más recursos para el desarrollo. Los países están considerando todas las opciones posibles para financiar la considerable brecha de inversión necesaria para alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En nuestra era de austeridad y envejecimiento de la población, con los presupuestos públicos bajo presión, no se puede ignorar el papel del sector privado a la hora de satisfacer estas enormes necesidades. La inversión extranjera directa (IED) no es altruista por naturaleza, ni debería serlo. Es comprensible que busque obtener una rentabilidad para los inversores que la aportan. Maximizar el potencial de desarrollo de la IED pone el foco directamente en la contribución fiscal de las empresas multinacionales, una importante fuente de ingresos para los gobiernos de los países en desarrollo.
De hecho, las multinacionales ya se encuentran entre los mayores contribuyentes de los países en desarrollo. El último Informe sobre las inversiones en el mundo 2015 de la UNCTAD (WIR15) estima que aportan unos 730.000 millones de dólares anuales, o el 10 % de los ingresos públicos en promedio. En África, las multinacionales aportan el 14 % de los ingresos públicos.
Al mismo tiempo, la UNCTAD estima que las multinacionales trasladan fuera de los países en desarrollo unos 450.000 millones de dólares en beneficios al año, lo que provoca pérdidas estimadas de ingresos fiscales de alrededor de 100.000 millones de dólares anuales en esos países. Detener esta práctica es una prioridad fundamental para financiar el desarrollo sostenible. A modo de comparación, el agujero de 100.000 millones de dólares en los presupuestos de los países en desarrollo equivale aproximadamente a la brecha de financiación de infraestructura de África, de 93.000 millones de dólares al año; dicho de otro modo, representa más de la mitad de los compromisos pendientes de ayuda de los donantes, según el objetivo del 0,7 %.
El WIR15
concluye que, en promedio, un aumento de 10 puntos porcentuales en la inversión extraterritorial está asociado con una tasa de beneficios 1 punto porcentual menor en los países en desarrollo y, por tanto, con menores ingresos fiscales para sus presupuestos. Sin embargo, la inversión extraterritorial desempeña un papel importante en la canalización de inversiones hacia los países en desarrollo. Las multinacionales canalizan alrededor del 30 % de la inversión corporativa transfronteriza en las economías en desarrollo a través de centros de inversión extraterritoriales y vehículos de propósito especial. El reto consiste en reducir la cantidad de beneficios imponibles que se desvían de los países en desarrollo a través de centros extraterritoriales, sin frenar los importantes flujos de inversión que estos facilitan.
La pregunta clave para los países en desarrollo es, por tanto, cómo pueden los responsables de las políticas maximizar los ingresos fiscales inmediatos procedentes de la inversión internacional, ofreciendo a la vez un clima de inversión suficientemente atractivo y protegiendo la base imponible actual y futura.
Las políticas fiscales y de inversión internacionales coherentes deberían proteger tanto la base de ingresos públicos como promover la inversión. Ayudar a los países en desarrollo a reducir la evasión fiscal perjudicial también debería ser una prioridad importante de la cooperación internacional, ya que cuentan con menos medios para hacer frente a prácticas de evasión fiscal muy complejas, debido a sus limitaciones de recursos y a la falta de conocimientos técnicos.
Un conjunto de directrices puede ayudar a aprovechar estas sinergias entre la política de inversión y las iniciativas para contrarrestar la evasión fiscal. Por ello, el Informe sobre las inversiones en el mundo 2015 de la UNCTAD propone las siguientes medidas:
eliminar las oportunidades de planificación fiscal agresiva como instrumentos para promover la inversión;
considerar el posible impacto de las medidas contra la evasión fiscal en la inversión;
adoptar un enfoque de colaboración que reconozca las responsabilidades compartidas entre los países de acogida, de origen y de tránsito de los inversores;
gestionar la interacción entre los acuerdos internacionales de inversión y los acuerdos fiscales; y
fortalecer el papel tanto de la inversión como de los ingresos fiscales en el desarrollo sostenible, así como la capacidad de los países en desarrollo para abordar los problemas de evasión fiscal.
Las multinacionales se encuentran entre los mayores contribuyentes de los países en desarrollo. Garantizar que paguen la parte justa de sus impuestos será fundamental para movilizar los recursos nacionales necesarios para financiar el desarrollo sostenible.
La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones. Para mantenerse al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal
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Autor: Dr. Mukhisa Kituyi, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
